TRIBUNALES
Caso 'convenios urbanísticos': «No era responsabilidad mía»
Los exalcaldes de Rota, Eva Corrales y Lorenzo Sánchez, se escudan en los técnicos municipales para obviar cualquier culpabilidad en los convenios supuestamente irregulares que firmaron
El fiscal Anticorrupción insiste en la presunta ilegalidad de unos acuerdos que contaron con los reparos de Intervención y unas facturas que se abonaron antes de que se ejecutaran incluso las obras
Eva Corrales (izquierda) y Lorenzo Sánchez (derecha) entran en la Audiencia de Cádiz.
Si hubo o no intencionalidad de hacer unos convenios urbanísticos a medida para favorecer a un empresario en concreto y que estos acuerdos supusieran un enriquecimiento para las personas que se pudieron concertar para ello es el quid del juicio que desde este lunes sienta en el banquillo de nuevo a los dos exalcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales. El exregidor se enfrenta a cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo, y la exalcaldesa del PP, a doce años de inhabilitación por prevaricación.
Mientras que la primera sesión se limitó al planteamiento de las cuestiones previas por las defensas, este martes la vista se centraba en la toma de declaración de los principales encartados . Los hechos se remontan a 2007 y perduraron supuestamente hasta 2011 cuando, según la Fiscalía, los dos exmandatarios y otros procesados favorecieron la adjudicación de obras a dedo para beneficiar a un contructor, Felipe Castellanos (también procesado) para que a cambio comprara los materiales de obra en la empresa del exregidor roteño.
Pues bien, ante el tribunal de la Sección Tercera y a preguntas de la Fiscalía, ambos han desviado la responsabilidad de las supuestas irregularidades que se les han planteado en sala a los técnicos municipales. Concretamente hacia el secretario y a dos interventores que estuvieron controlando ese tipo de actuaciones del Ayuntamiento en las fechas señaladas. También los dos exregidores han insistido en que todo lo que se hizo para firmar hasta tres convenios distintos para la urbanización de un polígono y unas naves nido y otro equipamiento público, se hizo de forma legal y que además contó con el beneplácito en todo su trámite de la Junta de Gobierno Local e, incluso, del plenario, donde, han destacado, estaban presentes los propios querellantes de este engorroso asunto, los representantes del PSOE.
La primera en dar su versión ha sido Eva Corrales , quien entonces fue teniente de alcaldesa y, posteriormente alcaldesa. Según concretó, en 2009 como delegada de Planeamiento propuso la firma de uno de los primeros convenios firmado en marzo. «Dentro de mis funciones, hice lo que tenía que hacer», ha manifestado. Y ello fue, ha detallado, llevar por urgencia a la Junta del Gobierno Local dicha propuesta y seguir las pautas que le fueron marcando el interventor sobre si faltaban o no expedientes. «La tramitación no era responsabilidad mía . Yo no tenía que desconfiar sobre si el expediente estaba incompleto», respondió sobre si tenía conocimiento de que para poderse aprobar definitivamente faltaban informes favorables de Urbanismo e Intervención. «No era mi función».
Las facturas de unas obras de años después
El fiscal le cuestionó reiteradamente sobre una serie de facturas que se abonaron a la empresa señalada antes incluso de la aprobación definitiva del convenio. Una de ellas de 2.600.000 euros en junio de 2009 por la urbanización de las avenidas de la Democracia y de la Constitución. Unos trabajos además que, según la acusación, no se terminaron hasta 2013. Según su versión la razón fue poder justificar en el plan Reindus la obra y optar así a dichas subvenciones ya que la factura se presentó justo el día antes del vencimiento del plazo para acogerse a esa ayuda estatal.
El fiscal Anticorrupción sin embargo sacó a colación otra factura, también anterior. Esta de 655.000 euros de mayo de 2010 y que tenía un reparo del interventor. «Nunca hemos dudado de la profesionalidad de los técnicos, todo tenía un sostén legal », reiteró Corrales. Al igual que un segundo convenio de marzo de 2010 cuya cuantía era justamente la de la primera factura abonada. Por este acuerdo se obligaba a la creación de un equipamiento público por 2,6 millones de euros (las naves nido). Según Corrales, todo respondió a la devolución del adelanto financiero del primer convenio.
Sobre un tercer convenio, que se aprobó inicialmente el mismo día que el primero de forma definitiva y el segundo, también de modo inicial, por valor de dos millones, Corrales precisó que era también la devolución de una obra anterior acogida a una subvención de un fondo de inversión local. «Había interés público de sacar adelante esos proyectos, teníamos la responsabilidad de hacerlo y no se ocultó nada», concluyó.
Por su parte, el que entonces fuera alcalde de Rota y principal investigado, Lorenzo Sánchez , aseguró que fue él mismo quien después de una reunión en Diputación y en Madrid solicitó a Industria optar a Reindus para urbanizar el suelo industrial ahora cuestionado. Según concretó, lo desarrollaron en un veinte por ciento antes de tiempo para así atraer a promotores que pudieran respaldar la inversión.
Para Sánchez la responsabilidad del trámite también recayó en los técnicos municipales. Viendo las cantidades totales del gasto que suponía (unos once millones de euros) el secretario solicitó lo informes de intervención, y aún así, se aprobó de urgencia. «No sé por qué no se incorporó ese informe», contestó el exalcalde al fiscal. «Cuando se llevó a la Junta de Gobierno local se dio el visto bueno y nadie comprobó que no existiera el informe», reconoció.
En cuanto a las facturas, Lorenzo Sánchez matizó que una de ellas fue en concepto de derramas. y que otras dos, de mayo y agosto de 2010 de más de 1,5 millones, se aprobaron para poder justificar la subvención y que los reparos técnicos que se hicieron sobre ellas «nunca fueron económicos».
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