CÁDIZ
«No hay caso Matadero»
La exconcejal de Asuntos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes Colombo, confía en una resolución satisfactoria de la justicia sobre el presunto reparto irregular de 102 viviendas sociales
Mercedes Colombo, cuando era titular de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Cádiz
La exconcejal de Servicios Sociales y Familia del Ayuntamiento de Cádiz y diputada provincial del PP, Mercedes Colombo , ha sido tajante a la hora de dar explicaciones sobre la presunta alteración en el reparto de las viviendas sociales de Matadero. Insiste en que « no hay caso Matadero » y ha optado por seguir con la línea de prudencia que ha mantenido hasta ahora sobre este asunto. Prefiere no comentar absolutamente nada de la instrucción que lleva a cabo el Juzgado Número 1 de Cádiz y confía en que todo se resolverá de manera satisfactoria.
Las sospechas del caso Matadero se hicieron públicas en septiembre de 2013, si bien fue en mayo de 2014 fue cuando Fiscalía alertó de que en el mecanismo de adjudicación de esta promoción de viviendas pudieron existir injerencias por parte de determinados cargos políticos a la hora de seleccionar a los beneficiarios de los pisos.
El Juzgado de Instrucción 1 de Cádiz admitió la denuncia por presunto tráfico de influencias y prevaricación contra las entonces concejalas del Ayuntamiento gaditano Mercedes Colombo y Carmen Sánchez. En las diligencias se incluye las afirmaciones de las trabajadoras sociales municipales. Según, las trabajadoras sociales ambas ediles ofrecieron una lista de nombres a los que debían valorar para incluirlos entre los adjudicatarios de esta primera fase de Viviendas de Promoción Oficial (VPO).
La juez ha asumido la denuncia de la Fiscalía por posible tráfico de influencias en la actuación de las concejalas de Familia y Asuntos Sociales, Colombo y Sánchez, respectivamente, en la confección de los listados de adjudicatarios de viviendas sociales en la promoción de Matadero. PSOE y Junta de Personal pusieron el caso en manos del Ministerio Público, que abrió diligencias y posteriormente vio indicios de prevaricación por intento de adjudicación arbitraria de estos pisos sociales.
La promoción de 102 VPO en el antiguo Matadero fue acometida por la Junta de Andalucía en el seno de un convenio con el Ayuntamiento gaditano . Era el propio Consistorio el que debía realizar el proceso de selección para la adjudicación de las casas. Al parecer, en este proceso se produjeron presiones políticas a las trabajadoras sociales, algo que acabó con la dimisión de la directora del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Pilar Tubío, que hoy, precisamente, ha declarado en calidad de testigo.
Fue la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía la primera que denunció este hecho. Incluso puso el caso en manos del defensor del pueblo.
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