Tribunales
La muerte de Ángel Ojeda deja inconcluso el escándalo de los cursos de formación
El exconsejero de la Junta era el principal implicado en esta supuesta trama que, según la investigación, defraudó millones de euros de fondos públicos
Ojeda fue detenido por la Policía en el verano de 2014 en su casa familiar de Sanlúcar
Ángel Ojeda, en los juzgados de Sevilla en una declaración del año 2016.
4 de agosto de 2014, siete de la mañana, la Policía Nacional pone en marcha un importante operativo que tiene como principal objetivo a un exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Avilés . Se le detiene y la noticia salta por todos lados. Según la Unidad especializada en delitos económicos y fiscales (UDEF), que llevan meses trabajando el caso, Ojeda es el presunto responsable de un «complejo» entramado dedicado a defraudar dinero público a través de la realización de unos cursos de formación que, según sus pesquisas, nunca se impartieron.
Este jerezano de nacimiento, que fue miembro del equipo del expresidente de la Junta Rodríguez de la Borbolla, entre 1987 y 1990, fue arrestado por la mañana en su casa familiar de Sanlúcar. Esta era su segunda residencia ya que desde pequeño se había trasladado a vivir a Sevilla.
Según explicaron entonces fuentes policiales, las detenciones se enmarcaban dentro de la bautizada como ‘Operación Óscar’, que se inició tras una denuncia de un particular sobre un supuesto fraude en cursos para desempleados en Cádiz y que investigaba el Juzgado de Instrucción 2 de la capital.
Pero este fin de semana, Ángel Ojeda, fallecía a los 72 años tras una larga enfermedad en su casa del barrio sevillano de Heliópolis. Atrás quedan por tanto ya los siete años de periplo judicial, de idas y venidas a los juzgados para declarar en todos los procedimientos que tenía abiertos por esta macrocausa.
Ahora, tras su muerte, el exconsejero no será obviamente juzgado ya que ninguno de estos asuntos han llegado todavía a ser celebrados en vista oral. Por tanto no podrá ser condenado o absuelto. Sin embargo, su fallecimiento no frena las investigaciones judiciales en cuanto a esta supuesta trama que seguirán en marcha para el resto de imputados, pero sí quedará extinguida la responsabilidad penal de Ojeda, la de mayor peso.
En este sentido, Ángel Ojeda siempre defendió su inocencia . Con una «ferviente rotundidad» (cuentan quienes trataron con él), aseguraba que dichos cursos sí se dieron. Es más, en una declaración que hizo ante la jueza María Núñez Bolaños –quien asumió la causa tras la marcha de Mercedes Alaya– insistió en que la Junta le debía cinco millones de euros por la realización de los cuestionados cursos. Y poco más tarde, en una comisión de investigación que se celebró en el Parlamento andaluz afirmó que siempre había sido «un ciudadano normal, ejemplar» y que no era ningún «terrorista».
Por contra, los investigadores lo situaban como el cabecilla de una presunta trama que usaba sus empresas para obtener ayudas. Entre 2008 y 2013 se asegura que sus sociedades recibieron de fondos públicos 52,6 millones para formar a parados y trabajadores.
Los cursos de Delphi
De esta cantidad, la partida más importante, y por tanto la causa con mayor calado, es la referida a los 33 millones de euros que obtuvo para impartir cursos de formación a los ex empleados de Delphi en Cádiz. En este punto, Ojeda defendía que fue la Junta quien le buscó para que su empresa, ya montada y con toda la infraestructura necesaria, pudiera impartir estos cursos de forma urgente ya que en esos momentos, y en plena campaña electoral, la presión que había sobre el entonces Ejecutivo autonómico del PSOE por esta crisis laboral era máxima.
Pero el 11 de septiembre de 2014, la jueza Mercedes Alaya imputó a Ojeda por dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La magistrada señalaba en dicho auto que, en virtud del informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, «en poco más de año y medio» las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas ellas en el Grupo Prescal, habrían recibido con cargo al programa 32D del plan para los extrabajadores de Delphi la suma de 33.309.789 euros «en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación», todo ello «a través de asociaciones controladas por él».
Así, entendía que esas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido «gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos». Con estas frases se refería a su condición de exconsejero, pero también a sus vínculos familiares con otros altos cargos de la Junta de Andalucía.
Al caso ‘Óscar’ se sumó poco después el caso ‘Edu’ que investigaba también un supuesto fraude millonario sobre ayudas públicas en Andalucía. Entre ambos, en Cádiz las pesquisas se centraron en 23 empresas.
Según ya publicó este periódico entonces, de ellas, el 80% presentaban supuestas irregularidades en la organización de cursos de formación a desempleados. La mayoría de esas presuntas anomalías se centraban en que obtuvieron subvenciones de la Unión Europea, con autorización de la Junta, pese a no cumplir los requisitos establecidos. O que no ofrecieron formación alguna o fue irregular o no cumplieron con la obligación de contratar, a media jornada como mínimo, al 60% de los cursillistas. Entre las características de estas 23 empresas, la UDEF resaltaba un vínculo geográfico. El 90% de las investigadas que presentaban estas irregularidades tienen o tenían su sede en Sanlúcar de Barrameda y Jerez, dos localidades muy vinculadas a Ojeda.
Casado en segundas nupcias y seis hijos, Ángel Ojeda dejó la política en los años noventa y se centró en crear su grupo de empresas. Antes además de consejero de Hacienda durante tres años había sido gerente adjunto del Hospital Universitario de San Pablo, gerente de la Diputación de Sevilla, administrador del Instituto Nacional de Salud, y director financiero de la Expo 92, entre otros cargos.
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