TRIBUNALES
Muchos y variados asuntos que resolver en Cádiz en el banquillo en 2020
Casos que están aun por rematarse en recursos como Quality Food, además de crímenes o supuestas corrupciones, marcarán el calendario judicial este año en la provincia
El año 2019 ha dejado atrás un buen número de causas resueltas. Casos que impactaron en la opinión pública como por ejemplo el crimen de Arcos, por el que un hombre mató de asfixia a su hijo de tan solo ocho meses resultando condenado a 24 años de prisión, u otros que llevaban años eternizándose en los juzgados como el conocido caso 'Quality Food' , además de otras muchas sentencias de otro tipo de procedimientos penales. Supuestas corruptelas políticas y prevaricaciones, bandas organizadas especializadas en traficar con droga, pederastas, abusadores... todo un calendario de citas judiciales que se repetirá este 2020 donde la agenda también está llena de causas aún por dirimirse.
Una de ellas, precisamente, no se terminó de finiquitar del todo el pasado año. El referido caso 'Quality Food', por el que se juzgó a los acusados por uno de los mayores escándalos financieros ocurridos en el Consorcio de Zona Franca y por el que finalmente resultó condenado el empresario Manuel García Gallardo a 13 años de cárcel y un banquero también procesado. El resto de investigados, entre los que se encontraba el exdelegado de la entidad, Miguel Osuna, resultaron absueltos. Sin embargo, todas las acusaciones que se personaron en ese caso: Abogacía del Estado, Fiscalía y PSOE presentaron ante el Supremo recurso para reclamar condenas para Osuna por malversación.También recurrió García Gallardo que pide la nulidad por indefensión. Por tanto, puede que durante 2020 el Alto Tribunal dicte la última palabra.
Otro de los asuntos que se dirimirán este año y que causaron un gran revuelo mediático por la crudeza de lo que supuestamente ocurrió, fue el parricidio de Sanlúcar . La causa data de 2018. Un chico de 18 años mató presuntamente de ocho cuchilladas a su padre en la casa familiar tras haber mantenido con él una fuerte discusión por una deuda que supuestamente el hijo había contraído en nombre de su progenitor. Según la acusación, en el transcurso de la pelea, el joven tras ponerse unos guantes de látex para no dejar huellas se dirigió a la cocina y de allí cogió un cuchillo de unos 13 centímetros y se lo clavó a la víctima en la espalda, el cuello, el pecho y la cabeza. Tras esto se cambió de ropa metiendo la que había manchado de sangre junto con las zapatillas, los guantes y el cuchillo en una bolsa de plástico de color gris que posteriormente arrojó a un contenedor cuando se dirigía de camino a la comisaría a denunciar los hechos. La Policía logró encontrar todo lo que había tirado en un vertedero próximo y además detuvo al joven después de que éste, según los investigadores, cayerá en diferentes contradicciones y se recabaran pruebas para ello.
El fiscal pide para el único acusado la pena de 22 años por un delito de asesinato con agravante de parentesco. El juicio– que se celebrará con jurado – estaba previsto para noviembre del pasado año pero diferentes recursos lo aplazaron y se estima que se celebre en este curso judicial.
Otro asunto que se llevará a sala en los próximos días es el que acusa a dos funcionarios de prisiones de haber torturado al parricida de Arcos cuando éste se encontraba en prisión provisional en Puerto II. Según la acusación, los dos trabajadores le propinaron de forma intencionada golpes y patadas dejándole semiconsciente en su celda. La Fiscalía solicita para los dos investigados por estos hechos la pena de tres años de cárcel y una inhabilitación por doce años.
También es posible que durante 2020 llegue a la Audiencia Provincial el asunto referido a la muerte de un hombre en el barrio de Santa María , en Cádiz, durante una detención en la Semana Santa de 2015. Los investigados son los cuatro policías que participaron en dicha actuación. El individuo se encontraba fuera de sí armado con un destornillador y no atendía a los requerimientos de los agentes a pesar de múltiples avisos para que depusiera su actitud, llegando incluso a acometer en remetidas ocasiones contra ellos, por lo que varios resultaron heridos. Fue cuando le estaban intentando reducir cuando el hombre murió sin que pudieran recuperarlo. El informe forense reflejó que «el fallecido padecía trastorno bipolar sin seguir tratamiento médico y con alto consumo de cannabis, lo que le generaba un estado de gran agitación psicomotriz».
El caso se llegó a sobreseer en 2016 al considerar la instructora que las actuaciones no son constitutivas de un delito de homicidio, a petición también de la Fiscalía. Sin embargo, posteriormente, la Audiencia reabrió el caso. El juicio se celebrará con jurado popular.
Políticos en apuros
Otro procedimiento pendiente de resolver es el que sentará en el banquillo de nuevo a los exalcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales por el conocido como caso 'convenios urbanísticos' . Esta causa se llegó a señalar para noviembre del pasado año pero finalmente quedó aplazada para este 2020. El fiscal sostiene que Sánchez adjudicó de manera arbitraria a un empresario local varias obras a cambio de que comprara en sus empresas el material de obra. Se calcula que pudo enriquecerse así con medio millón de euros de 2007 a 2011.
El Ministerio Público pide para el exregidor roteño cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo. En el momento de aquellos hechos Eva Corrales era concejal de Planeamiento debido al pacto que mantenía con Sánchez, por lo que la cree también responsable de esos presuntos actos ilícitos y pide para ella doce años de inhabilitación por prevaricación. Además de ellos dos están imputados el empresario y otros supuestos colaboradores.
Otra exresponsable política que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados será la exalcaldesa de Puerto Real y anterior vicepresidenta de Diputación, Maribel Peinado, por el 'caso aceites usados' por el que la Fiscalía solicita al juez que sea condenada a ocho años de inhabilitación. La vista está programada para abril de este año en el Juzgado de lo Penal. Según la acusación, la exalcaldesa, junto al resto de acusados, de común acuerdo y «guiados por el ánimo de favorecer de manera arbitraria» a una empresa realizaron las gestiones necesarias para adjudicar «un monopolio» en el servicio de recogida de aceite con «absoluto desprecio» a las normas administrativas y legales de contratación pública.
Pendiente de pasar a ser enjuiciado también está en esta lista uno de los asuntos que causó uno de los mayores revuelos públicos que se recuerdan. La intoxicación del bar Grimaldi en el Carnaval de 2016 por el que falleció un joven por un brote de salmonela y otro centenar de personas resultó intoxicada. Según apuntaron los informes de Salud, por las tortillas que se sirvieron aquel día en ese establecimiento. Lo último que se ha conocido sobre este asunto es que el juzgado que lo instruye sobreseyó la investigación que había abierta contra el dueño del bar y el propietario de la granja avícola que le suministró los huevos.
La investigación judicial continúa por tanto con la única imputación del cocinero del bar. El juez entiende que las causa principal del brote fue «la manipulación incorrecta de los huevos por parte de éste, con incumplimientos de las medidas higiénicas, y la no adecuada conservación de las tortillas una vez elaboradas, lo que originó la puesta en el mercado de un producto perjudicial y nocivo para la salud». Sin embargo, no ve indicios suficientes para procesar penalmente a los otros dos investigados, el propietario del bar y el dueño de la granja, aunque esta decisión ha sido recurrida.
Y también, si no vuelve a retrasarse, pasará por los juzgados la causa abierta por el grave atropello que sufrió un joven lebrijano cuando pasaba las vacaciones de verano con sus amigos en Conil. Adrián Vázquez fue arrollado en julio de 2015 por un coche que conducía otro joven que, según los testigos, no paró para socorrerle y se dio a la fuga. Adrián sufrió graves secuelas que le han cambiado por completo la vida ya que su sueño de haber conseguido la plaza de maestro terminó aquel día. Estuvo en coma durante meses y desde entonces sigue recuperándose poco a poco y con mucho esfuerzo de todas las graves lesiones que le dejó el accidente. Su abogado pide para el conductor la pena de tres años de cárcel por un delito de lesiones por imprudencia grave y cuatro más por el delito de omisión del deber de socorro. Además solicita una indemnización de casi cuatro millones de euros para Adrián y su familia por las secuelas, los 1.007 días de tratamiento, y la incapacidad permanente absoluta que el brutal impacto le provocó.
