CRISIS DEL CORONAVIRUS
Dos móviles para que hagan videollamadas 1.200 presos: «Es inviable y peligroso»
Las comunicaciones con smartphone permitidas a los internos en Puerto III se pueden hacer muy complicadas. Los funcionarios tendrían que controlar 120.000 minutos al día
Establecer un orden de llamadas puede provocar malestar y enfrentamientos entre ellos, advierten
Esta semana y tras la queja de numerosos familiares de reclusos que cumplen condena en las prisiones de toda España y también de los propios internos, Instituciones Penitenciarias anunciaba la dotación de 205 móviles para paliar así las restricciones de comunicaciones como los vis a vis y locutorios que se han adoptado por el Estado de Alarma. Como explicaban en un comunicado, se trata de 205 smartphones con los que los internos que lo soliciten podrán comunicar mediante videollamada con sus familias , letrados o la persona que tengan permitida como contacto.
Pero claro, esta medida como es lógico tiene sus circunstancias especiales en una prisión. Las llamadas tienen que ser de diez minutos y en espacios que garanticen la intimidad y seguridad de la comunicación, además de, en esta alerta sanitaria, la higiene y protección adecuada.
Además, la comunicación tiene que ser solicitada vía instancia por el recluso y siempre autorizada. Y, por supuesto, en todo momento, vigilada por un funcionario de prisiones para evitar un uso inadecuado del terminal como que contacte con una persona no permitida, tome fotos o cualquier otra incidencia.
Y habrá centros donde se hará algo más complicado debido a su gran población reclusa. Es el caso de Puerto III donde hay 1.200 internos y donde, según lamenta el sindicato CSIF, solo han enviado por el momento dos de estos terminales. Es decir, tendrían que dedicar 120.000 minutos al día (si se permitiera o quisieran todos los presos). «Es completamente inviable. Aunque fueran mil. Ni siquiera en varios días», lamenta Ángel Luis Perea, representante sindical de CSIF en este centro. «Están inventando algo que puede ser incluso peor si no se establece con orden», explica.
Hay que tener en cuenta además que los reclusos tienen solo un tiempo diario para poder disfrutar de estas comunicaciones cuando se les permite salir de las celdas y no es la hora de dormir, recuento, comedor o talleres por ejemplo. Además no es solo los diez minutos que dure la conversación por cada uno de ellos sino que a esa dedicación hay que sumarle todo el protocolo (autorización, comprobación de datos, traslado…) que hay que seguir para que puedan tener la comunicación. Algo a lo que los funcionarios tendrían que dedicar gran parte de su tiempo y que requeriría de la paciencia de los internos hasta que llegue su momento. «Puede provocar hasta peleas entre ellos o con nosotros si la han pedido antes o después», advierten.
Y además, habría otras excepciones importantes a tener en cuenta como es el caso de los etarras que cumplen condena en este centro y que tienen las llamadas intervenidas judicialmente. Esas llamadas son grabadas, lo que también requiere de una preparación previa.
Desde CSIF solicitan que se evalúe «en serio» la viabilidad de estos permisos excepcionales teniendo en cuenta la disponibilidad que hay en cada prisión para poder llevarla a efecto sin que ello suponga un problema mayor.
«Nos parece inadmisible que desde la SGIIPP si dispongan de recursos económicos para algo que es inviable y estemos sin EPI's ni la posibilidad de hacernos test, siendo catalogados servicios esenciales para evitar contagios entre trabajadores y población reclusa», concluyen.
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