TRIBUNALES
«El Mioflex no es un fármaco indicado para la eutanasia, no se puede aplicar»
Dos peritos insisten en el juicio a la perrera de Puerto Real que el medicamento que administraban en El Refugio a los animales no se usa de manera habitual
El juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz por la perrera de Puerto Real , en el que están acusados el dueño, la directora y un veterinario por un presunto delito de maltrato animal se reanudaba este martes con la declaración de nuevos testigos. Entre ellos, tres peritos que coincidieron en señalar que el Mioflex , el medicamento que se utilizaba en El Refugio como eutanásico no es un fármaco que esté indicado para provocar la muerte de los animales sino que se trata de un fuerte relajante muscular. El veterinario procesado ya había admitido en su declaración de la anterior sesión que inoculaba a los canes esta medicina para evitar el ‘rigor mortis’, pero siempre con previa sedación y cuando estaban en estado de inconsciencia.
El primero de los peritos en ofrecer su testimonio fue Federico Vilaplana, el actual presidente del colegio de veterinarios de Cádiz quien elaboró un informe al respecto en octubre de 2007, una vez denunciados los hechos. Según se ratificó, el Mioflex no se utiliza para hacer eutanasias sino que, como indicó, sólo se usa en casos puntuales en cirugía torácica. Como aseguró ya en mayo de aquel año recibieron una denuncia en el colegio sobre supuestas irregularidades de la perrera. Tras recibirla se contactó con el veterinario entonces encargado del centro, Roberto Parodi –actualmente en busca y captura tras ser denunciado–pero que éste les indicó que administraban el medicamento con sedación previa y de manera correcta por lo que no se les sancionó.
Vilaplana afirmó que si se inoculó este fármaco los canes pudieron morir asfixiados ya que el relajante muscular provocaba que no pudieran respirar. En cuanto al coste del producto, cuya cuestión se discute en el procedimiento por si su uso se debió a que era más barato que los eutanásicos habituales, el presidente del colegio de veterinarios comentó que el mercado de estos productos no es caro. A preguntas de la defensa, Vilaplana reconoció que su propia clínica enviaba a esta perrera los cadáveres de los perros que morían en su consulta para que fueran incinerados y que el servicio que daban era necesario. Según añadió su cierre ha provocado un problema.
También declaró otro veterinario que de manera contundente insistió en que el Mioflex «no es un fármaco indicado para la eutanasia» y que, por lo tanto, «no se puede aplicar». Según amplió este producto farmacológico «jamás» se ha utilizado en las clínicas para tal fin ya que provoca una serie de lesiones, «todas de manera consciente» para el animal y que su administración no evita el ‘rigor mortis’. «A nivel muscular daña todo el organismo», aseguró. Por otro lado, haciendo un cálculo tras ser cuestionado por las partes, con la inaculación de 0,7 a 1,5 milígramos se provoca una parálisis de unos cuatro minutos. «Si el perro no ha hecho un curso de buceo, está listo», afirmó. Según explicó en cuanto a las cantidades con una dosis media de Mioflex de 7 mg. por cada 10 kilos, que vendría a pesar de media un can, con una ampolla se podrían «bloquear»a 71 animales. Con el T-61, otro eutanásico que se utiliza, la cifra bajaría a 10 ó 15. Según explicó en el caso de usar Mioflex, la muerte es «agónica» ya que el cuerpo intenta recuperar la fuerza muscular anulada.
Descartada muerte violenta
Otra perito, una bióloga encargada de hacer las necrosias a los animales, descartó la muerte violenta, tal y como aseguraron los denunciantes que aseguraron que sus perros habían sufrido ataques. Sin embargo sí precisó que los canes habían sufrido un shock debido a la sangre que tenían acumulada en su organismo. «Aquí no estaba el eutanásico normal. Lo hubiéramos visto».
Otra de las testigos que declaró este martes fue una voluntaria de una protectora que acudía de forma habitual a las instalaciones en aquella fecha, de mediados de 2005 a 2007. Según explicó su tarea era sacar fotografías a los canes para encontrarles casas de adopción tras publicarlas en su web. Como indicó los animales estaban «muy mal» y se mezclaban «vivos con muertos». Pero tal y como le cuestionó la defensa esas imágenes no las llegaron a publicar ya que, precisó, lo hacían con los sanos. Además, aclaró que tanto ella como la otra persona encargada de visitar el centro nunca tuvieron pegas del gerente ni de la encargada para poder grabar o hacer fotos. Por otro lado, aclaró que por cada perro que retiraban cobraban 75 euros.
La testigo también contó otra serie de circunstancias que se produjeron en esta perrera que, como señaló, le habían contado. Entre ellos, su «confidente», el que hacía las veces de guarda del centro. Según dijo el gerente tenía las instalaciones para «especular» con los ayuntamientos y conseguir «beneficios en licencias de obras». La miembro del colectivo proteccionista aseguró tener en su poder grabaciones de voz y fotos que, pero que a pesar de que el procedimiento dura ya diez años, no se han llegado a aportar a la causa.
Por otro lado también testificó un exagente de la Policía Local que solía acudir de manera frecuente a la perrera en compañía de su hija. Según explicó, podía moverse por las instalaciones «con total libertad». El testigo relató que la limpieza era «máxima» y que siempre estaban pendientes de que todo estuviera en óptimas condiciones. Además dijo no recordar que los perros estuvieran hacinados o mezclados y que no tuvo constancia de que alguna vez les hubieran sancionado.
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