SEGURIDAD SOCIAL
El Ministerio tumba en Cádiz más de la mitad de los expedientes que optan al Ingreso Mínimo Vital
En la última remesa se han resuelto 27.850 solicitudes, de las que 10.107 han sido favorables y 17.743 denegadas
La provincia suma 28.034 beneficiarios de esta prestación de ayuda pública
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Inmigración ha resuelto en los últimos meses otra remesa de expedientes para poder cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) . En el caso de la provincia de Cádiz, un total de 28.034 personas ya se benefician de esta prestación. El nuevo contingente de perceptores aguarda ahora su ingreso en cuenta que, según el Ministerio, se realizará a finales de diciembre.
La provincia es la séptima del país en número de expedientes validados tras la depuración de las solicitudes presentadas. Las oficinas del Instituto de la Seguridad Social en la provincia han recibido en los últimos meses un total de 45.913 solicitudes , de las que se han validado 44.467 tras descartar aquellos expedientes que estaban duplicados . En este tiempo, las oficinas gaditanas han logrado tramitar un total de 35.121 expedientes validados, es decir, el 78,9%. La Seguridad Social ha resuelto un paquete de 27.850, de los que 10.107, el 36,2%, han sido aprobados favorablemente, y 17.743, el 63,7%, ha sido denegados .Igualmente, un total de 7.271 se encuentran aún en fase de subsanación. En esta última criba, el Ministerio ha tumbado a más de la mitad de los expedientes que aspiraban a la prestación. Según la estadística, en la provincia hay 28.034 personas con el Ingreso Mínimo Vital aprobado.
El ministro responsable, José Luis Escrivá , ha comparecido en el Congreso para explicar el desarrollo administrativo de los nuevos expedientes que han visto la luz. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a casi 160.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital en el conjunto del país . De esta manera, la prestación llega ya en diciembre a más de 460.000 personas de las que el 47% son menores.
Los nuevos hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social. El importe bruto total de este mes ascenderá a 110 millones de euros, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros.
El Gobierno de la nación aprobó el pasado mayo esta prestación y el 26 de junio hizo su primer abono, sin embargo, los requisitos y el atasco en su tramitación pusieron en tela de juicio la promesa del Gobierno de que esta renta llegaría a más de 2,2 millones de personas en verano.
El Ingreso Mínimo Vital fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de mayo y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. Completa las rentas ya existentes, hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, distribuida en doce pagas.
Durante una interpelación en la sesión de control del Congreso, Escrivá explicó que la nómina de diciembre -que se pagará en los próximos días- incorpora por primera vez a beneficiarios de la renta mínima de Aragón, a quienes se ha reconocido el IMV sin necesidad de solicitud a través de la pasarela puesta en marcha por la Seguridad Social. Se trata de una prueba piloto que se espera extender a otras comunidades autónomas para facilitar la transición entre las rentas mínimas autonómicas y el IMV.
Desde que se puso en marcha se han recibido casi 1,1 millones de expedientes válidos y la Seguridad Social ha tramitado cerca del 80%, de las cuales a 181.000 se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Sin embargo, aproximadamente el 50% de las solicitudes tramitadas han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio, según datos del ministerio.
Escrivá ha indicado que «en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria», fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que se ven obligadas a compartir vivienda.
En este aspecto está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales.
