DESESCALADA

Más de 500 presos en cárceles gaditanas vuelven a ver a sus familias en la fase 1 del desconfinamiento

Las comunicaciones se realizan con uso de guantes y mascarillas por parte de familiares e internos, desinfección de los locutorios cada vez que se usan y limpieza general semanal

LA VOZ

Un total 512 presos de los centros penitenciarios de Cádiz han vuelto a ver a sus familias desde la entrada en vigor el 14 de mayo de la Orden del Ministerio del Interior que flexibiliza las medidas adoptadas para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) en las cárceles.

La orden contempla el regreso de las comunicaciones ordinarias, por locutorio, y la reanudación de los permisos de salida, siempre que se disfruten dentro de la provincia, según detalla en una nota de prensa la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

En concreto, se han producido 60 comunicaciones en Puerto II; 253 en Puerto III; 194 en el centro penitenciario de Algeciras; y, durante este fin de semana, están teniendo lugar cinco comunicaciones en Puerto I.

El subdelegado, José Pacheco, ha subrayado "el esfuerzo y la gran labor" de los trabajadores de las instituciones penitenciarias durante esta etapa, manteniendo unos "niveles óptimos" de convivencia y baja conflictividad en estos centros, donde el confinamiento ha venido a sumar una dificultad añadida a "la dureza que ya supone la privación de libertad".

"Las comunicaciones se están realizando con todas las garantías sanitarias, siendo obligatorio el uso de guantes y mascarillas por parte de familiares e internos, la desinfección de los locutorios cada vez que se usan y una desafección general semanal", afirma.

Durante la crisis sanitaria, con el objetivo de paliar el cierre de los establecimientos al exterior y la consiguiente ausencia de comunicaciones, han tenido lugar en torno a 4.000 videollamadas en los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz.

Dado el buen funcionamiento de esta medida, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado su intención de regular el uso de las videollamadas para que permanezcan como fórmula para las comunicaciones de las personas privadas de libertad.

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