SUCESOS
La madrugada en la que la Policía cazó a los vigilantes 'piratas' de Setenil
Completamente a oscuras y sorteando trincheras y trampas, así sorprendieron in fraganti a los «rambos» que fuertemente armados hacían de guardias en una finca de manera irregular
El detenido es un policía local de Estepona y el otro investigado un ciudadano alemán que también había sido agente en su país
Madrugada del pasado 25 de septiembre. Noche cerrada en la Sierra de Cádiz. Agentes de la Policía Nacional se disponen a entrar en un finca situada en Setenil de las Bodegas. Quieren sorprender in fraganti a dos hombres que al parecer están ejerciendo como vigilantes de seguridad privada en esa explotación agrícola de unas cien hectáreas de manera completamente irregular. Según se ha podido constatar en las vigilancias que han realizado previamente, van fuertemente armados y patrullan a diario tanto por dentro como por todo el perímetro de la finca. Además, tienen a sus órdenes a otros trabajadores del campo a los que hacen acompañarse de peligrosos perros de presa.
Son más o menos las tres de la mañana y los investigadores de la Unidad Territorial de Seguridad Privada que han llevado el asunto van acompañados por doce agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Cádiz totalmente equipados. Los sospechosos pueden ir armados y cualquier movimiento en falso podría tornar a problema . Incluso los pueden confundir con intrusos, con unos ladrones y, quizá... dispararles.
Sin embargo, al mismo tiempo, el factor sorpresa es determinante en este operativo en el que se quiere tener una prueba ya irrefutable de que los investigados estaban ejerciendo de vigilantes privados, como en cualquier otra empresa legal. Y así, durante una hora, los policías equipados hasta arriba, con cascos, escudos, chalecos, fusiles, y todo su material preparado se van abriendo paso en medio de la maleza como pueden.
El trayecto no es nada fácil . Por el camino encuentran trampas, incluso alguna trinchera cavada entre los matojos, además de fangales, ramas, raíces de olivos, telas metálicas, y todo ello, en la más absoluta oscuridad. No llevan luz, no pueden ser vistos ni oídos para que el plan salga bien. Así que continúan, teniendo que reptar en ocasiones, y escondiéndose raudos ante cualquier riesgo.
Hasta que se divisa una pick-up. En ella van los dos sospechosos. Se acercan y ya se hacen ver. Y, como temían, los investigados los confunden en un primer momento con ladrones. Incluso, muy nerviosos, entre gritos, llegan a dar instrucciones a otros dos hombres que trabajan en el campo para que les suelten los perros . Sin embargo, ya no les queda mucha alternativa. Los agentes se abalanzan rápidamente sobre ellos y los reducen para que ellos mismos no pongan en riesgo su propia integridad.
Y al cachearles les encuentran lo esperado. Van fuertemente armados. Uno de ellos, un ciudadano español, lleva encima una pistola municionada marca Glock y una defensa eléctrica. El otro, un alemán de imponente complexión física, otra pistola, simulada, pero con cargador y cartuchos. Además se les intervienen chalecos antibalas, chalecos tácticos, navajas militares de grandes dimensiones, equipos de comunicaciones portátiles, prismáticos, varias linternas de gran potencia, sprays de pimienta... todo un catálogo para cumplir con este tipo de vigilancias de alta seguridad. Tal era su supuesta preparación que los otros trabajadores a los que daban órdenes les llamaran los «rambos».
Un policía local, instructor de tiro, en Málaga
Pero en esta ocasión, además, se estaba cometiendo una segunda irregularidad bastante comprometida. Y es que el detenido de 47 años es policía local en Estepona (Málaga) y en su plantilla ejercería como instructor de tiro. Además es muy conocido también por haber hecho de escolta para personas de renombre y alto standing en la Costa del Sol.
Hay que tener en cuenta que a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se les permite realizar estos servicios si están en activo como funcionarios policiales. El otro investigado es un ciudadano alemán de 40 años, que aseguró que también había sido policía en su país.
Este operativo se enmarca en la lucha contra el intrusismo en el ámbito de la vigilancia privada . En este caso en la finca sí se había contratado una empresa legal, solicitando todos los permisos previos pertinentes. Sin embargo, estas dos personas estaban trabajando sin contrato y al margen de ese amparo legal. Al parecer el dueño de la finca desconocía este extremo.
La investigación persigue además la competencia desleal y la situación de marginalidad que se da ya que estos servicios ‘piratas’ carecen de seguros de responsabilidad civil y otros requerimientos que ante cualquier imprevisto resultan fundamentales. En esta investigación se ha llegado hasta el final a pesar de que los presuntos responsables sean agentes, lo que demuestra que nadie está al margen de poder ser castigados por la ley si la incumple.
El policía local ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la Administración Pública, así como otro de tenencia ilícita de arma. Por tal motivo se procedió a su detención, quedando en situación de libertad con cargos tras ser oído en declaración.
Por su parte el súbdito alemán, que está en posesión de una licencia de armas tipo «f» (tiro deportivo) se enfrenta a una sanción administrativa por intrusismo conforme a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y a una multa de hasta 30.000 Euros.
Los infractores denunciados se enfrentan a cuantiosas multas. En este sentido, la Policía Nacional ha recordado que la prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas, que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil.
En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 euros. Asimismo, estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado.
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