REPORTAJE
Juzgados gaditanos, condenados a la espera
Procuradores alertan de la situación «insostenible» por la excesiva carga de trabajo y la falta de medios que se vive en algunas sedes judiciales como Barbate o San Fernando
La justicia es muy lenta. ¿Cuántas veces habrá podido escuchar usted esa frase? Muchas. Y el problema no es que se escuche, el problema es que se dé ya por hecho sin que se pongan remedios para agilizar uno de los servicios más importantes que debe tener el ciudadano a su disposición. O que se tarde en establecer medidas efectivas mientras sobre las mesas de las oficinas de los juzgados se van sumando papeles y papeles y más papeles. Tarea pendiente que se enreda con la que ya había y convierte un procedimiento en un proceso largo, tedioso, engorroso, burocrático, enmarañado y, en definitiva, arriesgado.
Porque el tiempo en la justicia también es oro . Hay plazos que cumplir –la ley siempre manda–, mandamientos que ejecutar, recursos que resolver, ejecuciones, comunicaciones que dar, juicios que celebrar... y un sinfín de trámites detrás de los que siempre hay, personas. Ciudadanos pendientes de asuntos que han trastornado de una u otra manera sus vidas. Presos o investigados que tendrán o no que pagar lo que han hecho. Investigadores de la Policía Nacional o la Guardia Civil pendientes de permisos para poder actuar contra el delito. Familias que quieren que la ley les ampare. Asuntos y más asuntos pero, en definitiva, personas.
La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) volvía a llamar la atención sobre este asunto. De acuerdo a sus estadísticas, a sus números, la situación en muchos partidos judiciales de la comunidad autónoma es inviable. Según denuncia, año tras año hay un un porcentaje de carga de trabajo « demasiado elevada para los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo, sumamente deficitario y rígido», exponía. «Si queremos avanzar en la normalización de nuestros tribunales, así como generalizar el rendimiento óptimo de la justicia y la reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible la creación de nuevas plazas judiciales y mejora de los planes de refuerzo, así como la mejor optimización de ciertos órganos; y, en este contexto, es prioritario incrementar nuestros niveles de eficacia mediante propuestas organizativas reiteradas y olvidadas año tras año».
Esa era su voz de alarma. Repetida en sus últimas propuestas. Y, sobre todo, sentida y demostrada en algunos de los juzgados de la provincia de Cádiz. Los diferentes operadores judiciales que lo trabajan lo saben bien. Como es el caso de los procuradores. Los profesionales que son el hilo conductor de los procedimientos y que están en continuo contacto con todas las partes implicadas en los asuntos que están por resolver.
«La falta de recursos la vivimos ya con cierta impotencia», lamenta Óscar Alonso , decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Cádiz. «Es tal la carga de trabajo que tenemos que soportar que es insostenible». Como explica Alonso, la situación se vive de forma distinta dependiendo del partido judicial. Este déficit personal y material se nota menos en aquellas plantas que son más grandes porque, lógicamente, la estructura así lo permite, es más amplia, aunque, siempre hay excepciones donde los asuntos se agolpan y se suman a ese letargo infinito de la espera como, por ejemplo, en el juzgado de lo mercantil de Cádiz, deficitario desde hace años.
Urgentes, pero... ¿solo sobre el papel?
Las carencias son más alarmantes en partidos más pequeños. El decano de procuradores llama la atención sobre dos puntos negros de su zona de influencia. Estas son: San Fernando y Barbate . En el primer caso es importante primero poner las cifras claras. Este partido soporta una población (censada) de unos cien mil habitantes con tan solo tres juzgados. «Otros partidos con censos mucho más bajos ya tienen cuatro», avisa Alonso. El propio TSJA también lo advertía. En su recomendación sobre la creación de nuevas sedes judiciales, el caso de San Fernando aparecía como de urgencia. Sin embargo, de momento, no ha entrado en la lista de prioridades. «Salió de esa urgencia y nadie nos ha explicado por qué cuando incluso hay informes de inspección que así lo demandan o los propios magistrados han denunciado la situación».
Pero volvamos a algo práctico. Un procedimiento de deshaucio o divorcio en un juzgado de primera instancia en Cádiz capital puede tardar en resolverse (con sentencia) generalmente en un plazo de seis a siete meses, en San Fernando están tardando año y medio o dos años si por lo que sea el asunto se enquista. «Es tal el colapso que hay entre que se notifica, se señala, etc... que lo que puede tardar medio año se alarga hasta dos.
Otra prueba práctica. Según la estadística del TSJA, lo habitual es que un juzgado lleve entre 600 ó 700 asuntos al año para que se vaya tramitando todo bien. En San Fernando se están elevando esas cifras a 1.400 asuntos civiles y otros 700, 800 penales anuales. «Así es imposible y así nos los trasladan los funcionarios y letrados de la administración de la justicia que nos dicen a menudo... ‘no podemos’».
La situación en Barbate «está mal no, peor» . En el municipio jandeño existen solo dos juzgados, que además, son mixtos. En principio es una localidad pequeña pero hay que tener en cuenta varios condicionantes que pesan mucho. Su población en época de vacaciones se duplica, triplica, y, por tanto, suben los pleitos. Pero es que además hay otros dos factores que se hace extensible a toda la provincia pero que en Barbate tienen un especial impacto. Por un lado, el narcotráfico y sus delitos derivados. Causas que a veces en un solo día pueden llegar a tener hasta treinta detenidos. Esos asuntos se tienen que resolver de inmediato, dejando otras cuestiones de lado, porque se trata de investigados que pueden perder su libertad. Y por otro lado, la inmigración. La llegada de pateras a las costas provoca habitualmente el colapso también de los juzgados. Decenas de ciudadanos extranjeros que por su entrada irregular en España se les pone a disposición judicial y que tienen que ser atendidos también a tiempo porque se cumplen los plazos. Y además, por si fuera poco, de estos dos juzgados barbateños uno de ellos lleva violencia de género, una problemática que también hace que si en una guardia entrara algún asunto es también una cuestión prioritaria.
La situacíón es tan «agónica» en Barbate que otro frente abierto es el de su personal . «Las plazas que salen allí no las quiere nadie porque aquello es un infierno. Al que le toca, al segundo día tiene claro que en cuanto pueda se va». Volvemos a la práctica. En los últimos tres años por los juzgados de Barbate han pasado unos diez jueces distintos. Y esto, el hecho de que no haya constancia entre el funcionariado destinado en esta plaza, genera también que sea complicado mantener una cierta continuidad en el trabajo que se desarrolla, lo que vuelve a ralentizar la máquina procesal.
La penuria judicial tiene también su eco en el Campo de Gibraltar o en la Sierra. En partidos como Arcos o Ubrique que asumen como escasos medios el trabajo de una comarca amplísima. «La Justicia siempre será la hermana pobre. La sensación que tenemos es que se le da muy poca importancia a los asuntos judiciales cuando es un servicio fundamental y básico para todo ciudadano».
Pero, a pesar de que la situación no sea la deseada, los procuradores aseguran que seguirán trabajando tanto en beneficio de sus clientes, «dando impulso a los procesos y velando por sus intereses en cada procedimiento», como, auxiliando a la Administración de Justicia, «siendo colaborador necesario, en todo aquello que nos faculta la ley».
