DESESCALADA
Los juzgados de Cádiz, un rompecabezas de desescalada sin montar
La imposibilidad de mantener las distancias o de colocar mamparas obliga a cerrar algunas salas mientras que el Gobierno ha ordenado que se empiecen a celebrar pleitos a partir de este jueves
La Justicia comienza a reactivarse poco a poco. Sin embargo son todavía muchas las condiciones de forma y de fondo que se han impuesto por la pandemia que no están listas, en su sitio, para que de verdad el sistema pueda volver a funcionar . Se trata de un proceso en cadena que está, en algunos casos parado, en otros, atascado, y en otro, a medio gas. Desde asuntos relativos a lo puramente material hasta lo que respecta a los modos de trabajo de todos sus profesionales, o incluso a aspectos legales que ya complican más si cabe la situación porque en eso manda la ley y es más difícil poder buscarle una salida si antes no ha habido una solución que lo impida.
Los profesionales que desarrollan su labor en los diferentes juzgados de la provincia y en todas sus áreas alertan de que será inviable sacar todo lo que vaya llegando. Lo llevan diciendo desde que se decidió parar todo el sistema, manteniendo solo aquellos asuntos relacionados con juicios con presos o causas urgentes que entraban por guardia como violencia de género o menores. Muchos de estos profesionales han seguido trabajando en sus despachos o casas pero, como han venido denunciando, el mal funcionamiento del sistema telemático o la ausencia o escasez de funcionarios al otro lado ha imposibilitado que esa labor llegara a su destino. Escritos, recursos, demandas... que no han podido formalizarse .
Y todo esto ha agrandado un problema que ya existía de antes. Y a este receso se une otro. Como ha ocurrido en cualquier otra actividad los propios espacios hay que habilitarlos de acuerdo a todas las medidas de prevención. También hay que adoptar medidas que impidan los contactos, que garanticen las distancias, y en esos lugares, algunos de ellos ya deficientes o escasos es materialmente imposible.
Así lo constata el juez decano de Cádiz. Pablo Sánchez, quien se encuentra «muy preocupado» por la situación. «El día 4, este jueves, ya hay orden de que empiecen a celebrarse las vistas y las salas no están adaptadas». Este es solo uno de esos problemas. Hay que colocar mamparas , que, de momento, no han llegado. Simples, y de cara y laterales, que garanticen las distancias entre por ejemplo jueces y abogados. En otros, debido a que son salas más pequeñas, se ha pensado en poner peceras. Y en otras no habrá ni tan siquiera esa posibilidad porque no hay espacio.
Además hay que proteger micrófonos, ver cómo van a compartir la documentación, desinfectar a diario y entre una y otra vista. También, garantizar temas formales como evitar la aglomeración de público . En este sentido por ejemplo se está barajando la idea de hacer esperar en la calle a los comparencientes y sus letrados mientras que no puedan entrar en el interior de los juzgados porque se está celebrando otro juicio, un extremo que tampoco garantizaría la separación porque en el espacio exterior también podría darse.
El parón de la alerta sanitaria atasca todavía más los procedimientos en unas sedes judiciales que no reúnen las condiciones aún para poder reactivarse
Por otro lado, se ha dado la circunstancia de que las medidas adoptadas han afectado al número de plantilla que podía estar en funcionamiento. Ha ocurrido por ejemplo en el juzgado de lo penal 5 que ha cerrado por diversas bajas y asuntos de conciliación.
Agendas ya completas para este año
Y al margen de estas actuaciones de prevención, la rueda no puede pararse. Los pleitos entran y hay que resolverlos en los plazos impuestos, hay que impartir justicia. Pero al haberse ocasionado esta parada técnica hay que poner de nuevo procedimientos que estaban señalados otra vez a la cola. El Juzgado de lo Civil ya ha colmado su agenda para este 2020 , por tanto está fechando algunas de estas suspensiones para el próximo ejercicio. En el Juzgado que se encarga de las cláusulas suelo , que ya saturado señalaba a meses, se espera un nuevo repunte por la nueva sentencia dictada por el Tribunal Europeo a cuenta del IRPH que puede volver a causar otro aluvión de demandas.
En los penales , los señalamientos o juicios suspendidos tienen de plazo medio un año y además la celebración de macrocausas o vistas con jurado (donde mantener las distancias es todavía más difícil) están en el aire. Este es el caso por ejemplo del procedimiento contra el presunto parricida de Sanlúcar que se iba a celebrar en mayo y, de momento, no tiene prevista nueva fecha. O el caso de los convenios del Ayuntamiento de Rota contra los exalcaldes Lorenzo Sánchez y Eva Corrales cuya vista se estaba celebrando justo cuando se decretó el Estado de Alarma y continúa en suspenso.
Lo Social o lo Mercantil , serán otros dos de las áreas más afectadas. Despidos, ERTE, concursos... que entrarán a tropel debido a las circunstancias y que también habrá que poner en el calendario.
«Deberíamos de haber empezado a funcionar antes», lamenta el juez decano. «Estábamos ya colapsados y tengo poca esperanza que el decreto del Gobierno sobre la Justicia funcione», afirma claramente. «No se ha podido trabajar y se está viendo ahora la necesidad». ¿Y cuál es la solución entonces? «Una inversión seria y real tanto en medios materiales como humanos», sostiene firmemente el juez.
Reunión de urgencia
El pasado viernes todos los representantes del sistema judicial de la provincia mantenían una reunión. El presidente de la Audiencia Provincial, la fiscal jefe, el secretario coordinador, los jueces decanos, el delegado de Justicia de la Junta, los dos decanos de los Colegios de Abogados, el decano de los procuradores y el de los Graduados Sociales. Sobre la mesa, ante todo, mucha necesidad y urgencia. Buscar soluciones a sus problemas que, en definitiva, son los de este sistema público fundamental. Se hablaron de diversos asuntos sobre las medidas de prevención necesarias o sobre la consideración de que se produjera la reactivación de forma paulatina para evitar también el efecto contrario.
«Estamos muy preocupados y asustados», afirma José Blas Fernández, decano del Colegio de Graduados Sociales. «Cuando las empresas comiencen a despedir por todo lo ocurrido nos vendrá una avalancha. Va a ser mucho peor que la crisis anterior porque aquello fue más en cadena, esto es todo a la vez», advierte.
Además el Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAP) se cerró el día 13 de marzo y no ha empezado a funcionar hasta este lunes, un órgano que lo que intenta es justo no tener que llegar a pleitos. Advierte, que muchas empresas se declararán insolventes y habrá que ir al fondo de garantía, nuevos trámites y fórmulas que se podrán ver atascadas. Por ello, desde el Colegio de Graduados Sociales piden diversas medidas que puedan paliar la saturación como por ejemplo la contratación de jueces «especializados» en la materia que den una mayor fluidez o que «exista un mando único que esté por encima de todo y no pendiente de una administración u otra».
Despidos, ERTE, concursos, clausulas suelo, asuntos penales que volver a señalar... un esperado aluvión de procedimientos que retrasarán más si cabe la espera
«Absolutamente necesario»
Ante esta situación, desde el Colegio de Abogados de Cádiz consideran «absolutamente necesario que se produzca la reanudación de la actividad judicial en todos sus ámbitos, en todos y cada uno de los juzgados y tribunales, tanto para la reanudación de los plazos procesales como la celebración de las actuaciones judiciales (juicios, vistas, comparecencias, declaraciones)».
En este colectivo también están «preocupados por la paralización casi total que hemos sufrido durante el Estado de Alarma, que ha puesto de manifiesto la insuficiencia de medios tecnológicos que hubiera posibilitado continuar prestando este imprescindible servicio público, agravando todavía más los retrasos», lamentan.
Por ello también creen que es «imprescindible» que se refuercen los medios técnicos y personales de los órganos judiciales, tanto para reprogramar agendas, como para recuperar cuanto antes la normalidad y evitar que la situación se agrave con la entrada de nuevos procedimientos. «Para ello es fundamental importantes inversiones tecnológicas y un incremento de las plantillas, incluidos jueces y letrados de la Administración de Justicia».
Por otro lado, inciden en que las condiciones de reanudación sean las «óptimas» para la seguridad de todos. Por eso, a fin de evitar situaciones de inseguridad jurídica, desde el Colegio de Abogados se reclama a los órganos judiciales que informen, con suficiente antelación, tanto a los profesionales como a los justiciables afectados aquellas actuaciones que se van a poder celebrar y las que, por el contrario, van a quedar suspendidas.
Por tanto, una situación que sigue en el aire y pendiente de que se adopten soluciones y medidas ajustadas a un problema que se agrava. Unas soluciones que vayan parejas a una realidad. La de antes y, ahora, a esta nueva realidad.
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