INFRAESTRUCTURAS

La Justicia mueve ficha por el sobrecoste del segundo puente de Cádiz

El Tribunal de Cuentas criticó en su informe el incremento de la obra en más de 190 millones de euros y ahora es la Fiscalía la que toma cartas en el asunto

La modificación técnica para encajar la plataforma del tranvía con la obra ya empezada significó un incremento de 30 millones en el presupuesto inicial

Vista aérea del segundo puente de Cádiz FRANCIS JIMÉNEZ

Javier Rodríguez

El 24 de septiembre de 2015, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , y la titular de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , cortaban la cinta del nuevo puente de Cádiz, bautizado con el nombre de 'puente de la Constitución de 1812'. El nuevo acceso de la Bahía se inauguraba con cinco años de retraso y un sobrecoste de 190 millones de euros. La obra sufrió a lo largo de sus diez años de ejecución tres parones además de una importante modificación técnica que incrementó su presupuesto inicial. El puente se proyectó con 300 millones de presupuesto y acabó con una inversión de 490 millones.

El ingeniero Javier Manterola , autor del diseño del puente, tuvo que cambiar la planimetría del viaducto para poder encajar una plataforma tranviaria que ni siquiera se ha usado porque, de momento, el trazado del tranvía metropolitano no pasa por el nuevo puente. LA VOZ adelantó en su momento que la modificación técnica significó un aumento de 30 millones de euros . La obra fue engordando hasta acabar con 190 millones de incremento.

El Tribunal de Cuentas alertó en su informe de 2019 de este abultado aumento del valor de la obra del puente gaditano y ahora es la Fiscalía de este organismo público, según avanza El Español, la que toma cartas en el asunto y ve un posible delito de prevaricación por parte de los responsables del Ministerio de Fomento en la ejecución de esta obra.

El pasado 20 de enero, el Tribunal de Cuentas destacó en su informe anual que la gestión presupuestaria que se llevó a cabo en la construcción del puente sobre la Bahía de Cádiz, que supuso una inversión de 490 millones de euros, "no contribuyó al cumplimiento de los principios de estabilidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos" .

El Tribunal de Cuentas se mostraba crítico con la gestión de la construcción de una de las mayores infraestructuras realizadas en los últimos años en España y con un coste que supuso una variación del 61,2 % sobre las previsiones iniciales . El informe recuerda que a pesar de una fase preparatoria que se extendió "varias décadas", desde finales de los 80 hasta 2006, poco después de haber sido aprobado el proyecto y de que se iniciaran las obras -en abril del 2007- se tomaron decisiones que provocaron "incidencias y alteraciones sustanciales del proyecto" . Estas incidencias, añade el informe, "no habrían tenido lugar" de haber existido "una preparación, planificación y coordinación administrativa adecuadas".

Retrasos

Las obras fueron adjudicadas en el 2007 y contaban con un plazo de ejecución de 41 meses, que finalmente se convirtieron en 117.

El abultado sobrecoste de esta infraestructura pública no ha pasado inadvertido para el gabinete jurídico del Tribunal del Cuentas. Así, y según avanza El Español, el fiscal jefe del citado Tribunal , Miguel Ángel Torres, ve indicios de un posible delito de prevaricación administrativa , además de responsabilidad contable, por las irregularidades detectadas en los contratos para construcción del puente. En un escrito dirigido a la Sección de Fiscalización, según El Español, el fiscal pide que se le entregue una copia de varios documentos referentes al informe que ha aprobado el Tribunal de Cuentas en relación a esa obra, a la vista de que en él “se relatan hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa". El Ministerio Público necesita ese soporte documental para acudir a la jurisdicción penal, ya que el Tribunal de Cuentas no puede depurar delitos.

Al mismo tiempo, Torres se ha dirigido a la Sección de Enjuiciamiento, que es la encargada de iniciar, en su caso, un expediente para exigir la responsabilidad contable que proceda respecto a una obra cuya ejecución se prolongó a lo largo de 10 años (no hay que olvidar que aunque se inauguró en 2015, los trabajos siguieron hasta 22017), etapa durante la que tres ministros se sucedieron al frente de Fomento: Magdalena Álvarez, José Blanco (ambos del PSOE) y Ana Pastor (PP).

Modificaciones

El diseño del ingeniero Javier Manterola no contaba inicialmente con el paso de un tranvía por el tablero del puente, sin embargo, la ministra Magdalena Álvarez , PSOE, obligó a modificar el proyecto con el fin de prepararlo para albergar una plataforma tranviaria. Esta fue una de las actuaciones que empezaron a generar un aumento de los costes de la obra.

La idea fue planteada antes por la Consejería de Obras Públicas de la Junta, entonces dirigida por Concepción Gutiérrez , pero no se tuvo en cuenta a la hora de redactar y ejecutar el proyecto. Se hizo posteriormente con el consiguiente incremento .

El Gobierno central y el regional firmaron en febrero de 2008 un protocolo de actuación para incluir en el puente la infraestructura necesaria para el paso de un tren-metropolitano o tranvía. Esta decisión obligó al autor del proyecto a replantear el tablero del puente para reservar un arcén de nueve metros en el lado derecho , es decir, en el sentido Cádiz.

La incorporación del tranvía ha dejado dos carriles para el tráfico en cada sentido, en lugar de los tres previstos al principio, de 3,50 metros de ancho cada uno, flanqueados por arcenes a izquierda y derecha, además de una mediana. Este acuerdo establecía un reparto de tareas y de financiación. La Junta aceptaba pagar la redacción del proyecto así como las obras, además del mantenimiento y conservación de las líneas del tranvía, por el contrario, Fomento se encargaba de sacar a concurso la obra y sumarla al coste general del puente.

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