ACCIDENTE HOYO DE MANZANARES
«Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, quiero que se sepa la verdad»
El teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón, uno de los heridos aquel 24 de febrero de 2011, pide que se resuelva al fin el accidente en el que perdieron la vida cinco de sus compañeros
El teniente José Manuel Candón en su casa.
Víctor Manuel Zamora Letelier, Javier Muñoz Gómez, Sergio Valdepeñas Martín Buitrago, Mario Hernández Mateo y Miguel Ángel Díaz Ruiz , son los nombres de los cinco militares que la fatídica mañana del 24 de febrero de 2011 fallecieron en una explosión sucedida en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, en Madrid.
Estaban realizando un ejercicio de adiestramiento en desactivación de explosivos para desplegar como cascos azules de la ONU. «Se preparaban para desactivar explosivos en Líbano, para salvar vidas», aseguraba el mismo día del accidente la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, quien subrayó que entre las víctimas había «algunos de los mayores expertos en desactivación de las Fuerzas Armadas».
Dos de ellos, el sargento primero Víctor Manuel Zamora Letelier, de 44 años, y el cabo primero Javier Muñoz, de 36 años, estaban destinados en la Brigada de Infantería de Marina, en San Fernando . Ambos eran padres de sendas hijas y habían participado en las misiones de Bosnia y Líbano y el cabo primero Muñoz, también en Haití.
Los otros tres pertenecían a la Brigada Acorazada XII del Ejercito de Tierra, situada en El Goloso, Madrid. El sargento primero Sergio Valdepeñas, de 35 años; el sargento Mario Hernández, de 33; y el cabo Miguel Ángel Díaz, de 25; estaban solteros y sin hijos. En su mochila también la participación en las misiones de Afganistán, Líbano, Bosnia y Kosovo, para el sargento primero; Kosovo, Afganistán y Bosnia, el sargento; y Líbano y Kosovo, el cabo.
«Te hierve la carne»
«Recuerdo hasta lo que íbamos hablando en los vehículos de camino a las prácticas», explica a este periódico el teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón Ballestero, que resultó herido de gravedad en el accidente. «Habíamos quedado para comer cuando terminásemos» , cuenta el asidonense afincado en Chiclana. Además del teniente Candón, el sargento primero Raúl Alfonso González Fernández también fue herido grave y, por último, el cabo primero Herminio Álvarez Gómez, leve. Los tres pertenecían a la isleña Brigada de Infantería de Marina.
Con 35 operaciones a sus espaldas y el 79% de discapacidad (reconocido por la Junta de Andalucía), José Manuel Candón tiene que vivir con las secuelas de ese terrible accidente. Perdió un ojo y del otro tan sólo tiene entre un 15 y un 25% de visión. Tuvieron que implantarle los párpados y debe dormir con auriculares debido a la hipoacusia que sufre. «Tengo toda la parte frontal del cuerpo quemada, ya que mis secuelas son producidas por la bola de fuego de la explosión y el lanzamiento de metralla», detalla.
Su vida cambió por completo aquella manaña, cuando iban a realizar una actividad de adiestramiento «que entrañaba un riesgo pero no tenía peligro». Entonces, la explosión. «Te hierve la carne, te viene el frío, notas que te estás desangrando mientras estás temblando. Viene el sanitario y tú no sabes lo que ha pasado», narra el teniente Candón. «Moví los pies porque no quería quedarme inválido. Fíjate en lo que pensaba, en no perder las piernas, pero no veía nada. Noté que mis botas estaban llenas de sangre. Le dije al médico que me despidiese de mi familia », cuenta a este periódico. José Manuel tenía un hijo con siete años y una hija con cinco meses.
Ahora, diez años después, «mi niña ya ha hecho la comunión y el mayor se me va a la universidad. Me ha pasado toda la vida de mis hijos por delante y yo sigo pleiteando», lamenta el teniente.
Una década de pleito
Las diligencias se abrieron el mismo día del accidente en el Juzgado Togado Militar Territorial (JUTOTER) número 11 y el auto de archivo tuvo lugar en 2013. Desde entonces, revocación del archivo, nuevo cierre y parálisis. Hasta que en abril de 2018 el Tribunal Militar Territorial de Madrid reabrió el caso .
«En marzo y abril de 2018 la cosa empezó muy rápida», explica el teniente Candón. «Cada dos meses iba alguien a declarar, es más, incluso fueron autoridades militares que nunca lo habían hecho en los ocho años de procedimiento. A finales de año declaré yo, no lo hacía desde abril de 2011», cuenta.
Fue a partir de esa declaración, dice el infante de Marina, cuando a la juez le surgió la duda de qué había pasado y pidió un informe a los peritos Tedax de la Guardia Civil . «Presentaron el informe en marzo y mi primera impresión fue que algo había fallado en ese peritaje. Carecía de lógica porque partía de la premisa de que la munición estaba útil y no era así», afirma.
En marzo de 2019, según explica José Manuel Candón, se sometió a careo ese informe. «Estuvimos personados y realizamos muchas preguntas, acompañadas de documentación. Y en el careo se pone de manifesto que la munición estaba inútil », detalla. Según la tesis del teniente, con este material inútil (estado 40, según la clasificación militar) no se podían realizar las prácticas, pero el Ejército llevaba a cabo de este modo «la destrucción encubierta de material». «Si no hubiese llegado a las prácticas no se hubiese producido el accidente», asegura.
Solicitud de reunión con la ministra
Desde entonces, José Manuel Candón y su abogado han presentado cuatro escritos, sin obtener ninguna respuesta. Tampoco del Ministerio de Defensa, con cuya titular ha solicitado reunirse. «Desde Morenés, pasando por Cospedal a Robles, con todos he pedido audiencia para contar lo que hay porque tengo la sensación de que no les llega la totalidad del asunto », cuenta Candón. «El año pasado Robles nos iba a conceder audiencia, pero saltó el Covid. No obstante, creo que me puede recibir cuando esté la cosa más tranquila o hacer una videoconferencia», explica a este periódico. «Como cualquier demócrata creo en la separación de poderes, pero ella puede ordenar al fiscal que haya celeridad en el asunto».
Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa, que ha declinado pronunciarse al respecto ya que el asunto está en proceso judicial.
¿Qué es lo que pide?, preguntamos al teniente. «Que se sepa la verdad», afirma. «Y, en segundo lugar, que se pronuncie la Justicia y, si hay culpables, el grado de culpabilidad y las acciones a tomar. Quiero demostrar el error que hubo. Pero las penas, la indemnización y las acciones a tomar no me corresponden a mí. Tiene que ser la Justicia. El problema es que ésta lleva dos años paralizada», dice. «Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde».
El féretro de uno de los fallecidos a su llegada al Tercio de Armada.
«Hay cosas que duelen más que las secuelas»
A los heridos, cuenta, jamás les indemnizaron. «Cobramos la pensión y eso no es indemnización. Si hubiese tenido un accidente provocado por mí, habría percibido lo mismo económicamente. Para las familias de los fallecidos igual, seguro colectivo y pensión de viudedad. Pero los daños ocasionados es una cosa y la indemnización otra. Si nos indemnizaban estaban reconociendo el error ».
Diez años después, asegura, «hay cosas que duelen más que las secuelas». «Miriam, la hija de Víctor, ha tenido un hijo sin abuelo.Es muy complicado», lamenta. «Me duele el trato recibido, la falta de humanidad y de empatía. Todo son eslóganes cuando se suben a la tribuna, pero luego nada».
«Mi honor y mi lealtad están por encima de la institución», dice este «militar de vocación», que asegura que «todo lo que hablo lo digo con pruebas» pero que se siente «un defenestrado por protestar».
« Me gustaría llevar un ramo de flores al lugar del accidente , pero antes tengo que cerrar la etapa judicial». Y recalca, «por encima de todo está honrar su memoria».
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