La Junta renueva sus convenios con 15 ayuntamientos de la provincia

La Junta renovó ayer sus convenios con 15 ayuntamientos gaditanos y con la Diputación para destinar una partida de 904.952,85 euros a ayudas familiares. El delegado del Gobierno, Fernando López Gil, y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, fueron los encargados de dar a conocer estas ayudas de la Administración autonómica, que se incrementan con respecto al año anterior, en concreto en 13.352,85 euros, un 1,4% más.

La Junta aporta en el presente ejercicio 130.336,42 euros , distribuidos entre las distintas entidades locales de la provincia. Adicionalmente, se destina una cuantía de 774.616,43 euros, provenientes de la distribución resultante del crédito para proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia para Andalucía destinada para el Programa de Ayudas Económicas Familiares en el ejercicio 2015.

Así, frente a los 891.600 euros que la Junta destinó en 2014, en esta ocasión la cifra sube a los 904.952,85, que se repartirán entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, estos son, Cádiz, Jerez, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Chiclana, Conil, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda .

Tanto López Gil como Herrera resaltaron la apuesta de la Junta en materia de políticas sociales, como lo demuestra el hecho de que, desde 2012 a la actualidad, la partida que la Administración andaluza destina a estas ayudas se haya incrementado en más del 50 %.

Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.