PROVINCIA
«La Junta pretende crear una oficina a su medida para tapar la corrupción del PSOE»
La parlamentaria del PP Teresa ruiz-Sillero anuncia 39 alegaciones contra la oficina anticorrupción, «que será un nuevo chiringuito de la Junta de Andalucía»
El Partido Popular anunció ayer que presentará 39 alegaciones contra el decreto de la Junta de Andalucía para crear una oficina de prevención de la corrupción, porque según la portavoz popular de Empleo en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, será «un nuevo chiringuito para recolocar a cargos socialistas a través de puertas giratorias». Ruiz-Sillero presentó ese documento de alegaciones en el que lamenta que el Gobierno andaluz no haya tramitado la oficina para la prevención de la corrupción en Andalucía con rango de ley y sí lo haya hecho con un decreto.
Según el documento, «el Gobierno andaluz ha optado por silenciar el debate sobre la creación de esta oficina, lo que no dice mucho en su favor, y se haya preocupado más en poner en marcha una oficina para tapar la corrupción, no para prevenirla»,
«Como un proyecto de ley se daría participación a los agentes sociales en el trámite de comparecencias y se permitiría que todos los grupos parlamentarios participaran en la elaboración de la norma y, de esta forma, no se hurtaría un debate tan necesario en Andalucía marcada por los casos de la corrupción de los ERES o la formación profesional», añadió.
Para Ruiz Sillero, lo que pretende la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el modelo elegido para esta oficina es «crear una oficina a su medida para silenciar la corrupción de los gobiernos socialistas y que todo quede en casa».
La diputada del PP considera que «no puede ser un nuevo chiringuito para recolocar a cargos socialistas a través de puertas giratorias; la oficina debe funcionar con la máxima transparencia, y no de tapadillo».
El PP exige que el trámite no sea a través de un decreto, sino de un Proyecto de Ley, de manera que los grupos puedan mejorar el proyecto para que de verdad sirva para evitar casos de corrupción, y para que los máximos expertos puedan aportar soluciones en el Parlamento, así como los funcionarios que han destapado casos de corrupción en el gobierno andaluz.
Igualmente, el PP ha propuesto que el sistema de elección de los miembros de la oficina no sea «a dedo», como recoge el decreto, que deja esta función en la Consejería de Hacienda.
Ruiz Sillero cree que debe ser el Parlamento quien elija a sus miembros entre personas independientes, funcionarios con más de 15 años de servicio o afiliados a partidos o sindicatos, y que en los últimos cuatro años no hayan sido altos cargos ni hayan ocupado puestos de libre designación, que fueron los requisitos acordados para la Presidencia del Consejo de Transparencia.
En otras alegaciones, Ruiz Sillero considera necesario que los informes de la Intervención General de la Junta que se envíen a la Oficina de Prevención de la Corrupción se remitan también al Parlamento de Andalucía, para acabar con la «opacidad» en torno a estos documentos.
También reclama que se garantice la protección de los funcionarios que puedan denunciar casos de corrupción en la administración, para evitar casos como los ocurridos esta legislatura de «acoso» a funcionarios de la Junta por presentar denuncias de corrupción.
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