Infraestructuras

La Junta paga en Cádiz 30 millones por reclamaciones heredadas del PSOE

La Administración regional liquida en un año impagos de IBI, contratos fallidos de obras, intereses por demora y expropiaciones no resueltas

Presentación en octubre de 2017 de la obra de la carrtera de Alcalá del Valle, que luego se paralizó LA VOZ

Javier Rodríguez

La Consejería de Fomento ha pagado este año 30 millones de euros en la provincia de Cádiz en concepto de reclamaciones heredadas del gobierno anterior . Se trata de intereses , expropiacione s y resoluciones de contratos fallidos que han obligado, finalmente, a la Junta a rascarse el bolsillo y afrontar su abono. En el caso de Cádiz destacan los 800.000 euros que la Consejería ha tenido que pagar por la recisión del contrato para la obra de mejora de acceso al municipio de serrano de Alcalá del Valle, desde la carretera A-384. Esta carretera es conocida como carretera de Lora y su calzada discurre por un trazado con más 60 curvas sinuosas, sin arcén y que dificulta el tránsito de vehículos pesados.

Los trabajos de mejora quedaron paralizados en 2017 por fallos técnicos en el proyecto de ejecución y hubo que rescindir el contrato. La Consejería de Fomento, ya con el nuevo gobierno del PP-Ciudadanos, elaboró un nuevo proyecto salvando los fallos que se detectaron hace cuatro años. La antigua GIASA, actual Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, contrató la redacción de un anteproyecto con estudio de varias soluciones de trazado para el nuevo acceso a Alcalá del Valle desde la carretera A-384 a una consultora en 2008 y dicha consultora también redactó, en 2011, un proyecto constructivo. En octubre de 2017 se adjudicaron las obras por seis millones de euros, iniciándose los trabajos a finales de octubre de ese año. Sin embargo, iniciados las tareas, la Dirección de Obra detectó una falla que modificó sensiblemente las características de los suelos.lo que llevó a paralizar la ejecución de la obra.

El Gobierno andaluz abona los costes de la recisión en 2017 del contrato de obra de la carretera de Alcalá del Valle

Al cambiar el Gobierno de la Junta en enero de 2019, se decide que la Delegación Territorial de Cádiz contrate un dictamen geotécnico de un especialista de reconocido prestigio nacional que a finales de 2019 emite su informe definitivo. En marzo de 2020 se terminó la redacción por parte del Servicio de Carreteras del proyecto que resuelve todas las incidencias anteriormente descritas , así como también recoge las propuestas del especialista en geotécnica. La Junta firmó un nuevo contrato de obras para la reforma de la carretera el pasado junio con una inversión de 10.131.379 euros y 20 meses de ejecución.

La Junta ha tenido que hacer frente también este año al pago del IBI de algunas de las propiedades que tiene en la provincia y cuyo impuesto no fue satisfecho por el gobierno socialista. El importe adeudado era reclamado por varios ayuntamientos . Es el caso de los 2,3 millones de euros pagados por la Junta al consistorio de Algeciras y los 1,2 millones abonados a otros ayuntamientos de Cádiz por este mismo concepto.

El pellizco más sustancioso, 25 millones de euros, ha ido a parar a las expropiaciones de Las Aletas tras diez años de litigio

Sin embargo, una de las espinas que estaba clavada desde hacía una década y que fue heredada por el gobierno del PP al asumir la gestión de la Junta en 2019 era todo lo relacionado con las expropiaciones de Las Aletas . En esta finca del municipio de Puerto Real se proyectó el tercer parque tecnológico e industrial de Andalucía, sin embargo, dos sentencias del Tribunal Supremo, una en 2009 y otra en 2017, dieron al traste con este ambicioso proyecto por vulnerar la Ley de Costas. Su puesta en marcha, pese a todo, obligó a un proceso expropiatorio , pero los tres grandes propietarios del suelo han mantenido el litigio hasta el final y ahora la Junta ha tenido que compensar su demanda con 25 millones de euros . Así, la familia Derqui recibirá 7,3 millones, la mercantil Dehesa Norte , 10,8 y un tercer propietario, 7 millones. La indemnización ya está aprobada por Consejo de Gobierno y resuelta en el Parlamento Andaluz. Cabe recordar que la culminación del proceso expropiatorio era clave para seguir adelante con este proyecto industrial, ahora bautizado como LÓGICA y con menos superficie que el proyectado inicialmente.

Pero si hay otra actuación en la Bahía que se ha eternizado en el tiempo y que ha obligado a la Junta a pagar por sus reclamaciones esa es la obra del tranvía , que se gestó, al igual que Las Aletas, hace más de diez años por el gobierno del PSOE. En este caso, ella Consejería que dirige Marifrán Carazo ha tenido que abonar en el último año 10.000 euros en intereses de demora por la dirección de obras más una propuesta de revisión de oficio por los trabajos de electrificacion por valor de 196.612,70 euros.

La obra del tranvía de la Bahía de Cádiz se ha llevado este año casi 200.000 euros en intereses de demora

Estos datos provinciales figuran en una información general de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en el que hace referencia a los 78,2 millones en intereses por obras en infraestructuras y viviendas públicas que no se pagaron o indemnizaron a tiempo durante los gobiernos del PSOE . Tres años después, la Junta de Andalucía sigue dedicando una partida millonaria para afrontar la tardanza de los anteriores gestores a la hora de cumplir las sentencias en su contra por sobrecostes, retrasos en los pagos o reclamaciones judiciales de proveedores y empresas concesionarias por obras contratadas antes de las elecciones del 2 de diciembre de 2018. La penalización económica por estas demoras alcanza ya los 78,2 millones de euros, según el último balance que ha realizado la consejería que dirige Marifrán Carazo (PP).

Los 78,2 millones en intereses abonados entre 2019 y 2021 son una parte de los 297 millones de euros que en lo que va de legislatura ha tenido que desembolsar el actual Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos por sus retrasos en el pago de facturas de trabajos, por discrepancias en la ejecución de los proyectos, y los litigios consecuentes.

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