Provincia
La Junta legalizará casi 50.000 viviendas irregulares en Cádiz
El Consejo de Gobierno aprobó el decreto ley que resolverá el problema, que afecta especialmente a la Sierra
La Junta de Andalucía legalizará unas 48.000 viviendas irregulares en Cádiz . Según los datos facilitados por el Ejecutivo andaluz, un 14 por ciento del total de viviendas que se verán beneficiadas en toda la comunidad autónoma (327.583) están en la provincia gaditana.
Por zonas, se regularán 5.328 en la zona de la Bahía de Algeciras, 16.951 entre la Bahía de Cádiz y Jerez , 4.805 en la Costa Noroeste, 6.841 en La Janda y 14.078 en las Serranías de Cádiz y Ronda (parte de esta última zona se encuentra en Málaga).
Es la consecuencia de la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que se quiere resolver una situación que en Andalucía afecta a más de 300.000 familias. Esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad.
Tanto en la provincia de Cádiz como en Andalucía existe un «grave problema» generado por las edificaciones irregulares construidas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas.
El origen de estas edificaciones, fuera de toda planificación, provoca que no cuenten con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad , por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad.
La Junta «no quiere dar una amnistía», según recordó la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, sino que «se priorizará la actuación inspectora y sancionadora, pero al mismo tiempo se da una respuesta a la problemática actual sustentándose la norma en tres pilares». En primer lugar, la Junta pretende ampliar la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO) que permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.
Además, se mantiene la obligación de que los asentamientos deben figurar en los planes generales . Los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos. Así, en cuanto a las que se podrán regularizar de todas ellas, dependerá de si cumplen los requisitos y de la voluntad de propietarios y los propios consistorios.
Por último, los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos , como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
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