CÁDIZ
El juez archiva el 'caso Alumbrado' sobre supuestos amaños en contratos públicos
La justicia descarta que existan indicios de alteración en la adjudicación del contrato de 2008 para conservar y mantener las luces de Cádiz
El supuesto amaño de contratos en el mantenimiento del alumbrado público de Cádiz se ha quedado en un fogonazo sin consecuencias. El titular del juzgado de Instrucción Número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, ha dado carpetazo al asunto con el sobreseimiento y archivo del citado expediente tras ocho años de investigación . Mucho humo y poco fuego. El juez destaca en su auto, al que ha tenido acceso LAVOZ, que de las diligencias practicadas se extrae una concluyente y es que no hay indicios de que el jefe de servicio del Ayuntamiento alterara el pliego de condiciones del concurso para favorecer a una empresa .
De esta forma se cierra un proceso judicial que situó en el punto de mira a dos altos e históricos funcionarios del consistorio gaditano y puso en jaque también la gestión del responsable municipal de este área en su momento, el edil del PP, José Blas Fernández. La justicia ha puesto a cada uno en su sitio descartando cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de este servicio público, así como de las obras eléctricas complementarias que se contrataron entre los años 2008 y 2009.
La denuncia puso en jaque la gestión del PP y el trabajo de dos históricos funcionarios municipales
El 'caso Alumbrado' estalló en Cádiz en 2011 cuando estas supuestas irregularidades fueron denunciadas por el edil de IU en el Ayuntamiento, Sebastián Terrada. El político se hizo eco de la denuncia que interpuso en octubre de 2008 ante la Fiscalía el delegado de Imesapi, Juan Francisco López Gallardo, sobre un presunto amaño en la adjudicación del contrato público para la Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público de Cádiz. La denuncia de López Gallardo colocó a Germán Molina, jefe de servicio, en el centro de la diana y, más tarde, a Félix Merchán, director del área de Contratación. Según Gallardo, la Concejalía de Hacienda y Patrimonio, dirigida en ese momento por José Blas Fernández, había forzado la adjudicación en favor de la UTE formada por Monelec SL y Electromur SA. Esta acusación, aireada por IU, originó un tsunami político contra el equipo de Gobierno de Teófila Martínez.
IU se encargó de explotar el caso y el PSOE de pedir una Comisión de Investigación
La oposición en bloque pidió explicaciones a la alcaldesa para depurar responsabilidades, mientras que el juzgado seguía con la investigación. El denunciante aportó además cuatro conversaciones grabadas a los técnicos municipales donde, según su versión, se advertía de anomalías en la concesión de obras eléctricas complementarias. Así, López Gallardo había denunciado también con anterioridad como el Ayuntamiento manipulaba estas adjudicaciones en favor de empresas como Etralux y en perjuicio de otras como Cytel, con más posibilidades. Estas grabaciones fueron objeto de una investigación policial.
El Gobierno de Kichi anunció en enero de 2016 que se personaba en la causa como acusación
La maquinaria política aprovechó el momento para cargar contra el PP y cuestionar la gestión del equipo de Gobierno . De hecho, se pidió la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir este asunto y abrir una Comisión de Investigación. La sesión extraordinaria se celebró en marzo de 2014, sin embargo, el PP, con mayoría absoluta en el Pleno, tumbó la iniciativa aportando documentos sobre la legalidad y transparencia del concurso eléctrico.
El ‘caso Alumbrado’ subió de tono a medida que se destripaban las grabaciones. El último en sumarse al debate fue el nuevo equipo de Gobierno municipal, liderado por el alcalde José María González ‘Kichi’, que, en enero de 2016, anunció que se personaba como acusación en este caso . La instrucción acabó con seis imputados, entre ellos los dos funcionarios, además de tres responsables de sociedades mercantiles como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental. El sexto imputado era el propio denunciante de los hechos relacionados con la supuesta alteración de los baremos de asignación de las puntuaciones del concurso de contratación del alumbrado público de la capital gaditana.
El juez ha archivado el expediente «al no quedar acreditada la comisión de delito».
