Jueces y fiscales de Cádiz se concentran este jueves para pedir más medios

Jueces y fiscales de Cádiz se sumarán este jueves a las movilizaciones que han convocado en toda España las siete asociaciones que agrupan a estos profesionales. En el caso de la capital gaditana la manifestación está prevista que se celebre a las 13.30 horas en los juzgados de San José . También se concentrarán en Jerez y Algeciras. La protesta está respaldada por las cuatro asociaciones de jueces –Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– y las tres de fiscales –Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales–, con representación en toda España.

La protesta concluirá con la lectura de un comunicado en el que el colectivo judicial pide a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que con «urgencia» se acuerden una serie de medidas para reforzar la independencia judicial, modernizar la Administración de Justicia, racionalizar la planta del órgano y mejorar las condiciones profesionales. Jueces y fiscales solicitan más medios materiales y personales para poder hacer frente a su trabajo diario que se ve ralentizado por una carga que entienden que no se ajusta a los plazos que se les exige, y más tras las últimas reformas que buscan agilizar los procedimientos más largos.

En el comunicado que se leerá a las puertas de los juzgados, también se hace referencia a la LOPJ, pues no sólo se pide el «impulso inmediato» de la modificación de esta normativa para la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal; sino la retirada de esas 50 enmiendas que, según explican, «coartan el ejercicio de la función judicial y vacían ciertas competencias al órgano de gobierno de los jueces».

El 16 de junio de 2017 las cuatro asociaciones judiciales suscribieron un documento con «14 propuestas para la mejora de la Justicia» al que se han adherido más de 3.500 jueces y juezas y las tres de asociaciones de fiscales. Estas, por su parte, reclaman la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

Las propuestas de las asociaciones judiciales comprendían, por su parte, desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de sus miembros. Unas son competencia de las Cortes Generales, otras del Ejecutivo y el resto del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, transcurrido un tiempo desde que se suscribió dicho documento, el balance que han hecho «no puede ser más decepcionante». Según denuncian, el Gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembros de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y «no hay rastro de la racionalización de la planta, evitando así la precarización de las últimas promociones». Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años.