El jefe de formación del SAE en Cádiz denuncia desorden y falta de recursos

Pocos responsables públicos del SAE que han sido llamados a declarar ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz han sido tan claros como el jefe de Formación en Cádiz. Juan Antonio Vidal ha reconocido este martes que su departamento tuvo una gran desorganización y falta de personal cuando se ordenó el cambio de competencias de Empleo a Educación. Así lo ha hecho ante la mesa de la Cámara andaluza por la que han pasado ya los interventores de todas las provincias y otros cargos que fueron imputados por la jueza Mercedes Alaya cuando era estaba al frente del caso que investiga el fraude en los cursos para parados de la Junta.

Esta comisión, que se ha organizado de forma pararela a la investigación judicial, había citado hoy al responsable gaditano , que se ha visto señalado en el caso y tendrá que declarar también ante la jueza María Núñez Bolaños, que ha asumido la causa. Según ha explicado, la programación formativa llevaba casi parada desde 2012 , cuando se ordena que las competencias pasen de una consejería a otra. Ese cambio se empieza a tramitar en 2013, un año que ha calificado hoy como «fatídico» para la programación formativa precisamente por esta decisión. Sin embargo, ni siquiera llega a hacerse efectivo, puesto que todo el personal siguió trabajando en sus mismos puestos, pero sin una función determinada, según ha podido saber este medio.

Vidal ha relatado que se les comunicó que pasarían a Educación, lo que los obligaría a iniciar «un proceso de interinidad», de forma que una parte de los trabajadores de su departamento se quedarían en una consejería y otros se trasladarían a la otra. «En el departamento de Subvenciones se quedaron el jefe y dos personas nuevas y sin experiencia. En los peores años los peores medios », ha lamentado, al tiempo que ha recordado que « en el 2006 había subvenciones sin justificar de los años 2003, 2004 y 2005 que poco a poco se fue solventando con el refuerzo de una consultora».

A la pregunta de si recordaba irregularidades comunes en las subvenciones a las empresas del exconsejero gaditano Ángel Ojeda , imputado en varias piezas del caso, el jefe de Formación ha asegurado que su servicio «actuó con más celo a raíz de las denuncias publicadas en los medios de comunicación sobre el presunto fraude». Y sobre las exceptuaciones de los expedientes, ha indicado que la Dirección Provincial de Formación pedía un listado de entidades con problemas de justificación pendiente y «de ahí iban al SAE y al consejero de turno que era el firmaba las resoluciones». Sin embargo, tras el inicio del traspaso a la Consejería de Educación, ha incidido en que se vieron con menos recursos e incluso incapacitados para acceder a la herramienta informática.

Esa versión no es distinta de la que su departamento ofreció a los agentes de la Unidad de Control Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando la pasada primavera solicitaron información sobre los expedientes de reintegro de ayudas que habían sido emitidos. El último informe de la Benemérita remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla recoge esa falta de control en el departamento y excusa la poca colaboración con la justicia en que «no se dispone de acceso a ninguna de las aplicaciones con que las se gestionaban los expedientes en los ejercicios de referencia».

La respuesta que se ofrece desde este departamento del SAE en Cádiz llamó la atención de los agentes que llegaron a calificarlo como «un caso que merece mención aparte» , puesto que otras provincias como Córdoba, Granada, Huelva, Jaén o Málaga, en la misma situación, sí pudieron acceder al programa informático y enviar la información solicitada.

Cabe recordar que Cádiz es la segunda provincia con mayor número de expedientes sin justificar de cursos realizados entre 2005 y 2013. El montante ha sido cifrado por la Intergención General de la Junta en 229 millones de euros sin que nada se sepa de las solicitudes de reembolso que se han podido emitir o si alguna entidad ha devuelto dinero.