COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
La interventora de la Junta defiende que la normativa para controlar la formación era «muy mejorable»
Chao Serrano ha sido la segunda compareciente de la comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación
La interventora de la Junta en Cádiz, Nieves Chao Serrano, ha afirmado este viernes que la normativa de la administración para controlar los fondos de los cursos de formación era «muy mejorable», aunque ha garantizado que no ha detectado irregularidades que fueran susceptibles de elevarse a un órgano judicial durante la revisión de los expedientes en esta materia.
Chao Serrano, que ha sido la segunda compareciente de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en los cursos de formación, ha explicado que no hay menoscabo de fondos públicos «mientras que esté abierta la posibilidad de reintegro» y ninguno de los 12 expedientes que ha analizado han prescrito hasta el momento.
Sobre este asunto ha mantenido un rifirrafe con la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, quien le ha recordado que en su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España sí dijo que había menoscabo de fondos públicos, tal y como se refleja en informe emitido por esta unidad.
Esta cuestión ha sido negada por Chao Serrano, que ha insistido en que no realizó tal declaración. «Pues ya sabe más que yo», ha afirmado. Posteriormente, Ruiz-Sillero le ha dicho que si quería le enseñaba el informe en privado, al término de su comparecencia. Como se recordará el PP-A está personado en la causa judicial sobre las ayudas a la formación.
Durante su intervención, la interventora de la Junta en Cádiz ha denunciado que durante la elaboración del informe especial sobre las ayudas a la formación no se le facilitaron las herramientas necesarias por parte de la administración autonómica, en lo que se refiere al personal especializado. «Vino personal nuevo con mucha voluntad, pero especializado, solo yo», ha advertido.
Ha explicado que el informe especial sobre las ayudas a la formación entre los años 2009 y 2012 se realizó con 14 personas, de las cuales dos tienen reducción de jornada, y únicamente cinco son titulados de grado medio o superior. Este personal, según ha precisado, «carecía de formación práctica en procedimientos de auditoría y menos en un tema tan específico y complejo con miles de documentos a analizar». Si bien, el trabajo salió adelante con «un gran esfuerzo» de todo el equipo, que tuvo que compaginar esta labor con el resto de las funciones encomendadas.
«La documentación les llegaba totalmente desordenada»
También ha relatado Chao Serrano durante su intervención ante la comisión que la documentación de los expedientes que les llegó era «amplísima», no estaba en formato digital, y sí «totalmente desordenada», lo que les dificultó en gran modo el trabajo a realizar. De hecho, hubo documentos que no pudieron encontrar, «aunque puede que estuvieran», poniendo como ejemplo los partes de firmas de los alumnos asistentes a los cursos.
Junto a ello, ha explicado que de los 321 expedientes existentes se seleccionaron 55, a través de un muestreo, pero que únicamente se pudieron analizar 12 porque eran los únicos que estaban «conclusos». De todos ellos, ha podido saber con posterioridad que se han realizado propuestas de reintegro, en algunos casos ya firme. «Sé que es está actuando» por parte de los departamentos de la Junta correspondientes, ha afirmado la interventora.
Chao Serrano, que ha informado de que el citado informe especial no contó con ningún tipo de alegación, ha dicho que tiene una dilatada trayectoria y que un informe de estas características nunca se le había encomendado. «Es la primera vez», ha respondido la interventora a pregunta de la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, quien también le ha preguntado qué opinión le parece que los defectos en la tramitación de los expedientes sea una constante en todas las provincias.
Pide que no se ponga en su boca la palabra «descontrol»
Sobre este asunto, la interventora de la Junta en Cádiz ha dicho que esta comisión no es el lugar para que ella ofrezca «opiniones personales» y que, como técnico, puede decir que la actuación en la tramitación de expedientes ha sido «similar» en todas las delegaciones provinciales. Si bien, ha pedido no poner en su boca el término «descontrol» que había utilizado la diputada de Ciudadanos.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha alabado la «rigurosidad» de la interventora durante su intervención y ha criticado que determinadas formaciones hayan querido hacer ver a la opinión pública que las ayudas de la Junta se concedían «sin ningún papel ni control» cuando los controles han sido «abundantes». Según ha asegurado, el informe especial elaborado por los interventores provinciales ha supuesto «un plus» en dicho control.
El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha preguntado a la interventora sobre si contó con los medios materiales y humanos para llevar a cabo la revisión de los expedientes, a lo que esta respondió que «ni antes ni ahora». También se ha interesado en saber si ha encontrado durante este análisis algún documento que pudiera haber sido susceptible de enviar a la Fiscalía, a lo que la interventora ha contestado de forma negativa.
Por su parte, Elena Cortés, representante de IULV-CA en la comisión de investigación, ha preguntado a la interventora «si se había hecho algo bien», en relación a las irregularidades de las que alertaba en su informe. «No le puedo contestar a eso», respondía Chao Serrano, quien también, a preguntas de la diputada de IULV-CA, negaba tener competencia alguna sobre las ayudas a Delphi y ser consciente de una posible concentración de ayudas en Jerez. «Eso se nos escapa al control que hacemos», ha apostillado.
El martes comparecerán en el seno de la comisión los interventores de la Junta de Málaga y Sevilla, por la mañana, mientras que el exinterventor de la Junta Adolfo García declarará por la tarde. Como se recordará, este último fue llamado a comparecer en la comisión de investigación siendo interventor general de la Junta. Días después de conocerse el acuerdo de los grupos para su declaración en este órgano se conocía su dimisión del cargo por «motivos personales» .
La comisión de investigación, en su última reunión, acordaba citar a los comparecientes las semanas que no se celebren sesiones plenarias en el Parlamento andaluz, concretamente los lunes, martes y viernes de esas semanas. Los lunes se sustanciarán cuatro comparecencias y los martes y los viernes dos cada día, así como que se citarán también comparecientes el lunes y martes de Semana Santa y el lunes, martes y viernes de la Feria de Abril.
Por el momento, solo están cerradas las comparecencias de los ocho interventores provinciales de la Junta por orden alfabético de provincias y el exinterventor general Adolfo García, el 4, 7 y 8 de marzo, y también el 14 y 15 del mismo mes.
Concretamente, el día 14 acudirá la interventora general de Subvenciones, Teresa Arrieta , la exinterventora general de la Junta Rocío Marcos y la directora de calidad del SAE, para continuar con los jefes de servicio de las delegaciones de Empleo de Almería, y al día siguiente, con los de Cádiz y Córdoba, y con otros dos de la provincia de Granada.
Según el orden aprobado, tras los interventores acudirán funcionarios, beneficiarios, delegados provinciales, directores generales, secretarios generales, Tribunal de Cuentas y la ministra de Empleo, Fátima Báñez , para continuar con los exconsejeros, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán , el consejero de Empleo, Comercio y Empresa, José Sánchez Maldonado , y la presidenta de la Junta, Susana Díaz .
Estas comparecencias se iniciarán, según lo acordado por la comisión de investigación, el 21 de marzo «si no surgen inconvenientes durante el proceso administrativo de citación fehaciente de los comparecientes».
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