El Ingreso Mínimo Vital se estanca
La provincia lidera los rankings de beneficiarios, pero la burocracia deja fuera a muchas familias a las que el Gobierno pretendía llegar
Decenas de gaditanos hacen cola en la plaza de la Catedral durante una recogida de alimentos el año pasado.
El Gobierno de coalición aprobó una de sus medidas estrellas hace ahora un año y medio. España daba por finiquitada la primera ola del coronavirus y el entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, señaló aquel 29 de mayo de 2020 como «un día histórico para la democracia». La medida aprobada en el Consejo de Ministros, en palabras del ex líder de Unidas Podemos, supondría «el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia de 2006».
500 días después y tras varios ajustes en la ley, las palabras suenan exageradas si se comparan con los efectos que ha supuesto la medida. A nivel nacional, tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital –el 73%– han sido denegadas y sólo un 8 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza ha tenido acceso a la ayuda.
Cádiz se encuentra entre las tres provincias que más familias beneficiarias tiene en estos momentos, sólo por detrás de Sevilla y Madrid. 18.518 familias gaditanas, 21.844 sevillanas y 33.369 madrileñas han visto aceptada su solicitud para acceder a esta ayuda.
Además, entre los tres Cádiz es la provincia con más beneficiarios por población y se confirma como uno de los territorios donde más se reclama esta ayuda que en muchos casos se está quedando corta. «Estamos decepcionados. Hemos gestionado la solicitud de muchas personas, pero solo la han conseguido algunas y les han otorgado entre 70 y 90 euros», manifesta la portavoz de un colectivo desfavorecido en la capital.
Los datos muestran que casi una de cada tres familias gaditanas que ha solicitado esta ayuda no ha podido acceder a ella por diversos motivos. En total, se han aceptado 18.518 solicitudes de las 49.827 tramitadas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De esta forma, se tramitaron unas 50.000 solicitudes y apenas queda un centenar por subsanar.
El diputado nacional del PP de Cádiz, Pepe Ortiz, advertía recientemente de que la medida «no está teniendo la incidencia que debiera entre las familias gaditanas necesitadas». El número de solicitudes denegadas supera las 30.000, una cifra que imposibilita el despegue de esta medida en una provincia con muchas familias necesitadas, «especialmente tras el impacto de la crisis económica y falta de empleo por la pandemia y los problemas que tienen muchos ciudadanos para hacer frente al coste de la luz». Ortiz aseguró que «son muchos los gaditanos que se encuentran en situación de desamparo al negárseles esta ayuda» y pidió más cambios en los requisitos para facilitar el acceso de los más necesitados.
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