Golpe mortal a los exdelphi

La Justicia acaba de asestar un duro golpe al colectivo de extrabajadores de Delphi que aún aguarda el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta hace ahora nueve años. El Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, uno de los tres que llevan las demandas contra 420 extrabajadores de Delphi por la supuesta simulación de contratos laborales cuando recibían formación por parte de la Fueca y otras entidades, ha acordado desestimar la medida cautelar solicitada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de suspender las prestaciones o subsidios de desempleo que viene percibiendo los afectados . Se quedan sin prestaciones o ayudas hasta que se celebre el juicio por el presunto fraude en sus contratos, previsto para finales de 2017.

El origen de esta situación lo encontramos en en 2013 cuando el Ministerio de Trabajo reclamó la devolución de algunas cantidades que percibió este colectivo en concepto de prestación por desempleo . Según la Inspección, el tipo de contrato que reguló la formación remunerada que recibió el millar de extrabajadores entre septiembre de 2009 y octubre de 2012 fue ilegal. Además, este tipo de contrato les ha permitido sumar tiempo para futuras prestaciones. El contrato que reguló esa formación estuvo ideado por la Junta, pero no estaba contemplado en el ordenamiento laboral . Se le reclama a cada trabajador 6.231 euros. Esta información la publicó en exclusiva LA VOZ en octubre de 2014 cuando varios de los exdelphi fueron llamados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para rendir cuentas sobre el cobro de estas mensualidades. Los extrabajadores denunciaron entonces que ellos eran víctimas de un proceso laboral ideado por al Junta de Andalucía para mantenerlos ocupados hasta la prometida recolocación.

El expediente de Trabajo señala a la fundación FUECA , que depende de la Universidad de Cádiz, como última responsable de la tramitación tanto de los cursos formativos como de la gestión de los contratos y, según fuentes consultadas por este periódico, la Administración central le ha exigido a FUECA la devolución de 2,6 millones de euros, incluida la sanción administrativa. Cabe recordar que la Junta concedió en 2011 una subvención de 20,2 millones a la FUECA para la realización de «acciones formativas para la adquisición y actualización de competencias profesionales para extrabajadores de la multinacional Delphi». Precisamente, la Fundación ha sido la que ha puesto el caso en manos de la justicia. Los extrabajadores se consideran víctimas.

El juzgado entiende que tampoco se cumple el requisito del «peligro en la posible no recuperación de importe indebido si se estima la demanda». En este sentido, indicó que «cada uno de los demandados sabe, desde que recibió la demanda o antes incluso, que hay una posibilidad de que tenga que devolver el importe percibido», existiendo además la vía ejecutiva si, llegado el caso, el beneficiario no reintegrase, incluso con la vía de embargo de pensiones.

Así, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), «en ejecución del auto dictado por el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz», ha comenzado a comunicar la suspensión cautelar de las prestaciones a exelphi por la supuesta simulación de contratos laborales cuando recibían formación por parte de la Fueca y otras entidades . Los extrabajadores de Delphi han comenzado a recibir este miércoles la notificación de la Dirección Provincial del SEPE. En dicha comunicación se informa a cada afectado de que, «en ejecución del auto dictado por el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz en el que se estimaba la adopción de medidas cautelares en el procedimiento de revisión de prestaciones por desempleo, se ha procedido a cursar baja cautelar en la prestación que venía percibiendo con fecha de efecto del 1 de enero de 2016».

Fuentes del colectivo afectado han lamentado que se les aplique la suspensión de las prestaciones «sin que se les haya notificado por parte del juzgado respuesta al recurso de reposición» que formalizaron contra el auto en el que estimaba la petición del SEPE de suspender cautelarmente las prestaciones que vienen percibiendo.