TRIBUNALES
Un fugado menos y uno más
Tras su detención, Rodríguez de Castro ya no forma parte del registro de prófugos de los tribunales gaditanos, en el que siguen estando nombres como Jenaro y se ha sumado ahora El Tenebroso
![Un fugado menos y uno más](https://s2.abcstatics.com/media/provincia/2016/05/03/v/collage-fugados--620x349.jpg)
Ya hay que borrar un nombre de la lista de fugados más mediáticos de los tribunales gaditanos. Manuel Rodríguez de Castro , el exdelegado de Zona Franca entre 1996 y 2001 al que se buscaba desde que fue condenado a ocho años de cárcel por el caso Rilco, era detenido a las 19.40 horas del pasado día 21 en México por agentes adscritos a Interpol, tras una petición cursada por la Unidad de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía.
Rodríguez de Castro, ahora en el centro federal de readaptación social de México, está a la espera de su extradición hacia España por la sentencia que le condenó el 22 de julio de 2013 y que posteriormente ratificó el Supremo. Doce meses ha permanecido fugado.
Según han confirmado fuentes oficiales, el exdelegado de la Zona Franca de Cádiz estaba «totalmente integrado» en la sociedad de México.En 2014 había incluso obtenido la nacionalidad del país y estaba en plena expansión de una nueva empresa que había montado dedicada al servicio de banda ancha y despliegue de redes en el Norte, Centroamérica y el Caribe llamada Cromsat. Eso sí. Cambiaba a menudo de residencia y de teléfono, había dejado las redes sociales y su famoso blog y se hacía llamar Manuel Rodríguez.
Pero a pesar de tomar entre otras estas precauciones para evitar ser localizado, fue finalmente arrestado en su domicilio, ubicado en la zona de Pedregal de San Ángel de Ciudad de México, un lugar residencial donde se ubican algunas de las mansiones más lujosas del país.
Desde que en 2005 Rodríguez de Castro fue denunciado y comenzó a ser investigado, no se acordó ninguna medida privativa de libertad ni tan siquiera de restricción de movimientos. Tras la confirmación de la pena por parte del Supremo, el exdelegado de la Zona Franca sí tuvo tiempo de enviar un comunicado a los medios, asegurando que estaba en España, que la orden de busca y captura le producía «indefensión» y que tenía recurrida la sentencia. Además aseguró que sufría «una persecución política como la de Rodrigo Rato».
Tras ese escrito, sin más, desapareció . Ahora tendrá que ingresar en prisión por el caso Rilco, el fraude que cometió con un portal informático de comercio electrónico que, según se dictó, empleó para desviar dinero público a cuentas personales.Pero le queda también pendiente la imputación por el ‘caso Quality’ y una segunda condena menor, de un año y medio, por delito fiscal.
La localización y detención de Rodríguez de Castro no es el único caso de condenados que cruzan fronteras para escapar de la cárcel. Recientemente, agentes de la Policía Nacional detenían en Tarifa a un italiano de 49 años, que había huido de su país tras haber sido condenado por abusos sexuales continuados a sus hijas de 9 y 3 años. Lo localizaron gracias a las investigaciones abiertas tras haber recibido la orden europea de detención y entrega, emitida por las autoridades judiciales italianas. Los investigadores lo apresaron cuando iba caminando por una calle de la localidad gaditana donde al parecer estaba residiendo escondido en una autocaravana. Tras realizar las diligencias, fue trasladado a Madrid, y de ahí a Italia, donde ya ha ingresado en prisión.
Este caso terminó según lo establecido pero no siempre ocurre igual y hay fugados que jamás aparecen. El trabajo para localizar a personas fugadas de la justicia es lento, engorroso, burocrático y costoso en tiempo y medios. Y encima no deja de intensificarse. Tal y como avanzaba este periódico , la lista de los fugados más conocidos de Cádiz ha sumado un nuevo integrante. Se trata de El Tenebroso . Julio Balader ha hecho también oídos sordos al ingreso en prisión decretado por el juez lo que ha provocado que se active su busca y captura. Balader está condenado a 18 años de cárcel por matar a tiros a una mujer en El Puerto en septiembre de 2011 por un supuesto ajuste de cuentas entre clanes gitanos.
Una fianza que pagó en cuatro días
Fue en junio del año pasado cuando un jurado consideró culpable de asesinato con alevosía a Balader. El presidente del tribunal, el magistrado Miguel Ángel Feliz, dictaminó una pena de 18 años y decretó el ingreso en prisión provisional bajo fianza de 15.000 euros, una cantidad que el procesado logró pagar en cuatro días y salir de Puerto II donde había ingresado. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero este órgano ratificó íntegramente la pena impuesta. Por ello, la acusación particular y la Fiscalía solicitaron el ingreso inmediato del condenado en la cárcel por «riesgo de fuga» –al advertir que el procesado tiene capacidad económica y además cuenta con familiares en Nueva Zelanda–, pero finalmente no se acordó. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él.
La Policía ya tiene en su registro la orden de detención e ingreso en prisión de Balader. La Comisaría ha activado una alerta en el banco nacional de señalamientos para localizarlo según el protocolo. Además de haber ingresado su nombre en los avisos, su paradero ya está siendo investigado por el grupo central de localización de fugitivos de la Policía en Madrid.
Otro de los fugados que se encuentran en la lista de la Audiencia de Cádiz es Jenaro Jiménez , el protagonista de una extraña desaparición que finalmente se supo que había sido realmente una coartada para fugarse a Sudamérica. Su caso está actualmente paralizado en los juzgados ya que el principal sospechoso, él mismo, no aparece. Y los afectados por su fraude no tienen muchas esperanzas de que lo haga o que se despiste en algún control policial que sea el que le devuelva a Cádiz.
Hay que recordar que la última vez que desapareció, su regreso se debió a que un amigo pudo convencerle para que se entregara. Fue por tanto un acto voluntario pero inducido.
Las víctimas de la estafa que llevaron a cabo Luis Manuel García y Ana Suárez siguen esperando seis años después de que estallara la conocida ‘operación burbuja inmobiliaria’ , que se condene a los culpables. En enero de 2014 el Supremo ratificó la pena impuesta por la Audiencia Provincial de seis años para él y rebajó los cuatro y medio para ella. Ambos engañaron a una veintena de personas en la venta de cuatro inmuebles en Cádiz y un quinto en Chiclana. Se quedaron con las señales que le entregaron una veintena de afectados que a día de hoy no han recuperado su dinero. Las sentencias no se han ejecutado. Tanto Luis Manuel como Ana no han ingresado en prisión. Ilocalizables. Desaparecidos. Sin rastro de ellos. Han sido varias las ocasiones que se les ha tratado de notificar sin éxito la desestimación del recurso que habían interpuesto para paralizar su ingreso en la cárcel. Pero nada. Luis Manuel García sí pidió el indulto a lo que se opuso la Fiscalía ya que el procesado no había devuelto el dinero que adeudaba ni se había arrepentido.
Fue detenido en 2009 y apenas pasó varios meses en la cárcel. Este estafador dilató el proceso hasta que le llegó la orden de pagar entre rejas lo que había hecho. Ya no estaba.
El médico de la residencia de Chiclana o una hija de la Pinilla, entre los más actuale s
a idea de coger rápidamente las maletas y huir para esconderse de las órdenes judiciales no es exclusivo de los casos más mediáticos. Los juzgados se llenan de asuntos pendientes porque los investigados se encuentran en paradero desconocido, ilocalizables y, en algunas ocasiones, fugados.
Uno de los casos más recientes ha sido el relativo a la causa que se instruye en un juzgado de Chiclana contra un médico y seis enfermeros por presuntamente desatender en cuidados a dos ancianas que sufrieron graves infecciones y fallecieron posteriormente. Pues bien, el juez ya ha ordenado la busca y captura internacional de R. M., el médico que les atendía en la residencia y al que señalan los familiares de las víctimas como el presunto responsable de lo ocurrido. Está acusado de un delito de lesiones por imprudencia.
El asunto se destapó cuando la Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Grena’, investigó la denuncia planteada por el sobrino de una de las afectadas. Según los informes aportados, la paciente sufrió un auténtico calvario antes de fallecer en junio del pasado año debido a la grave infección que le provocó una gangrena en su pie que no se le curó.
Tampoco apareció en marzo por la Sección Cuarta de la Audiencia una de las acusadas del clan de la Pinilla, juzgados por tráfico de drogas y pertenencia a asociación criminal. Se trata de María del Carmen C. S., una de las hijas de Dolores, la matriarca del clan, cuya pareja se encuentra también en prisión. Su ausencia provocó que se pusiera en duda si se podía o no llegar a un acuerdo con el resto de los implicados, pero finalmente el Ministerio Público acordó abrir un procedimiento a parte para esta acusada con el objetivo de que esta circunstancia no retrasara más el procedimiento.
Dolores Sánchez, alias ‘la Pinilla’, considerada la cabecilla del grupo, se enfrentaba a 15 años de cárcel. Tras admitir los hechos la matriarca del clan cumple siete años y medio en la cárcel donde ya da cuentas por otra condena. Su pareja sentimental, su hija María del Mar C. S., y uno de sus yernos aceptaron la misma sentencia de conformidad, por lo que sus penas se han visto rebajadas también a la mitad. Por su parte, Rafael B. T., también yerno de Dolores Sánchez, admitió una pena algo menor, 6 años.