Fiscalía pide cinco años y medio para el exasesor de la Subdelegación Gobierno en Cádiz
El investigado Sebastián Ruiz acaba de ser sustituido en el cargo por el exalcalde Enrique Moresco
Sebastián Ruiz
La Fiscalía de Cádiz acusa a tres concejales del anterior gobierno del PP y Aipro de Arcos de haber enchufado a la hija del interventor accidental del Ayuntamiento, Antonio Muñoz , para que modificara informes contrarios a la gestión municipal.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al 2014 cuando los tres ediles - Carlos de la Barrera (Hacienda), Manuel Erdozaín (Urbanismo), y Sebastián Ruiz (Infraestructura)-, se encontraron el 18 de junio con el rechazo del interventor, quien informó negativamente de todas las nuevas adjudicaciones de obras e inversiones, debido a la delicada situación económica que atravesaba el Ayuntamiento.
Los tres concejales «decidieron de común acuerdo» ofrecer al interventor la contratación de su hija , a cambio de que modificase el sentido de este informe.
La investigación se había iniciado como una pieza separada de otra instrucción ya avanzada sobre casos de enchufismo de familiares de políticos en el Ayuntamiento de Arcos, por los que estos concejales también estaban imputados.
Relevo cuestionado
Se da la circunstancia de que Sebastián Ruiz acaba de ser relevado del cargo de asesor de Subdelegación por Enrique Moresco , exalcalde de El Puerto.
La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, se pregunta si «guarda relación con sus graves problemas con la Justicia » porque «se encuentra implicado» en una denuncia sobre enchufismo. Maese ha lamentado que «el PP haya esperado al minuto final, cuando estamos a las puertas del juicio oral , para reaccionar y decidir que no puede mantener en un puesto público tan destacado a un dirigente político que puede acabar en la cárcel».
Las penas
La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel , y nueve de inhabilitación, para Erdozaín y Ruiz , mientras que rebaja la petición a De la Barrera a cuatro años y medio , y al interventor a cuatro, por delitos de cohecho activo y pasivo y prevaricación.
El escrito considera probado que los tres concejales consiguieron convencer al interventor, que su hija, con estudios de peluquera, fue contratada como auxiliar administrativo, y que, a partir de ese momento, el gobierno municipal logró informes favorables, que no debería haber recibido.
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