TRIBUNALES
La Fiscalía mantiene las mismas penas para todos los acusados en el 'caso Quality Food'
Tras la celebración de la vista, el Ministerio Fiscal eleva a definitiva su calificación y no cambia su solicitud de condena de 16 a 10 años de prisión para los máximos implicados
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acogía este martes una nueva vista en el juicio que se sigue contra los investigados por el 'caso Quality Food' , el asunto que intenta dilucidar si antiguos responsables del Consorcio de Zona Franca y el empresario Manuel García Gallardo se pusieron de acuerdo para beneficiar de manera ilícita a través de ayudas públicas a la empresa alimentaria y a su mentor a costa del erario del Consorcio.
En esta sesión las acusaciones daban cuenta de sus informes y conclusiones tras haber practicado todas las pruebas testimoniales en sala durante las pasadas semanas. Y por su parte, el Ministerio Público elevaba a definitiva su calificación provisional pidiendo las mismas penas por los mismos delitos para todos los imputados. Es decir, dieciséis años y siete meses para el empresario isleño por hasta siete delitos , catorce y siete meses para su madre, y diez para el exdelegado de Zona Franca, Miguel Osuna, y su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani. Solo añadió una corrección en cuanto al exdirector de la sucursal bancaria donde acudía a pedir los préstamos señalados García Gallardo, Víctor Ocaña, al que sumó un año más de prisión ya que en su escrito inicial había calificado el delito pero no cuantificado en pena. Además añadió para el creador de Quality la prohibición en dos años de no poder optar a ayudas públicas si resultase condenado.
Por su parte la Abogacía del Estado también elevaba a definitiva su calificación y solo hacía algunas precisiones referidas a detalles que se han conocido durante la vista.
La representación del PSOE y el PP, también personados en esta causa, confirmaban también al tribunal sus peticiones. El abogado del Partido Popular recordaba que no presentaban acusación contra Osuna ni Fedriani. Intentaba además incluir un delito de estafa en grado de tentativa por unas operaciones planteadas durante el juicio pero el tribunal consideraba que ya no era momento de añadir esa posibilidad.
En cuanto a la personación civil de Corporación Alimentaria Quality, su representante legal solicitó el pago de una responsabilidad civil de más de dos millones de euros a García Gallardo si resulta condenado.
Por su parte, todas las defensas volvieron a pedir la absolución de sus representados al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito alguno. Además todos solicitaron a los magistrados que con carácter subsidiario tengan en cuenta la aplicación muy cualificada del atenuante por dilaciones indebidas (el caso ha tardado en juzgarse quince años).
«Se miró un interés privado»
Tras las conclusiones, el Ministerio Fiscal dio a conocer a las partes y el tribunal su informe . En él pasó a analizar cada una de las figuras del procedimiento y la relación que guardaban entre sí. Tanto los acusados, como el ente público supuestamente afectado y las sociedades con las que se gestionaron las ayudas. La fiscal recordó el origen del vínculo entre Zona Franca y Quality Food, una sociedad familiar creada en agosto de 2000 con un capital inicial de un millón de euros. El primer contacto con el Consorcio se tuvo a partir de la instrumental Sogebac tras el convenio de asesoramiento en mayo de 2001. Dicho acuerdo fue firmado entre García Gallardo y Osuna y obligaba a Zona Franca a asesorar en materia de ayudas y comercio exterior a la empresa alimenticia, y a cambio Sogebac entraba en la sociedad con la adquisición de 50 acciones.
A partir de ahí comienza, para la acusación pública, la parte más oscura y dudosa de esta historia. Uno de estos episodios es la adquisición y las obras que se realizan para ampliar la factoría en los exteriores del recinto fiscal a cargo de la sociedad Corporativa de Inmuebles. «Esas obras no fueron abonadas ni ejecutadas», sostuvo la fiscal. «Se creó una apariencia contable, no solo para la entidad pública sino también para todos sus socios» . Según asegura el Ministerio Público esos trabajos se dieron como compensación a Sogebac «y no solo no se abonaron sino que además figuraron como deuda». Al frente de esta sociedad inmobiliaria García Gallardo puso a su amigo de la Universidad, también imputado, Rafael Borrego al que se le acusa de ser un testaferro y para el que se solicitan dos años de prisión. Según su declaración, no supo nunca nada de esas obras .
En cuanto a las ayudas a las que se opta para la ampliación de capital, el ministerio fiscal entiende que en los diferentes comités que se efectuaron al respecto se ocultó información «con voluntad de ello» y no se dijo que era necesario un informe externo (sin contar con datos sacados de la misma Zona Franca) hasta el final. Además la fiscal puso en duda la urgencia de dicha operación económica y que se realizara sin pagar una prima de emisión a una empresa que realmente no haber demostrado su viabilidad. «Se le dio contenido económico a una sociedad que no era una realidad», manifestó.
Además, el Ministerio Público destacó también que el informe para optar a dicha ampliación que se contrató con Natura se encargó 'ad hoc'. «Había ya un propósito fijado. No hay datos oficiales y contrastados de esa necesidad».
Con respecto al crecimiento de capital posterior, la Fiscalía sigue manteniendo que no se hicieron de acuerdo a la más estricta legalidad omitiendo referencias a las condiciones que se acordaban y después justificándolo «como podían». «No entiendo cómo una entidad pública ponía el dinero y luego ellos decidían si vendían o compraban. No se miró un interés público, se miró un interés privado».
El juicio continuará este miércoles con la presentación de los informes de las defensas y posteriormente ejercerán su derecho a la última palabra todos los acusados. Y así, tras más de una década de curso judicial, el 'caso Quality Food' quedará visto para sentencia.
