La Fiscalía alerta de un nuevo incremento en la construcción de viviendas ilegales
Al contrario que años anteriores se rompe la tendencia y aumentan los procedimientos por edificaciones irregulares
Hace justo un año, el que fuera alcalde de Chipiona, el médico Antonio Peña, dimitía por sorpresa. El regidor del Partido Popular renunciaba porque, según manifestó, no estaba dispuesto a derribar una treintena de viviendas ilegales que se habían levantado en su municipio en la época en la que gobernaba elPSOE. Él lo hizo ante los micrófonos. Puso palabra a un asunto que se dirime a menudo en los despachos de muchas alcaldías pero que de puertas para fuera se prefiere llevar con total discreción. Las demoliciones de casas, aunque con una orden judicial sobre la mesa, no son populares para un político y es mejor ponerse de lado.
El órgano fiscal vuelve a dar un tirón de orejas a los ayuntamientos por no controlar esta ilegalidad y no ejecutar los derribos
La Fiscalía de Medio Ambiente es consciente de que esto ocurre y en su Memoria Anual así lo refleja. Según expone en ella, la ordenación del territorio continúa siendo en la provincia el bien jurídico sometido a los más intensos ataques, provenientes tanto de la urbanización ilegal aislada –pero que, al final terminan siendo verdaderos núcleos de población–, como de la realizada de manera masiva, omitiendo todo acatamiento a la normativa urbanística.
El órgano judicial advierte además de un cambio de rumbo ya que al contrario que los años anteriores se ha roto la tendencia hacia una reducción de la actividad edificatoria ilegal como denota el notorio incremento de los procedimientos que han tenido que iniciar los fiscales en esta materia.
Así por ejemplo se continúa con la instrucción del caso conocido como ‘Obra Nueva’, en el que se investiga una amplia trama de delincuencia urbanística que ya alcanza una mayor dimensión por lo que se ha tenido que solicitar la complejidad de esta causa.
La mayoría de estos procedimientos judiciales tramitados tienen por objeto las construcciones ilegales que se llevan a cabo tanto en suelo no urbanizable común como en suelos no urbanizables especialmente protegidos. Entre estos últimos se han denunciado viviendas ilegales edificadas dentro del Parque Natural del Estrecho en Tarifa o en el de los Alcornocales. Además son habituales las construcciones ilícitas realizadas dentro de zona delimitada como cañada real, es decir, vía pecuaria.
El Ministerio Público ha detectado casos en los que las casas investigadas ni siquiera tenían un expediente ya iniciado
Pero para la Fiscalía, lo que resulta quizá más dañino y sobretodo poco ejemplar es que la mayoría de estos diseminados al margen de la ley se han construido contando con la vista gorda de los consistorios. Casi todas estas construcciones ilegales que son objeto de investigación en los procedimientos judiciales han sido previamente objeto de un expediente de disciplina urbanística incoado por el Ayuntamiento correspondiente o por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La escasa eficacia de las medidas cautelares que toman (que normalmente pasan por la paralización de las obras)hace dudar a la Fiscalía de la efectividad real de estas sanciones.La mayoría de las veces se incumplen por lo que terminan en una condena por falta de desobediencia.
Pero es todavía peor. Según denuncia Fiscalía han detectado casos en los que las construcciones ilegales investigadas en vía judicial ni tan siquiera habían dado lugar a la incoación de un expediente sancionador disciplinario tramitado por la corporación local. Las razones aducidas por los ayuntamientos para no haber aplicado la ley en este sentido fue el exceso de trabajo.
Por eso entienden que realmente lo que evita el efecto llamada de este tipo de construcciones es que los ciudadanos sepan a qué se enfrentan penalmente. A que si construyen donde no se puede, la casa puede acabar hecha añicos. Sin embargo la Fiscalía lamenta que estas demoliciones obligatorias que tienen sentencia penal firme no se estén ejecutando.
Una nueva excusa para no derribar es que ninguna empresa de demoliciones quiere hacerse cargo
Así entiende como especialmente lamentable las dilaciones que existen en este sentido. En primer lugar porque el penado suele hacerse el sordo y ante una insistencia del juzgado encargado de la ejecución que se dilata bastante en el tiempo aduce motivos de insuficiencia económica para llevar a cabo la demolición acordada. Y en segundo lugar, porque esa misma desidia se observa en los ayuntamientos cuando subsidiariamente deben proceder a ejecutarla. También terminan poniendo como excusa el dinero. O, una novedad, ninguna empresa se quiere encargar de tirar esas casas. La Fiscalía recuerda en este sentido que no es necesario que los ayuntamientos acudan a un procedimiento de ejecución externo sino que puede realizarse por los propios servicios municipales. Es otro giro de tuerca más de ciertos ayuntamientos de la provincia que se vienen revelando como un factor criminógeno de peso en este tipo de conductas ya que el particular sabe que cuenta con la tolerancia, en ocasiones muy activa, de su propio ayuntamiento.
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