Tribunales | Cádiz
Un festival 'fantasma' le podría costar la cárcel a un exalcalde del PSOE de Chipiona
Anticorrupción pide cinco años y ocho meses de prisión para Manuel García quien recibió ayudas públicas para un evento que nunca se celebró en la localidad pero cuyas facturas sí presentaron
La Guardia Civil detuvo en 2016 al exregidor y al resto de implicados tras realizar una compleja investigación
Manuel García Moreno fue alcalde de Chipiona desde 2004 a 2011.
En octubre de 2016 agentes de la Guardia Civil detenían al exalcalde de Chipiona, el socialista Manuel García Moreno, regidor de 2004 a 2011 , y a seis personas más, entre ellas un concejal y otros cargos municipales, acusados de formar una trama que estafó y se apropió de subvenciones públicas con el pretexto de la organización de un festival destinado a los jóvenes que supuestamente iban a hacer en la localidad. Sin embargo, y según las pruebas que se pudieron obtener tras una denuncia que se presentó, dicho evento jamás llegó a celebrarse y el dinero obtenido –tanto las ayudas como otras partidas presupuestadas para ese mismo fin– nunca apareció.
Según se informó entonces y tras las documentación que recabaron, se les detenía como presuntos autores de malversación, prevaricación, falsedad documental y estafa. Tras tomarles declaración, todos salieron en libertad con cargos.
La noticia fue una bomba informativa tanto en el municipio como en el resto de la provincia ya que sorprendió el hecho de que algo que era evidentemente tan público, como la celebración de un evento multitudinario, hubiera podido servir de pantalla para una supuesta corruptela política. Un juzgado de Sanlúcar de Barrameda ha estado durante años instruyendo las correspondientes diligencias sobre este complejo caso y ahora es la Fiscalía, que también ha participado de manera activa en este procedimiento, quien ha solicitado la apertura del juicio oral.
El Ministerio Público en su escrito de acusación , al que ha tenido acceso este periódico, solicita para los procesados diferentes penas. Para el exalcalde, el que fuera su asesor y el exconcejal de Juventud, la condena de cinco años y ocho meses de prisión para cada uno de ellos por los delitos de prevaricación como cooperadores necesarios, falsedad continuada en documento oficial y fraude a la administración en concurso medial con estafa. Y por otro delito de prevaricación por omisión, una pena de inhabilitación para cualquier cargo público por un período de seis años. Para el resto de encartados, finalmente ocho en total, dicha petición de pena varía según las autorías de los hechos que se les han imputado. De cuatro años y medio a tres.
Los hechos
Pues bien, según recuerda el fiscal en su calificación, todo comenzó cuando en marzo de 2010 se firmó entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un convenio por virtud del cual se canalizaba una subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado a favor de los municipios que quisieran desarrollar actuaciones dirigidas a los jóvenes, mediante programas en el ámbito local.
Así en abril de ese año la FEMP aprobó las bases para la convocatoria de estas ayudas públicas. Las admitidas serían publicadas en una web junto al importe a recibir. La Federación aportaba el 75 por ciento de la concesión –una vez dada dicha subvención– y el 25 por ciento restante sería abonado cuando se hubiese justificado la totalidad del programa, para lo que había que enviar toda la documentación oficial y preceptiva en estos casos, información que se detallaba.
Así por parte del Ayuntamiento de Chipiona, su concejal de Juventud, junto al alcalde y su cargo de confianza se decidió solicitar la ayuda para la realización de la 'Woorking Vision Lan Party Chipiona 2010'.
De esta manera el edil presentó en la FEMP la solicitud señalando que querían celebrar el evento del 8 de octubre al 12 de octubre de 2010 . Para ello pedían una subvención de 18.000 euros, aportando en principio el Ayuntamiento la cantidad de 3.400 euros, siendo el coste total del proyecto 21.400 euros, con una asistencia previsible de 300 jóvenes.
En la solicitud se indicaba como responsable político del evento al concejal José Ignacio Martínez y como responsable técnico a una trabajadora del Ayuntamiento de Chipiona, quienes ya habían sido los responsables de otra anterior Lan Party que se había celebrado en el año 2008 en dicha localidad. Entre los contenidos que iba a tener llegaron a especificar que se realizaría un taller sobre emancipación juvenil, conferencias sobre violencia de género, prevención de embarazos, y otras cuestiones.
En agosto de 2010 se reunió la Comisión de Seguimiento que tenía que otorgar estas ayudas y se aprobaron 3.500 euros para este proyecto de los 18.000 que habían solicitado. Así en agosto la propia FEMP le especificó los detalles sobre las partidas al edil por carta. Como en un primer momento no hubo respuesta, de nuevo en septiembre volvieron a contactar con ellos requiriéndoles para que de manera urgente aceptasen o renunciasen a la subvención, ya que el resto de entidades locales beneficiarias estaban a la espera para poder recibir sus transferencias.
Y así desde septiembre a noviembre hubo varias comunicaciones transmitiéndoles dicha premura. La razón de este retraso se argumentó en que esa cantidad de dinero, mucho menos del solicitado, les había despertado dudas sobre si celebrar o no el evento. Hasta que finalmente los supuestos responsables de la solicitud «decidieron de común acuerdo, aceptar la subvención, no realizar el evento y justificar mediante facturas e informes falsos su ejecución», explica la Fiscalía.
Para ello contaron «con la estimable colaboración» de una técnico municipal, única trabajadora de la Delegación de Juventud, de la técnico de personal, de la secretaria accidental del Ayuntamiento, del director del Área de Comunicación y de un empresario.
Documentación «falsa»
A finales de noviembre se les requirió toda la documentación sobre todo el proyecto que supuestamente ya se había celebrado. «A sabiendas de que no se había realizado la Lan Party, se remitió a la FEMP una serie de documentación falsa con el ánimo de justificar el proyecto no ejecutado y cobrar los 3.500 euros de la subvención, que finalmente le fueron ingresados».
Para la Fiscalía llama la atención que enviaran en la fecha indicada de manera conjunta el número de cuenta, la aceptación de las bases (firmada justo un día antes) y la justificación de la ejecución del proyecto, cuando según las bases primero se debía de remitir el número de cuenta y la aceptación de las bases, lo cual daba lugar al ingreso del 75% de la subvención y con posterioridad una vez finalizado el proyecto, se debía de justificar el mismo y se abonaría el 25% restante.
«Carece del más mínimo sentido que se aceptasen las bases el 29 de noviembre con posterioridad a la supuesta fecha de la ejecución del proyecto que según consta en la solicitud inicial se hizo entre el 8 y el 12 de octubre, aunque nunca se llegaría a llevar a cabo».
El juicio sobre este asunto no está de momento señalado.
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