CONFLICTO DELPHI

Los exdelphi se plantan ante el Parlamento de Andalucía

Los parados gaditanos de esta compañía junto con otros colectivos trasladan a Sevilla sus reivindicaciones

Los extrabajdores de Delphi se han desplegado por los alrededores del Parlamento Andaluz LA VOZ

JAVIER RODRÍGUEZ

Los extrabajadores de Delphi han viajado de nuevo a Sevilla para trasladar sus reivinciacaciones ante el Pleno que se celebra esta mañana en el Parlamento Andaluz. Un fuerte cordón policial ha recibido a los manifestantes, que han hecho piña junto a otros colectivos que también han aprovechado la reunión plenaria para hacerse oír. Los parados gaditanos no han podido acceder a la sede del Parlamento , como era su intención, y han expresado su indignación ante los últimos acontecimientos que agravan aún más su situación sociolaboral. No es para menos. La Administración les pide ahora el reembolso de una parte de las ayudas que cobraron entre 2009 y 2012.

El expediente que inició la Inspección de Trabajo en 2013 por un supuesto fraude en el contrato de formación y en el cobro de una parte de las prestaciones ha terminado en el juzgado. El Ministerio reclama la devolución de algunas cantidades que percibió este colectivo en concepto de prestación por desempleo. Según la Inspección, el tipo de contrato que reguló la formación remunerada que recibió el millar de extrabajadores entre septiembre de 2009 y octubre de 2012 fue ilegal. Se le reclama a cada trabajador 6.231 euros. Sin embargo, los sindicatos han recurrido para suspender la reclamación del reintegro hasta la celebración del juicio, previsto para finales de 2017.

Se da la circunstancia de que que fue la Junta, a través de la Consejería de Empleo, la que ideó una relación laboral que, finalmente, ha sido considerada ilegal. La Inspección de Trabajo insiste en su informe técnico que hubo una simulación de contrato para amparar a los exdelphi bajo el paraguas de una formación remunerada. Es decir, la figura laboral que inventó la Junta para contratar a parados y pagarles un salario público por dar un curso de formación no está contemplada en el ordenamiento laboral.

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