TRIBUNALES
Dos exalcaldes de Rota, condenados
Pena de cárcel para Lorenzo Sánchez e inhabilitación para Eva Corrales por el 'caso uniformes'
Tras más de seis meses de deliberación, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz emitía ayer su fallo sobre el ‘caso uniformes’ que ha dirimido la responsabilidad de veinte acusados en las compras irregulares que el Ayuntamiento de Rota hacía a la empresa de confección propiedad del exalcalde Lorenzo Sánchez y otros socios. La Sala ha condenado al exregidor de Roteños Unidos (RRUU) y actual miembro de la Corporación municipal, a año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación por un delito continuado de negociaciones prohibidas, además de diez años de inhabilitación para cargo público por prevaricación. La misma pena ha impuesto a la exconcejal Montemayor Laínez, quien fuera considerada su presunta mano derecha en la trama que se ha juzgado.
Por su parte, Eva Corrales, también exalcaldesa de Rota y exconcejal del PP, ha sido condenada a siete años de inhabilitación para cargo público por delito de prevaricación aunque ha quedado absuelta de la pena de negociaciones prohibidas.
Además, Antonio Peña (PP), exalcalde de Chipiona, pero que durante los hechos juzgados ocupaba el cargo de concejal en Rota, ha resultado finalmente absuelto.
En cuanto al resto de acusados, la mujer de Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco ha sido condenada a un año de prisión y dos de inhabilitación por negociaciones prohibidas, además de siete años de inhabilitación por prevaricación. Mismas penas se impone a Isidro Martín Bejarano, considerado por la acusación como el testaferro de Sánchez.
Para Ismael Puyana y Sonia Rodríguez, administradores de las empresas investigadas, se imponen seis años de inhabilitación. El resto de funcionarios, como el secretario del Ayuntamiento, que fueron juzgados además de los miembros del equipo de Gobierno, también investigados, han resultado absueltos.
La causa sentó en el banquillo de los acusados en mayo y durante nueve sesiones a una veintena de personas, entre ellos, tres exalcaldes además de otros políticos y funcionarios. El ‘caso uniformes’ dirimía la responsabilidad de los investigados por firmar contratos públicos en la compra de uniformes para el Ayuntamiento roteño que fueron adjudicados presuntamente a una red de empresas propiedad de Lorenzo Sánchez, de su esposa y de varios concejales, a pesar de la prohibición legal que impide a los cargos públicos hacer negocios con la Administración.
El Ministerio Público solicitaba penas de inhabilitación y/o cárcel para 20 personas. A la cabeza de todas ellas, por la gravedad de los hechos imputados, el exalcalde y antigua mano derecha de Corrales, Lorenzo Sánchez. La Fiscalía pedía para él cinco años de prisión y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación, gestión interesada y falsedad. Sánchez forma en la actualidad parte de la Corporación municipal de Rota por RRUU por lo que esta sentencia, de ser firme, forzaría su salida del Ayuntamiento. Además también se ha dilucidado la responsabilidad de Antonio Peña (PP), el único que en el momento del juicio (dimitió el pasado mes de octubre), y que en el momento de los hechos, era concejal en Rota.
Tres en una
La sentencia, a la que ha tenido acceso LA VOZ, repasa punto por punto y de una manera detallada en más de doscientos folios, el desarrollo de los hechos. Así, considera probado que Lorenzo Sánchez constituyó desde el año 84 a 1996 tres sociedades distintas que, «bajo una unidad empresarial única» se dedicaban a la fabricación de uniformes y su posterior comercialización. Éstas eran: Coanda Sociedad Cooperativa Andaluza, Epis Rotasur S. L. y, por último Pacheco Puyana S. L., en la que figuraban como admistradores y socios otros de los investigados.
Unas bateas para las fiestas que pueden complicar el indulto
La contratación de unas bateas para las cabalgatas y fiestas de Rota podría complicar que el Gobierno conceda el indulto que ha solicitado Eva Corrales, por la condena de 4 años y medios de cárcel que tiene pendiente por el ‘caso horas extras’. Como se recordará justo la misma Sala que ahora ha emitido el fallo del asunto de los uniformes le consideró autora de un delito de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación administrativa por realizar pagos irregulares por horas extras a un funcionario municipal. Según fuentes consultadas, una nueva condena, si se hace firme, dificultaría el visto bueno a dicho indulto aunque no lo impide.
En esta ocasión, la Sala da por acreditado que Eva Corrales «actuando de común acuerdo» con el entonces alcalde Lorenzo Sánchez y con el consejero delegado de la sociedad municipal Aremsa, y «con la exclusiva finalidad» de que se adjudicase su adquisición a la empresa del regidor, se decidió encargar a Aremsa la adquisición, ya que según su normativa al no superar los 50.000 euros se permitía adjudicar el contrato directamente a la empresa que eligieran. En este caso, fue precisamente a Pacheco Puyana, de Sánchez. Se burlaba así la Ley de Contratos por Sector Público de 2007, que impedía la libre elección del adjudicatario. Señala el fallo que fue Corrales la encargada de tramitar dicho procedimiento. Inicialmente solicitó a Aremsa presupuesto para la construcción de ocho bateas, por más de 51.000 euros.
Tras trasladarle el expediente al interventor, éste emitió el 25 de febrero de 2009 informe de reparo, en el que advertía de que no se había tramitado la correspondiente enmienda según el convenio y los estatutos. A pesar de dicho informe «en contra del interventor y teniendo conocimiento del mismo», Eva Corrales, realizó escrito de propuesta para aprobar la construcción de dichas bateas por parte de Aremsa, recibiendo luz verde también en la Junta de Gobierno Local.
