Tribunales
El exalcalde de Rota Lorenzo Sánchez se enfrenta otra vez a una condena de cárcel
El líder de Roteños Unidos y también quien fuera su mano derecha, Antonio Peña, están acusados de prevaricación y fraude por una permuta irregular para la construcción de un párking por la que favorecieron presuntamente a unos constructores amigos
La Fiscalía solicita para el exregidor dos años de prisión y doce de inhabilitación
Tras un rosario de causas abiertas en los tribunales en los últimos años, el exalcalde de Rota, parece que todavía no ha terminado de rendir cuentas ante la justicia por la gestión que realizó al frente del Ayuntamiento de esta localidad gaditana durante los años en los que fue el primer edil del municipio.
De nuevo, tendrá que sentarse en el banquillo . Esta vez acusado de los delitos de prevaricación y fraude por las supuestas irregularidades cometidas en la permuta que hizo con una empresa privada para la construcción de un párking. Se da la circunstancias que los supuestos beneficiados son los propietarios de la empresa Promociones Castellano, empresarios que han sido procesados junto a Lorenzo Sánchez en anteriores ocasiones. Cabe recordar que el exregidor ya fue inhabilitado y tuvo que abandonar su puesto como concejal por el 'caso uniformes' .
En esta ocasión, Lorenzo Sánchez está procesado junto a Antonio Peña, concejal de Urbanismo entre los años 2003 y 2007, los empresarios de la constructora Felipe y José Castellanos y el arquitecto que intervino en la operación.
Según indica la Fiscalía en su escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento de Rota era dueño de una parcela cuyo uso según el Plan General de Ordenación Urbana era el de equipamiento público. El Consistorio había obtenido la totalidad de dichos terrenos mediante el sistema de expropiación. En dicha unidad de ejecución existía un inmueble que fue adquirido por el acusado Felipe Castellano en representación de su empresa por un importe de 483.322,12 euros. Asimismo, el Ayuntamiento de Rota era titular de 2.053,57 unidades de aprovechamiento urbanístico, en el Pago de Valdespino y que por tanto formaban parte del patrimonio municipal de suelo.
Así a principios del año 2006 el acusado Lorenzo Sánchez, entonces alcalde, junto a los empresarios «de forma conjunta idearon, prepararon y desarrollaron un plan en virtud del cual, se adjudicaría a dicha mercantil tanto la construcción de obra pública consistente en un parking público, eludiendo cualquier procedimiento de licitación pública que garantizase los principios de publicidad y concurrencia, como 2.503,57 unidades de aprovechamiento urbanístico, en el Pago de Valdespino».
Todo ello, incide la acusación «en perjuicio de la Administración, al no sacarse a licitación pública, la obra pública del párking ni sacarse a concurso público la enajenación de las unidades de aprovechamiento urbanístico, lo que privó de la necesaria publicidad y concurrencia como medio para garantizar un precio de mercado a través de la consabida pluralidad de ofertas».
'Diseñado' por los acusados
Como incide el Ministerio Público, todo ello fue diseñado, por los mencionados acusados , aprovechando que Lorenzo Sánchez, era alcalde y podía hacer dicha operación a través de un convenio. Según detalla el fiscal, como el valor de las obras de construcción del aparcamiento y de la finca era superior al valor de las unidades de aprovechamiento, el Ayuntamiento de Rota se obligaba a satisfacer esa diferencia en metálico.
De esta forma, se favorecían los intereses de Promociones Castellano, que por una parte veía como un solar que había adquirido hace menos de un año antes por 483.322,12 euros se valoraba en 1.192.840,39 euros (más del doble), y además lograba la adjudicación directa de una obra pública valorada en 1.989.099,70 euros respecto del proyecto inicial que ascendieron a 606.134,56 euros), prescindiendo totalmente del procedimiento de adjudicación pública.
Para la Fiscalía, dicho convenio « estuvo plagado de irregularidades en su tramitación , y sin previo expediente de permuta, el cual se tramitaría con posterioridad y también repleto de irregularidades». Promociones Castellanos se aseguraba la ejecución de una obra pública sin procedimiento de licitación pública y la adquisición de unas unidades de aprovechamiento sin concurso público, fijando de antemano entre ellos el precio de transmisión, eludiendo la concurrencia y pluralidad de ofertas como medio para garantizar un precio de mercado en dicha transmisión, lo cual redundaría en beneficio del único adquirente y en lógico detrimento de las arcas públicas.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita que se le imponga a Lorenzo Sánchez una pena de inhabilitación de doce años como autor de un delito continuado de prevaricación y dos años de prisión por otro de fraude . Por su parte a Antonio Peña, en concepto de cooperador necesario por prevaricación a una inhabilitación de ocho años.
En cuanto a los empresarios, once meses de prisión por fraude y ocho años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Y al último procesado, el arquitecto, cinco años de inhabilitación. El juicio no está de momento señalado.
