Europa recibe en vivo la petición de un funcionario gaditano

Sin puntualidad británica ni suiza, que para eso la sede es francesa –Estrasburgo– pero se cumplió el compromiso. El Parlamento Europeo acogió en la tarde de este lunes la intervención telemática de un funcionario gaditano. Con unos pocos parlamentarios en el hemiciclo galo y con Adam Pokorny como comisionado para apoyar su propuesta, Francisco José Pons Bejarano, funcionario de Rota la reivindicación de 5.000 compañeros de la provincia, de 160.000 en Andalucía y de 800.000 en toda España.

A ese gran colectivo representó con una propuesta que ha conseguido superar todas las trabas burocráticas para resonar en ese Parlamento de Europa que se antoja siempre tan lejano y ayer, a las 17.15 horas, lo fue un poco menos.

Pons Bejarano defendió el proceso de regularización de interinos en España. Es decir, que todos esos (casi 800.000) que llevan más de tres años encadenando contratos temporales o precarios –muchos de ellos con lustros o décadas en esa situación– pasen a ser funcionarios con estabilidad, con un puesto fijo. En el caso del ponente, Pons, suma, en tres contratos temporales, casi 20 años de trabajo en el Ayuntamiento. Está moralmente autorizado como representante del amplio colectivo. Lo hizo en terreno propicio porque fue la propia Unión Europea, a través de su Tribunal de Justicia, la que puso en marcha esta reivindicación. Una sentencia del pasado 3 de junio resolvió que existe «un abuso intolerable» de este tipo de contratos en las instituciones españolas. El Gobierno, semanas después, se vio obligado a reaccionar y anunció el ‘Icetazo’ –en referencia al ministro que firmó el decreto ley, actualmente en Cultura, Miquel Iceta–.

Para poner fin a esa situación que Europa denuncia, el Ejecutivo estudia desde entonces, con ese decreto por concretar, que los interinos o temporales pasen a ser fijos pero medio año después falta por concretar dónde se pone el límite. Si se incluye en la «fijeza» a los que lleven así más de diez, de cinco, incluso de tres años. La medida afectaría a todos los empleados públicos en esa situación en cualquier administración: municipal, provincial, regional o estatal. En definitiva, casi un millón de personas, 800 sólo en una ciudad pequeña como Cádiz.

El comisionado europeo Adam Pokorny respaldó con su intervención las reivindicaciones del funcionario roteño, incluso llegó a mencionar posibles sanciones si el Gobierno español no atiende con prontitud la sentencia de junio del Tribunal de Justicia Europeo.