Entrevista José Blas Fernández

«Estamos siendo los médicos de cabecera de autónomos y pequeños empresarios»

El presidente de los graduados sociales de la provincia cree que el Gobierno central ha creado una inseguridad jurídica «tremenda» en el país

José Blas Fernández es el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta. La Voz

Almudena del Campo

El teléfono de José Blas Fernández, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, echa humo desde que se declaró el estado de alarma. Asegura que se han convertido en los grandes aliados de los autónomos y pequeños y medianos empresarios, que están viviendo con mucha inquietud y preocupación esta crisis sanitaria que sufre el país con motivo del coronavirus.

¿Qué papel están jugando los graduados sociales en esta crisis sanitaria?

Desde que comenzó el Estado de Alerta e incluso antes, estamos siendo los médicos de cabecera del autónomo y del pequeño y mediano empresario, que han acudido a nosotros al recibir el fuerte choque de una situación inesperada por todos. Hemos tenido que reciclarnos e interpretar los decretos que ha aprobado el Gobierno de la nación para asesorarlos y atenderlos ante las múltiples dudas que tienen sobre el futuro de sus empresas y negocios. Tanto ellos como nosotros estamos muy preocupados por las empresas que van a desaparecer y por el mercado laboral, en general, que se viene abajo.

Ya han anunciado que están estudiando caso por caso. ¿Cada empresa es un mundo a la hora de aplicar un Erte?

Absolutamente. Cada caso es distinto y tenemos que estudiar y analizar individualmente a cada empresa y a los trabajadores que les afectan los Ertes, porque hay una gran desinformación al respecto. Ninguna administración tiene ni instrucciones ni manuales para gestionar esta crisis. Está habiendo mucha improvisación y las dudas son continuas pero nadie las resuelve porque hay una descoordinación brutal entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Nos estamos volviendo locos porque hay demasiadas puertas a las que llamar para resolver las situaciones de cada empresa. Por un lado está la consejería de Trabajo, el SAE, el SEPE… Una locura. Y nuestros clientes inquietos y lógicamente preocupados por saber si se les conceden o no los Ertes solicitados. A estas alturas y habiendo pasado ya varias semanas, hay muchos expedientes sin resolver. En definitiva, un galimatías.

¿Como se están organizando?

Pues tenemos el problema de que todos los datos de las empresas que llevamos los tenemos en nuestros despachos por protección de datos. Nosotros, los graduados, estamos declarados como esenciales según el capítulo 15 y 16 del decreto y, aunque muchos asuntos los podemos resolver desde nuestras casas, estamos yendo también a nuestros despachos a trabajar a puerta cerrada porque es allí donde tenemos toda la documentación precisa para poder solventar los problemas que se nos están planteando. Trabajamos con nuestros clientes por teléfono o correo electrónico. Desde que comenzó la crisis, estamos disponibles las 24 horas y trabajamos fines de semana y festivos si hace falta. Estamos absolutamente desbordados y nuestros móviles no paran de sonar.

¿En qué situación se encuentran los autónomos y las pymes, grandes perjudicados de esta crisis?

Hay mucha preocupación entre los autónomos y los pequeños y medianos empresarios acerca de cómo y cuándo acabará esta situación. En el caso de haber aplicado un Erte, esta mecanismo te compromete a que seis meses después no puedes despedir al trabajador, por lo que mucho nos tememos que si la situación empeora o se demora más de la cuenta pueden caer despidos improcedentes como churros. Y la segunda parte vendrá en los juzgados, que estarán colapsados. Si en estos momentos un despido improcedente lo estamos viendo en un año, o año y medio, cuando pase esta situación y se produzcan los previsibles atascos en los juzgados, nos podemos ir a tres o cuatro años. En el juzgado de lo mercantil se acumularán los casos de suspensiones de pagos y de quiebras de empresas y en el de lo social los problemas de los trabajadores con sus empresas. Desgraciadamente ese va a ser el panorama.

«Si la reforma laboral del PP no hubiera estado activa, esto hubiese sido una auténtica jungla»

¿Cree que las medidas aprobadas por el Gobierno son insuficientes?

Son insuficientes e improvisadas y tengo que decir que si no llega a existir la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular con la ministra Fátima Báñez al frente, los Ertes no se hubieran podido hacer. En esta normativa se incluyeron este tipo de Ertes y si no estuviera esta reforma laboral activa, todo hubiera sido una jungla. Este Gobierno ha actuado con una improvisación tremenda que ha generado muchísimas dudas en la sociedad. Con decretos que salían a las doce de la noche, sin explicar bien quién era esencial y quién no, con un sistema informático que no estaba preparado para abordar esta situación, sin una conexión clara entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Todo ello nos ha llevado a una situación de inseguridad jurídica tremenda.

¿Cree que hay que empezar a trabajar desde ya, sin esperar a que culmine el estado de alarma para la que se avecina luego?

Esa inseguridad jurídica que ha creado este Gobierno ha sido permanente y hemos estado bloqueados sin saber qué hacer en muchos momentos. Todo esto va a pasar factura sin duda cuando acabe el estado de alarma y volvamos a la normalidad. Lo que pedimos los profesionales es que cuenten con nosotros, que nos escuchen porque están tomando decisiones sin sentarse con los que realmente conocemos el mundo laboral. Eso es fundamental.

¿Qué horizonte ven para la recuperación de la economía tanto en la provincia como el resto del país?

Estamos globalizados y al estar en la Unión Europea tendremos que ir de la mano ayudándonos los unos a los otros. Un tema muy importante son las pymes y las micropymes, a las que es necesario darles muchas facilidades, a través de la exención de impuestos municipales y todo lo que dependa de las diputaciones y de las administraciones autonómica y central. No vale aplazar o conceder moratorias, hay que suprimir muchos de estos impuestos. Es necesario ofrecer bonificaciones especiales a empresas y trabajadores para frenar esta crisis.

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