CRISIS POR EL CORONAVIRUS
El encierro doméstico agrava los trastornos de las personas con discapacidad
Este colectivo está más expuesto a un posible contagio por coronavirus debido a la existencia de diferentes barreras y factores que dificultan su vida diaria
La crisis provocada por el coronavirus ha aislado y agravado la situación de las personas con discapacidad. Solo en la provincia de Cádiz, según datos del EVO de la Junta de Andalucía a fecha de 2018, el número total de personas con grado de discapacidad reconocido es de 117.947, lo que supone el 9,52% de los gaditanos. Esta cifra no precisa entre aquellas personas con dependencia –moderada, severa, o grande–, debido a que «es una realidad muy invisible», explica Francisco José Márquez Liñán, presidente de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u orgánica (FEGADI) , originado por la persistencia de cierta estigmatización social. En cualquier caso, este confinamiento resulta ser «una situación paradójica para nuestro colectivo», cuenta Márquez Liñán, como consecuencia de la «existencia de barreras y falta de accesibilidad» en la ciudad y en el entorno diario que obligan, en algunos casos, al confinamiento forzoso durante todo el año.
Mayor probabilidad de contagio
Tal como expresa la Organización Mundial de la Salud, «las personas con discapacidad pueden estar en mayor riesgo de contagio del COVID-19». La existencia de barreras que dificulten el acceso a instalaciones básicas de higiene, la necesidad de tocar objetos y la dificultad de mantener la distancia social en caso de necesidad de asistencia, aumentan la probabilidad de entrar en contacto con superficies o personas que puedan transmitir el coronavirus.
FEGADI cuenta con dos residencias de personas con discapacidad gravemente afectadas, en la que el 92% de sus usuarios padecen patologías adicionales y son muy sensibles al contagio por coronavirus, «existe un mayor riesgo de que las consecuencias del virus puedan ser graves o irreversibles», explica Francisco José Márquez Liñán. Esta semana se conocía que la totalidad de los test realizados en estas residencias han dado negativo en COVID-19, «nos carga las pilas para seguir luchando». «Toda esta situación provocada por el confinamiento está magnificando los problemas ya existentes», asegura Cristina Castrillón, presidenta de Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (AGADI).
Retroceso en las terapias
AGADI ha implementado un sistema, basado en el acceso de internet, para facilitar la comunicación sobre todo en las personas «que vivan solas o que tengan un estado de inmunodepresión», en el cual no puedan contar con nadie que le asista en sus necesidades. La asociación presta sus servicios a casi 100 personas, el 20% requiere de una atención mayor por ser considerados de alta vulnerabilidad. Por su parte, dentro de las residencias de personas con discapacidad gravemente afectadas de FEGADI han reciclado el trabajo –adaptándolo a vías a distancia– de muchos de sus empleados para no recurrir a los despidos. De esta forma, la atención social mediante la tecnología ha sido la manera en la que han tratado de mantener el contacto entre los 54 usuarios de las residencias y sus familiares.
No obstante, el confinamiento ha paralizado la realización de terapias ocupacionales, logopedias, talleres de rehabilitación y fisioterapias, resultando un «retroceso» para las personas con discapacidad. «La fisioterapia es imprescindible y ahora están cerrados todos los centros», lamenta Cristina Castrillón. «La persona con discapacidad que no recibe rehabilitación empeora su calidad de vida, su nivel de movilidad, su capacidad para realizar actividades básicas y encuentra limitados sus derechos», argumenta Márquez Liñán. Asimismo, la instancia diurna de FEGADI tuvo que ser suspendida por el confinamiento, «las personas con discapacidad están en sus casas y tratamos de cubrir sus necesidades diarias a domicilio».
Mascarillas transparentes
No solo se ha agudizado el problema de las barreras ya existentes. Además han aparecido nuevas dificultades para las personas con discapacidad. Ante el uso recomendable de mascarillas, surge una dificultad para el colectivo de personas sordas ya que estas mascarillas opacas dificultan o impiden la lectura labiofacial (LLF), es decir, la observación de los movimientos de los labios interpretando los fonemas que realiza el interlocutor, esta técnica refuerza el lenguaje de signos. Francisco Zuasti, director de Todo Disca –medio de comunicación especializado en temas sobre discapacidad y dependencia–, recogió la idea de fabricar mascarillas accesibles que había sido iniciada en Estados Unidos. Estas mascarillas permiten la lectura labiofacial gracias a que cuentan con una ventana central transparente que facilita la comunicación para las personas con discapacidad auditiva.
La elaboración y posterior distribución de estas mascarillas fue posible gracias al grupo voluntario jerezano ‘ Costaleros por nuestros mayores’ . Sin contar con que la iniciativa de Zuasti ha motivado a otras asociaciones a crear estas mascarillas, como Afanas El Puerto y Bahía. «Debido a que el uso de mascarillas se va a prolongar tiempo después del fin del confinamiento, los fabricantes oficiales deberían tener en cuenta estas características para que desarrollen un modelo que sea más accesible», reclama Zuasti quien también señala otra función que tienen estas mascarillas transparentes para pacientes de coronavirus: «nos permite ver la sonrisa de la persona que la lleva». La falta de expresividad, según Zuasti, «es una barrera que impide la comunicación, la sonrisa puede motivar a los pacientes a seguir luchando».
Limitaciones para las personas con discapacidad visual
«Hemos pasado de la necesidad del contacto a la imposibilidad de tenerlo. Nosotros vemos con las manos», cuenta Tamara Ramos, responsable de Servicios Sociales ONCE Cádiz, que debido a las posibilidades de contagio por el tacto en las superficies asegura que «si ya teníamos barreras, ahora tenemos más», señalando además la «falta de accesibilidad» de algunas páginas web cuyo uso se ha convertido en «clave» durante el confinamiento. En la provincia de Cádiz hay 2773 personas afiliadas a ONCE, de las cuales más de 700 se consideran «más vulnerables» por ser de mayor edad y vivir solas.
Desde el inicio de la crisis, ONCE Cádiz organizó un equipo de atención básica formado por «trabajadores sociales, psicólogos, instructores tiflotécnicos y maestros educativos» que están trabajando para ofrecer la atención más urgente. «Estamos operando de forma telemática, las atenciones directas no están permitidas en estos momentos», justifica la responsable de Servicios Sociales. Además se realiza un acompañamiento telefónico y de atención de actividades cotidianas esenciales (como pueden ser hacer la compra o sacar dinero), se realiza un seguimiento educativo a través de las distintas plataformas online con las que cuenta ONCE e incluso se imprimen libros en braille para aquellos que así lo demanden. «Estamos trabajando más que nunca», confiesa Tamara Ramos.
Petición a las administraciones
«Desde AGADI estamos en contacto con la Concejalía de Participación Ciudadana y de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, a través de ellos hemos tenido acceso a mascarillas que han sido fabricadas por voluntarios, las hemos repartido por las casas de los socios con mayor vulnerabilidad, pero hubiera sido deseable poder llegar a todos», cuenta Cristina Castrillón.
Esta demanda de EPIs es suscrita por Francisco José Márquez Liñán, quien considera que la respuesta de la administración pública, «ha sido tardía e incluso improvisada», a la vez que también agradece la recepción de elementos de protección mediante acciones voluntarias de solidaridad. «A la dificultad de mantener la actividad que teníamos anteriormente se añade el aumento del gasto» por la compra de mascarillas, geles hidroalcohólicos, desinfectantes, instrumentos de limpieza y otros elementos para garantizar la salubridad de los espacios, explica el presidente de FEGADI. «El cumplimiento de los derechos no puede depender de la solidaridad y de la buena voluntad, es una responsabilidad exclusiva de la administración», reclama Francisco José Márquez Liñán.
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