Las empresas de autobuses de la provincia de Cádiz alertan de su situación crítica tras 7 meses de parón

La Asociación Provincial de Autobuses de la provincia de Cádiz (ASOBUS), integrada en las organizaciones cúpula del transporte por carretera a nivel andaluz FANDABUS Y FEDINTRA, ha alertado de la situación de las empresas del sector en la provincia de Cádiz, calificando la situación económica actual muy negativa.

ASOBUS se hace eco del Barómetro impacto COVID-19, elaborado por CONFEBUS, la Confederación Española de Transporte en Autobús , en el que todas las empresas asociadas reconocen haber perdido volumen de ingresos por motivo del Covid-19 y, entre ellas, más del 15 % han tenido una caída del 100%. Casi la mitad de las empresas (47,7%) reconoce un descenso entre un 50 y un 75% frente a casi una cuarta parte (23,1%) que ha tenido una caída entre el 75 y el 100%.

El transporte de viajeros en autobuses de la provincia de Cádiz lo conforman unas 60 empresas constituyendo una flota de unos 800 autobuses y autocares , que dan empleo a más de 1.200 personas, destaca su presidente, Nicolás Fernández Ballesteros.

«Las principales medidas que debe tomar el Gobierno para garantizar la supervivencia de nuestras empresas de transporte en autobús son: las ayudas directas, la reducción temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, y el pago inmediato de las deudas que las administraciones tienen con las empresas y autónomos», sostiene el este representante.

«Nuestro sector va a tener que afrontar una importante crisis en los próximos meses , ya que no se prevé la recuperación de la demanda de viajeros del autobús hasta 2022. Por ello, es urgente trabajar con las administraciones central y autonómica, y también con las de ámbito local, para que nuestras empresas tengan las ayudas necesarias para afrontar su recuperación y asegurar así la continuidad de nuestro tejido empresarial y del empleo».

«Después de 7 meses desde el inicio de la pandemia en España, no han llegado los fondos de ayuda y estamos manteniendo un servicio público esencial con los pocos recursos que disponemos», añade Rodríguez Ballesteros.