¡A por ellos!

Cuando en 2011 publiqué ‘Una mirada desde la Verja: policías en la roca’ (Grupo Editorial Universitario), más de una persona me despellejó, tanto pública como privadamente, a ambos lados de la verja que separa España de Gibraltar. ¿La razón? Unos alegaron porque sí, otros porque no y algunos adujeron ambos monosílabos a la par. Pero el porqué fundamental nació, según a mis oídos llegaron rumores, de la síntesis básica de la obra, la cual no era sino la propia pretensión del volumen: demostrar que las relaciones personales y profesionales entre los agentes de la ley de ambas demarcaciones son, por lo general, muchísimo más fluidas, cordiales y colaboradoras de lo que el periodismo informativo y los políticos suelen hacerle creer a la población de sendos territorios.

A tal conclusión llegué, para así plasmarla en los catorce capítulos que componen el volumen, tras entrevistarme con comisarios y excomisarios de la Policía Nacional (PN) y de la Royal Gibraltar Police (RGP), fuerza local que aglutina todas las competencias policiales que en España desempeñan el conjunto de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; con inspectores y exinspectores de los mencionados servicios públicos; y hasta con oficiales y exoficiales de la Guardia Civil (GC) e incluso de la Gibraltar Defence Police (GDP), cuerpo de policía que en el peñón protege las instalaciones del Ministerio de Defensa británico, y que pese a depender de tal departamento ministerial goza, como la RGP, de naturaleza y estructura civil. Ni que decir tiene que los bobbies yanitos y sus compañeros de Defensa también mantienen una excelente conexión con los cuerpos locales españoles de la comarca, y hasta con algunos de allende la misma, aunque este buen vínculo es destacadamente estrecho con los agentes y mandos municipales linenses y sanroqueños.

En un pasaje de ‘Una mirada desde la Verja’ llegué a decir, y lo sigo sosteniendo, que aunque sea cierto, porque lo es, que a veces se producen desencuentros entre nuestros agentes de la autoridad y los suyos, cosa que cuando sucede casi siempre se produce a nivel de las unidades marítimas, son más las veces que nosotros mismos nos pisoteamos las mangueras que las que ellos nos las pisotean a nosotros. Así las cosas, si entre policías españoles de todos los colores y de todas las siglas, incluyendo ahí a los funcionarios de Vigilancia Aduanera —no son policías, pero sí son agentes de la autoridad armados y con competencias laborales muy concretas—, muchas veces saltan chispas, cómo no van a desencadenarse puntuales malos entendidos entre los funcionarios de aquí y los de allí. Ni pruebas que existen sobre los malos rollos que continuamente surgen entre nuestros diversos servicios de seguridad pública.

Muestra reciente de que en 2011 no estaba muy desencaminado en mis impresiones son las cada vez más frecuentes y efectivas operaciones conjuntas que la RGP realiza con nuestra GC y PN, tanto en la provincia de Cádiz como bastante más allá de las fronteras andaluzas. A la luz salen las operaciones que salen, que son las que tienen que salir y punto pelota. Y una de ellas es esta firmada por Soraya Fernández, dada a conocer hace un par de semanas por este mismo medio: «operación ‘Halógeno’ es el nombre que la Policía Real de Gibraltar ha dado al dispositivo llevado a cabo el martes contra una trama dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En la misma han sido detenidas 9 personas […] e intervenidos vehículos de alta gama, embarcaciones y dinero en metálico. Unos 70 agentes de la Policía de Gibraltar y oficiales de la sección canina de Aduanas fueron desplegados en esta operación, que según dichas fuentes policiales ha sido un éxito. Como curiosidad, 4 agentes de la Guardia Civil estuvieron presentes durante el dispositivo. Tal y como ABC publicó este martes, esta operación es continuación de la denominada ‘Hélice’, que la Guardia Civil llevó a cabo el pasado mes de julio en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Málaga, donde hubo 29 detenidos y se incautaron 3,5 toneladas de hachís. Según ha dado a conocer la Policía de Gibraltar este miércoles, se sospechaba que el dirigente de ese grupo era un gibraltareño y que había más locales involucrados».

Efectivamente, han leído bien, cuatro miembros del benemérito instituto participaron en los registros domiciliarios llevados a cabo en suelo gibraltareño, lo que viene a ser un clarísimo quid pro quo, dado que componentes de la RGP ya han intervenido como observadores en España de la mano de agentes estatales patrios, todo ello, siempre —sobre todo a lo largo de los dos últimos años—, sin sufrir injerencias políticas, sindicales, personales o diplomáticas. Por cierto, y ya acabo, he empleado el término «benemérito instituto» y no «instituto armado» que muchas veces se le asigna en exclusividad a la GC, porque la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece, de forma meridiana, que son institutos armados todos los cuerpos policiales dependientes del Gobierno de la nación, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

¡Venga, a por ellos!