Docentes y familias, «indignados» por la «ley Celaá»

La recién aprobada «ley Celaá» se encuentra con una importante oposición por parte de todos los que forman parte de la comunidad educativa. Como se sabe esta normativa tan polémica ha generado un rechazo en el que coinciden padres, docentes, equipos directivos, personal administrativo y alumnado de las escuelas concertadas. En Cádiz , donde este miércoles todos los colegios secundaron una primera protesta a las puertas de sus centros y para este domingo se celebra una caravana de vehículos, existe unanimidad a la hora de señalar los inconvenientes de la Lomloe .

Yolanda Castilla, directora y profesora de Lengua de las Carmelitas de Cádiz comenta sus impresiones con respecto a la norma. «Es una ley que sale a la luz sin el consenso de los factores implicados. El proceso educativo es complicado si no se tiene en cuenta ni a familias ni a profesores. Esta es una ley muerta, no es que tenga fecha de caducidad, pero espero que sí».

La docente de este centro concertado gaditano considera además que « es una forma de dividir a la sociedad más. Crear ese enfrentamiento. Nunca los concertados hemos estado en contra de la pública, somos complementarias . Pero esto crea malestar y un resentimiento y no es bueno ni para los alumnos porque están desamparados, de hecho ya ellos me preguntan si no van a poder ir donde quieran y por eso las familias también están muy indignadas». Yolanda Castilla argumenta los problemas que se suceden con esta ley y habla sobre la situación de los profesionales que se dedican a la docencia concertada. «Los profesores estamos muy preocupados porque vemos peligrar los puestos de trabajo de los mas jóvenes así como de los especialistas en Religión». Y también se refiere a otra de las polémicas, la de la eliminación de los centros de Educacion Especial. «Nosotros no tenemos aula específica pero sí alumnos con autismo, asperger... Hay niños que necesitan estar atendidos con sus capacidades y no estar incluidos en una clase de veinticinco más porque es quitarle parte de esta atención que necesitan».

Además, como profesora de Lengua, Yolanda comenta que «quitando nuestra libertad, que es lo más importante, que el castellano no sea lengua vehicular de España... es que están rompiendo con mucho y es más fatídico de lo que pensamos porque es una manera de enfrentar a partes». Asimismo, la directora de las Carmelitas de Cádiz afirma que «la única esperanza es que esto no dure. Pero es una pena. Vamos una ley detrás de otra y quien acaba sufriendo todo esto al final son nuestros alumnos y por supuesto el nivel educativo que va bajando y eso nos preocupa. Ojala que sea efímera y podamos retomar la idea un pacto educativo que sería lo suyo aunque claro, hay que querer también».

Especialmente molestas con la «ley Celaá» también están las familias de los casi 48.000 alumnos que están matriculados en centros concertados en la provincia de Cádiz. Pablo Otero, presidente del Ampa del colegio San José Esclavas de Cádiz comenta que «nosotros estamos en desacuerdo con toda este temporal que está habiendo y sobre todo porque no nos están dejando elegir. Estamos en desacuerdo pleno y muy disgustados también porque han aprovechado una situación de desconcierto global en la que es más complicado protestar y más aún con esa incertidumbre». Otero hace defensa de la concertada con el deseo de que la puesta en práctica de la ley tarde. «Esperemos que se ralentice en el tiempo y que se enderece un poco. Sabemos que la educación concertada es la mejor, la más coherente y creíamos que eso era lo mínimo que podíamos tener los padres . Si nos quitan ese derecho vamos abocados a un desastre pero si se va a hacer que sea lo más tarde posible».

El representante de los padres y madres de las Esclavas asegura que « si se anula que no hubiera niños en concertados esto es más una dictadura que una democracia y espero que este país no se convierta en eso. En la situación en la que nos encontramos ahora mismo la gente no puede protestar en la calle. Esto se ha hecho de forma traicionera pero hay que protestar, inundar todas las redes». Pablo Otero insiste además en que «los padres en total desacuerdo y muy preocupados. Son concientes de que se puede ralentizar pero dentro de nuestros años se va a hacer efectivo así que hay muchísima indignación».