Disparidad entre los jueces de Cádiz para excarcelar a narcos por el Covid-19

Desde que se decretó el Estado de Alarma y por tanto se hicieron efectivas todas las medidas para intentar frenar la expansión del coronavirus en España, han sido ya numerosos los abogados de diferentes presos que están cumpliendo la prisión provisional a la espera de juicios los que están solicitado para sus clientes la puesta en libertad en recursos de apelación.

Como ya se conoce, actualmente los juzgados están dando prioridad y celebrando solo asuntos urgentes referidos por ejemplo a causas con presos, violencia de género o menores. Y ya se han dictado diversas resoluciones en cuanto a letrados que solicitan para sus representados la excarcelación por entender que la situación en España ha cambiado y no hay motivos de peso para mantener a estos investigados en preventiva. Según fuentes judiciales consultadas, en la última semana se ha multiplicado el número de escritos presentados para extinguir estas medidas cautelares impuestas antes de la pandemia.

En este sentido, el criterio de los jueces está siendo dispar. Como ejemplo, este periódico ha tenido acceso a dos casos diferentes con resoluciones, una a favor y otra en contra . Ambas causas son relativas a presos que están cumpliendo la cautelar por un delito contra la salud pública, es decir, por narcotráfico.

Por un lado, un juez de El Puerto ha dictado un auto favorable para poner en libertad a un investigado que estaba en prisión desde junio de 2019 tras ser detenido por trasladar en una embarcación más de 500 kilos de hachís. En este asunto el juez ha entendido que las medidas para limitar la circulación de personas minimiza el riesgo de fuga del interno porque «existe un control efectivo de fronteras con los países limítrofes».

Por otro lado, considera que la intensificación de las patrullas policiales para controlar el confinamiento «limita la posible reiteración delictiva». Y además, cree que el recluso podría estar en riesgo al encontrarse en una cárcel donde se pueden dar casos de contagios masivos, mientras que en su casa, ese riesgo disminuiría. Por estos motivos ha decretado su puesta en libertad atendiendo a que está en condición de preso preventivo, donde existe la presunción de inocencia y le ampara el derecho a la salud. El juez le impone una fianza de 3.000 euros y la obligación de comparecer en el juzgado todas las veces que sea requerido.

Frente a esta resolución, se ha dado estos últimos días otra de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz que ha rechazado la puesta en libertad de otro hombre investigado por narcotráfico por supuestamente tener almacenado en una ‘guardería’ de droga 36 fardos de hachís. En este caso, la Sala rechaza que las medidas excepcionales adoptadas por el Covid-19 minimicen la posibilidad del riesgo de fuga o su reiteración delictiva.

En cuanto a lo planteado en el recurso sobre si está su salud está en peligro en prisión, la Sala entiende que no hay mayor riesgo dentro de las prisiones que fuera de ellas . «Es a la propia Administración Penitencia a la que le corresponde adoptar las medidas de protección sanitarias adecuadas para asegurar la protección de todos los internos a su cargo, tarea a la que nos consta se aplica», explican en el auto. «Todavía no nos encontramos en un contexto en el que deban de primar razones de carácter humanitario como fundamento de otro tipo de decisión», concluyen los magistrados.