EMPLEO

Kichi encabeza una campaña contra las carencias de los planes de empleo de la Junta

Los alcaldes de Cádiz y Conil exigen al Gobierno andaluz que financie al 100% los programas y busque fórmulas para dar seguridad a los consistorios

ELENA MARTOS

Las políticas de empleo que han partido de la Junta de Andalucía han supuesto un importante alivio para decenas de familias, pero pueden poner en apuros a los ayuntamientos encargados de ejecutarlas. Así lo han denunciado este lunes los alcaldes de Cádiz, José María González (PCSSP), y Conil, Juan Manuel Bermúdez (IU), en una rueda de prensa compartida en la que han mostrado su malestar por el perjuicio que supone para las arcas municipiales.

Se trata de los programas Emple@Joven y Emple@30+ con los que se crean más de 60.000 empleos temporales en toda Andalucía. El problema llega ante la situación de indefensión en la que, según ambos regidores, se quedan los municipios, que además de colaborar económicamente con estas iniciativas pueden ser objetivo de reclamaciones y demandas. Juan Manuel Bermúdez ha puesto como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Málaga , al que varios trabajadores contratados con cargo a este plan han llevado a los tribunales por no equiparar los salarios que perciben con el del resto de la plantilla municipal. Y no es el único . El alcalde conileño ha asegurado que «eso supone una tremenda indefensión para los municipios». Para evitar este tipo de demandas tendrían además que asumir la parte de esos salarios que no se sufraga con el dinero de la Junta.

Pago en dos partes

Igualmente ha criticado que «se vende que la Junta financia el 100% de estos programas cuando en las resoluciones sólo se ha abonado el 40% y el resto se pagará cuando se justifiquen». Por eso mismo, ha considerado «un engaño» la propaganda que, a su juicio, se hace con este tipo de iniciativas.

Por su parte, el alcalde gaditano ha comparado este tipo de políticas con «una invitación a cenas pagando otro la cuenta». José María González ha reconocido que «no se pueden rechazar estos programas, porque son un colchón necesario para las familias », pero ha lamentado que se pretenda cargar otra vez sobre las espaldas de los ayuntamientos. Por eso mismo, ha solicitado un cambio en la norma que contemple el pago íntegro desde un principio de estos salarios y mecanismos para evitar sanciones como le ha ocurrido al Ayuntamiento de Málaga.

Protesta de beneficiarios del Plan Emplea de Málaga

Los alcaldes ya conocían la norma

Cabe destacar que el decreto que regula estas políticas de empleo recoge las tablas salariales para cada puesto que se cree. El problema es que esas labores que realizan los beneficiarios son, en muchos casos, similares a las de otros trabajadores municipales cuya remuneración viene recogida en el convenio. Ante esa tesitura, ha hecho un llamamiento al resto de alcaldes para que se sumen a esta denuncia. Junto a ellos han participado ediles de ayuntamientos de las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz adscritos a IU y Podemos que apoyan esa reivindicación. Sin embargo, ningún otro regidor gaditano.

La denuncia ha llamado la atencion de la Consejería de Empleo de la Junta que ha aclarado que «estos planes proceden de fondos europeos, concretamente los destinados al Fondo de Garantía Juvenil , siendo estos fondos quienes marcan los plazos de la formación que se adquiere a través de estos contratos». Según ha explicado en un comunicado, el objetivo es «proporcionar una capacitación a las personas desempleadas que resultan beneficiarias de ellos». Esta capacitación, que es la que les va a exigir el mercado posteriormente para su inserción laboral, no se adquiere en un periodo de tiempo inferior.

Igualmente ha recordado que «los alcaldes de los diferentes municipios andaluces son conocedores de esta realidad, trasladada a ellos desde la propia Junta y recogida por la normativa reguladora de este programa -que son de obligado conocimiento por parte de todo aquel que la solicita- que establece que los contratos realizados». Y en lo que toca a la sentencia del TSJA que afecta al Ayuntamiento de Málaga ha destacado que «responde a una casuística diferente».

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