MIGRACIONES
Denuncian que se haga «inviable» la regularización de menores inmigrantes
La Plataforma por la Dignidad y los Derechos de los Jóvenes Inmigrantes alertan de un reciente cambio de las condiciones y de interpretación de la ley
Diversas asociaciones de ayuda a jóvenes inmigrantes que, al cumplir los 18 años, dejan de ser tutelados y atendidos por las administraciones critican que se haya dado «un paso atrás» ante este colectivo «tan vulnerable» al exigirles ahora que tengan recursos económicos propios para mantenerse.
En un manifiesto, la Plataforma por la Dignidad y los Derechos de los Jóvenes Inmigrantes asegura que «recientemente» se han cambiado las condiciones por las que hasta ahora estos chicos podían acceder a un permiso de residencia temporal no lucrativo con una nueva interpretación de la Ley que aboca a que sea ahora «Inviable» para ellos acceder a este documento.
«Hasta hace unas semanas, las ONG, administraciones o familias de acogida que ayudamos a estos chicos y chicas que se quedan en la calle solos y sin nada en cuanto cumplen 18 años podíamos presentar un certificado acreditando que nos hacíamos cargo de su manutención mientras ellos seguían su proceso de formación e integración para ser autónomos», explica a Efe Juan Molina , promotor de esta plataforma y presidente de una asociación en Chiclana de la Frontera (Cádiz) que ofrece en dos pisos ayuda a estos jóvenes.
La administración admitía esos certificados y con ellos se tramitaban favorablemente los permisos de residencia temporal lucrativa por un año renovable, un periodo que, según Juan Molina, es «fundamental» para estos ellos.
Según esta plataforma, esta situación ha cambiado, con una reinterpretación de la Ley de Extranjería que sigue la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, que, en dos sentencias del 2018 y 2019, estableció que para estos exmenores tutelados rige el régimen general de condiciones que se exige a otros extranjeros, como pudiera ser un jubilado europeo, sin que sea necesario valorar otras circunstancias específicas del colectivo.
Por ello, la ley les exige que para acceder a un permiso de residencia no lucrativo deben acreditar que cuentan con medios de vida propios, del 100 % Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) el primer año y del 400 % de este indicador después, es decir unos 540 euros mensuales en el primer ciclo, y más de 2.000 euros a partir de entonces.
En estas sentencias el Supremo determinó que es «un requisito insoslayable» que estos recursos sean propios y que no podían proceder de ayudas públicas o garantías de manutención de asociaciones o familias, como, según la plataforma, se aceptaba hasta ahora.
La Secretaría de Estado de Migraciones, que asegura que no ha habido ningún cambio de criterio sino que la situación viene impuesta por las sentencias del Supremo, está estudiando los mecanismos de flexibilización de estos requisitos, según ha señalado una portavoz a EFE.
La Asociación Familias Solidarias para el Desarrollo de Chiclana de la Frontera (Cádiz), que lleva año y medio con un proyecto llamado 'Emprendiendo el vuelo' para atender a «exmenas», ha visto como este mismo mes dos de sus muchachos marroquíes, Rachid y Abderrahim, veían la inviabilidad de poder seguir su proyecto de migración.
El pasado 18 de febrero, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz emitió sendas resoluciones en las que les informaba de que requieren tener «medios de vida propios suficientes» para mantener sus gastos de manutención «sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral» por importe mínimo de 537,84 euros mensuales en el primer caso, en la primera solicitud, y de 2.151,35 euros mensuales en el segundo, por tratarse de una renovación, sin que se puedan tener en cuenta «ayudas por centros o recursos asistenciales».
Casos similares se han producido en toda España, según Juan Molina.
En el manifiesto firmado ya por más de 250 asociaciones y activistas sociales la plataforma lamenta que, al recibir este rechazo, se "desaproveche e ignore" "el esfuerzo" realizado por las administraciones y profesionales durante el periodo de su minoría de edad, cuando vivieron tutelados por la Administración; de las ONGs que les ofrecen después recursos, programas de emancipación, formación y autonomía personal, y "sobre todo" el que hacen estos jóvenes que siendo niños llegaron solos a España buscando hacerse mayores en un lugar en el que tuvieran alguna oportunidad.