CRISIS DEL CORONAVIRUS
El coronavirus marca el tiempo en los banquillos
Juicios de calado como el del presunto parricida de Sanlúcar, los supuestos fraudes del Hijo de Satán o temas de droga o corrupción han sido aplazados
El juicio por estafa contra el Hijo de Satán, uno de los aplazados.
La alerta sanitaria decretada por el coronavirus ha afectado la vida y el trabajo a todos los niveles. La pandemia ha frenado muchas actividades por la imposibilidad de que estas se sigan realizando de forma normal debido a las medidas preventivas que se exigen para evitar nuevos contagios de Covid. Ha ocurrido de la misma forma en la justicia. En sus procesos más burocráticos y también en la celebración de vistas . Muchos de los asuntos que desde que se decretó el Estado de Alarma tenían previsto celebrarse desde marzo hasta la fecha han tenido que ser aplazados. Causas de calado que estaban en el calendario desde hace meses.
Uno de estos procedimientos suspendidos ha sido el referente a uno de los sucesos más lúgubres que se han conocido en la provincia en muchos años: el supuesto parricidio de Sanlúcar . El único acusado de matar de hasta trece puñaladas a un vecino de esta localidad, presuntamente su propio hijo, estaba a punto de celebrarse para por fin dilucidar si el procesado, el joven Antonio Nuñez, es inocente o culpable de los hechos que se le imputan. Sin embargo la imposibilidad de mantener las distancias de seguridad entre los miembros del jurado popular que lo iba a decidir, ha llevado al tribunal de la Sala Tercera a posponer dicho juicio. Como se recordará el fiscal pide para el acusado una pena de 22 años de prisión como presunto autor de un delito de homicidio con agravante de parentesco. El investigado continúa en la cárcel desde que supuestamente mató a su padre y el pasado noviembre se le prorrogaba la prisión preventiva al cumplirse los dos años de su internamiento.
Otro de esos asuntos que también se han tenido que aplazar es el caso de la supuesta estafa cometida por el conocido como Hijo de Satán , acusado de estafar más de 450.000 euros a través de la captación espiritual de personas a las que exigía dinero para que «la maldición del maligno» no fuera contra ellas. La vista contra él, su mujer y un socio, estaba prevista para mediados de mayo pero la alerta sanitaria no lo ha permitido por la imposibilidad de que el socio de Carlos Javier Rojas que reside en Alemania pueda viajar. Rojas permanece en la cárcel cumpliendo la condena de seis años que le impuso la Audiencia Provincial de Cádiz por estafar a más de una veintena de personas uno 400.000 euros con el negocio de coches que tenía en San Fernando. En este nuevo juicio al que se enfrenta la Fiscalía solicita para él una pena de seis años de cárcel.
Por otro lado ha habido otros procedimientos que se han visto interrumpidos con el decreto de Estado de Alarma. Como el juicio que se estaba celebrando por el caso de los convenios urbanísticos contra los exalcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, entre otros procesados. El juicio comenzó a principios de marzo y su celebración estaba prevista para varias semanas sin embargo la alerta sanitaria llevó a su suspensión inmediata al no estar ninguno de los imputado en situación de prisión preventiva.
Ya se había tomado declaración a todos los investigados y comenzaba la fase de los testimonios de los numerosos testigos que están citados en este asunto en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. El tribunal tiene que dilucidar si mientras que los dos exregidores fueron responsables municipales, de los años 2007 a 2011, estuvieron adjudicando obras a dedo para favorecer a un constructor, Felipe Castellanos (también encartado) para que a cambio comprara los materiales de obra en la empresa del exregidor roteño. La Fiscalía calcula que con este supuesto ‘modus operandi’ pudieron facturar hasta medio millón de euros.
La Fiscalía solicita para Lorenzo Sánchez cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo, para Eva Corrales, doce años de inhabilitación por prevaricación y para el constructor, acusado de un delito de cohecho activo, cuatro años de prisión. El juicios se reanudará una vez se pueda volver a celebrar siguiendo las directrices marcadas por el Consejo General del Poder Judicial.
Además de estos casos hay otros que se han visto afectados. Algunos de ellos son juicios contra acusados de pertenencia a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís . Como se ordenó desde que se decretó la alarma, la celebración de juicios se ha reducido a aquellas vistas en las que los procesados se encuentran en prisión, causas de malos tratos, menores o asuntos de guardia o urgencia.
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