TRIBUNALES
Condenados los acusados de estafar a través de un consultorio 'ilegal' de Jerez
El responsable del centro y una farmacéutica, que fueron detenidos por la Guardia Civil, reconocen que se pusieron de acuerdo para enriquecerse retirando a sabiendas medicinas de forma indiscriminada
En 2016 la Guardia Civil irrumpía en un supuesto consultorio médico situado en la barriada de La Constancia, Jerez. Los agentes salían del registro cargados de cajas con documentación y detenían a varios médicos y a una farmacéutica que presuntamente estaban relacionados con dicho centro ilegal. La investigación, que se dio a conocer como 'operación Pharmakis' , había sido impulsada por Fiscalía tras recibir una denuncia de la Inspección de Farmacia de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Cádiz. En ella se alertaba de unas presuntas irregularidades en la retirada masiva de medicamentos con cargo a la Seguridad Social y de la práctica de cuidados sanitarios en un centro de mayores «sin las más mínimas garantías».
Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, y coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez, determinaron que los usuarios que supuestamente habían retirado los medicamentos se encontraban fuera del área de influencia de la farmacia en cuestión, siendo además por la edad y sus condiciones físicas bastante improbable que hubiesen realizado un trayecto tan largo para retirar dichas medicinas. El supuesto fraude ascendía a unos 20.000 euros.
Pues bien, completada la instrucción, el caso ha sido ya juzgado. En el banquillo se sentaron tres de los presuntos autores de los hechos: el responsable del consultorio, su esposa (finalmente absuelta) y una farmacéutica. Los dos acusados reconocieron los hechos que se les imputaban y el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Cádiz les ha condenado a penas de un año y medio a ella por un delito de estafa y dos años al investigado por un delito de estafa, otro contra la salud pública y otro delito de intrusismo.
Según recoge la sentencia como hechos probados , la procesada que regentaba una farmacia en la barriada de Cuartillos urdió un plan con el dueño del consultorio, J. S., para «obtener un lucro ilícito mediante el engaño» . Ambos mantenían una relación de amistad. J. S. era administrador de una sociedad de titularidad municipal, la Asociación Jerezana por el Bienestar y la Salud cuya sede se encontraba en La Constancia. El objetivo de esta entidad era la ayuda a personas de la tercera edad, especialmente en cuestiones de dependencia y cuidados médicos menores. Por ello, el acusado tenía una relación de confianza con varios ancianos y utilizando sus tarjetas sanitarias que ellos le prestaban conseguía los medicamentos que les eran prescritos y se los facilitaba posteriormente.
Sin embargo, se daba la circunstancia de que por un error informático se expendían una gran cantidad de recetas relativas a medicamentos realmente prescritos para los titulares. Las medicinas que se expendían excedían de forma notable las prescripciones médicas reales.
Por parte de la farmacia se dispensaban los referidos medicamentos que se entregaban al acusado. Éste último facilitaba a los usuarios los productos que les correspondían según las prescripciones reales, pero el sobrante, los depositaba en los locales de la asociación o en su propio domicilio, sin observar las medidas de control, depósito y conservación legalmente exigidas –almacenando medicamentos que estaban, incluso, caducados– y los destinaba a la cesión gratuita o a la venta a terceras personas obteniendo un beneficio económico no determinado y generando un claro riesgo para la vida y salud de las personas.
Además, el acusado no tenía título oficial de farmacéutico o de tal naturaleza que lo habilitase para esta actividad.
Por su parte, la farmacéutica conocía que los medicamentos que expendía con arreglo a las recetas tenían un volúmen anormalmente superior al que correspondería según lo prescrito a los pacientes. En su caso, obtenía un beneficio económico porque el Servicio Andaluz de Salud efectuaba el pago de los medicamentos que se entregaban por la farmacia.
El engaño se dilató desde enero de 2014 a enero de 2015. Así, el acusado retiró 96 envases de Actrel para una paciente. Ella solo recibió ocho. También se hizo con 109 envases de Actonel para otro anciano. Él recibió doce. Y 27 envases de Eligard Semestral, de las que entregó nueve al paciente. Lo que tenían realmente prescrito.
El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz tuvo conocimiento de las irregularidades e interpuso denuncia el 27 de noviembre de 2014, lo que motivó la inspección del Servicio de Salud y la posterior denuncia a la Fiscalía. El importe global de las cantidades defraudadas ascendió finalmente a 19.563,35 euros.
El tribunal ha acordado para los condenados la suspensión de la pena privativa de libertad por el plazo de tres años supeditada a que en dicho periodo los penados no delincan y a que abonen la responsabilidad civil en los términos a los que se han comprometido.
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