TRIBUNALES
Concluyen las declaraciones a los investigados por el fraude de Bomberos
La jueza encargada del caso continúa con la instrucción
Con dos nuevas declaraciones este miércoles se cerraba en los juzgados de San José la toma de testimonios a los investigados por el supuesto fraude millonario en el Consorcio Provincial de Bomberos (CBPC) .
La titular del juzgado de instrucción número 3 sigue así adelante con el procedimiento que investiga si se cometió este fraude que pudo costarle más de siete millones de euros al erario público por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión del organismo. Ayer fue el turno de un bombero y la exsecretaria general, que contestaron a las preguntas de sus abogados y de la juez, y este pasado martes lo hicieron el exdirector de servicios estratégicos y el jefe de formación, que se acogieron a su derecho a no declarar. Además se interrogó por videoconferencia a un trabajador de la empresa Formatekno, la compañía de formación investigada por este escándalo.
Como se recordará fue en 2013 cuando el caso fue denunciado por el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) ante la Fiscalía Provincial. Sospecharon de un seguro que se había creado, un plan de previsión social por el que se garantizaba a los bomberos y altos cargos directivos del consorcio un salario creciente hasta los 65 años. Posteriormente esta denuncia se amplió por unas presuntas irregularidades en los cursos de formación del CBPC a través de una sociedad afincada en Madrid llamada Formatekno. Y además se informó sobre un sospechoso acuerdo regulador de las relaciones de los empleados, justo elaborado tres años antes, del año 2010, que podría no haber seguido los cauces legales oportunos.
En el marco de la 'operación Flama' , comandada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Cádiz hay catorce investigados. Doce de ellos fueron detenidos como presuntos autores de numerosos delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, entre otros, cuyo perjuicio económico pudo ser de más de siete millones de euros.
