El cierre en Cádiz: Un mapa «muy difícil» de controlar

Y para que ese control sea real, se necesita de efectivos. Policías nacionales, locales y Guardia Civil han vuelto de nuevo a tomar las riendas de un trabajo constante de supervisión de normas sobre los ciudadanos. Como ya ocurrió con el primer Estado de Alarma decretado en marzo, con el posterior confinamiento y, ahora, con este segundo aviso. Ellos son, en definitiva, los encargados de que en la calle se cumpla con todo aquello que ordenan las autoridades competentes. Expertos y políticos no se cansan de hacer un llamamiento a la responsabilidad social, a la conciencia de cada uno, pero, para que haya un orden tiene que haber alguien que se mantenga vigilante y sancione a todo aquel que se mantenga al margen de las normas dictadas para que la curva de la muerte dé por fin una tregua. Al menos, hasta que se encuentre una solución.

Las comarcas de Jerez, la Costa Noroeste y toda la Sierra han sido las áreas que se han tenido que pintar en rojo. Los datos sobre el avance del coronavirus han ido a peor a partir de la segunda semana de octubre –coincidiendo por cierto con el puente del Pilar– y estas zonas han sido las más afectadas. Así que la vigilancia sobre ellas se ha convertido en una de las principales batallas en la lucha contra los contagios.

Sin embargo, como ya ocurrió con el aforo de las playas, la extensión de estos municipios es inmensa. Y sus accesos, cientos. Pero, aún así, hay que seguir manteniendo el control sobre la ciudadanía para evitar que cometan cualquier riesgo innecesario, poniéndose ellos mismos en peligro y también a los demás.

Y en esa lucha están las decenas de agentes que, a diario, se turnan para intentar que se cumpla con lo acordado. Con una norma establecida de manera legal. Y la misión se antoja complicada. «Hacemos lo que podemos pero controlar a todas horas cualquier entrada o salida de todos estos municipios con los que somos es imposible», relata uno de estos agentes a este periódico. Él forma parte de unos de los equipos que se despliegan en estos puntos de verificación que colocan en Jerez.

«Solo con las entradas y salidas que tiene este término municipal, uno de los más grandes de España, incluidas todas sus pedanías... se necesitaría un número de efectivos que no existe », advierte. Hay que tener en cuenta, además, que la vida ‘normal’ continúa y no se pueden dedicar todos los medios policiales a este único cometido, desatendiendo otras muchas labores de seguridad ciudadana que tienen que seguir cumpliendo.

Tras el anuncio que hizo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre estos cierres perimetrales el pasado 28 de octubre, se mantuvo una reunión de urgencia en la Subdelegación del Gobierno para organizar las actuaciones que se iban a adoptar a partir de su entrada en vigor. En la información que se facilitó entonces no se detalló el número exacto de efectivos que se iban a dedicar a dicho cometido, como ha ocurrido en otras ocasiones como por ejemplo en la celebración de eventos, sino que, según se precisó, las propias fuerzas policiales competentes se coordinarían entre ellas.

«Todos tenemos que poner de nuestra parte. A no ser que sea imprescindible desplazarnos, hay que reducir al máximo la movilidad, vivamos o no en municipios afectados. No se trata en ningún caso de buscar caminos alternativos para evitar multas, sino que debemos ser conscientes de que se trata de cuidarnos y cuidar a los demás. De salvar vidas», decía el subdelegado José Pacheco.

Pero el mapa es el que es y la picaresca y la ausencia de responsabilidad existe. «Aunque la mayoría de la gente está concienciada y cumple, hay quien todavía a pesar de todo lo que está pasando intenta saltarse los perímetros a pesar de que sepa que puede ser sancionado», cuenta otro agente.«El otro día paramos a un chico que nos dijo que es que tenía que ver a su novia que vive en Arcos. Le explicamos que no podía entrar y que tenía que darse la vuelta. Entendemos el hartazgo que hay, pero intentamos hacerle comprender que era por su propia seguridad, su familia y la de todos sus vecinos, que esto no es ningún capricho».

Pero a excepción de algunos episodios aislados, según fuentes consultadas, hasta el momento, el mayor número de desplazamientos por las zonas perimetradas se debe a motivos laborales o al cuidado de mayores. En este caso, los conductores muestran el documento que así lo acredita. «La mayoría lleva el justificante. Se ha aprendido mucho del anterior confinamiento».

Desde el sindicato Jucil advierten de que la plantilla para poder controlar determinadas áreas es «deficitaria». Como por ejemplo ocurre en la Sierra donde los puestos de la Guardia Civil tienen poco personal . Allí los controles están siendo móviles, es decir, se intenta abarcar todas las localidades pero no se pueden mantener puntos fijos las 24 horas. «Es inviable», reconocen. «Se va rotando».

Tampoco las plantillas de policías locales en determinados municipios es la suficiente. Y en otras, como en las pedanías, no existe. Misma circunstancia se da en algunas localidades de la Costa Noroeste. Como el caso de Rota, otro de los municipios cerrados y cuya competencia de seguridad la tiene Policía Nacional. En esta localidad se viene advirtiendo desde hace años de un número de efectivos también deficitario. En todas estas áreas se cuenta por supuesto con la unidad de Tráfico y otros grupos especializados como las UPR pero «aún así es inabarcable».

En el caso de otras ciudades que no están actualmente ‘confinadas’ también se están montando controles. Como ocurre en Cádiz capital donde en estos días la Policía Nacional hace puntos de verificación en la entrada de la ciudad para tener una cierta vigilancia sobre las personas que acceden a ella por si proceden de lugares donde se ha ordenado el perímetro y no lo han cumplido al no tener una causa justificada. Sobre todo en festivos y fines de semana.

Los agentes insisten en la necesidad de que haya una norma más ajustada . Es decir, que no se sientan en la tesitura de no saber qué hacer cuando alguien les expone uno u otro motivo. «Es muy complicado a veces poder verificar al cien por cien que esa persona está diciendo la verdad o no. Hay miles de circunstancias y comprobarlas es imposible». Como ocurriera también durante el primer Estado de Alarma, en muchas de las ocasiones policías y guardias civiles están realizando más una labor pedagógica y de cierta ‘intimidación’ que una actividad puramente sancionadora.

«La mayoría de los ciudadanos cumplen. La mascarilla es algo que ya está más que aprendido y asumido y quien no la lleva sabe que está cometiendo una infracción». En cuanto al toque de queda , la mayoría de estos incumplimientos se han dado estos primeros días en locales que han permanecido abiertos con clientes dentro sin mantener las medidas de seguridad. «La responsabilidad en este caso es tanto del dueño del establecimiento que puede ser sancionado más duramente –hasta incluso con el cierre de su negocio– , como del que permanece dentro». En este sentido se hacen repetidos llamamientos a la conciencia social debido a que es muy difícil poder controlar algo que, en definitiva, depende de cada uno pero, al final, termina siendo el problema de todos.