Los centros de formación, atrapados por la lentitud de la administración

Los centros de formación y academias que han impartido los cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) se encuentran en el centro de la polémica por el fraude y son los que mayor castigo reciben. Además de la mala imagen que el escándalo les ha reportado, la investigación y los cambios legislativos afectan directamente a su actividad. La exoneración que aplicó la Junta durante años evitando el control de los cursos los deja ahora en una «situación de indefensión». Así lo explican fuentes de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), que también impartió formación para desempleados.

«La mayoría de los centros han presentado toda la documentación para justificar las subvenciones, ha sido la administración la que no las ha controlado y recurrió a la exoneración», aclaran. Sin embargo, tras el cambio legislativo que endureció las condiciones , todos los que aún estén a la espera de justificar los cursos no pueden acceder a nuevas convocatorias.

En esas se encuentran decenas de academias de la provincia que, a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos de la administración, están invalidadas para seguir impartiendo cursos hasta que se resuelva el tremendo volumen de expedientes sin revisar.

Tampoco pueden agarrase a la prescripción de los mismos, puesto que «la Junta sigue pidiendo documentación de forma periódica para mantenerlos vivos y evitar que prescriban», señalan. Sin embargo, tampoco dan por concluido el cierre de los expedientes, ni el abono de las cantidades que aún adeudan a estos centros. Las fuentes consultadas aclaran que «el sistema habitual era que la Junta pagara el 75% para correr con los gastos del profesorado y los materiales, pero el otro 25% queda a expensas de la justificación que no ha llegado a hacer».