SUCESOS
El catedrático detenido pudo apropiarse de más de 700.000 euros de fondos de la UCA
Los investigadores creen que Del Valls desvió este dinero para hacer obras en su casa de Vistahermosa y para terceros. Todo a cuenta de la Universidad de Cádiz y la Fundación Universidad Empresa de Cádiz
730.000 euros. Esa es la cantidad de dinero que la Policía cree que se apropió el catedrático que fue detenido hace unas semanas acusado de desviar fondos de la UCA, tal y como ha adelantado este periódico . Esa es la cifra que estiman que pudo defraudar de los fondos universitarios destinados para proyectos y materiales el doctor en Química y experto en Medio Ambiente, Tomás Ángel del Valls para, entre otras cosas, equipar con tecnología de última generación su nueva lujosa casa construida en la urbanización de Vistahermosa, en El Puerto.
Según informa la Policía Nacional, fruto de las gestiones practicadas y del análisis de los datos obtenidos, los agentes de la UDEF, especialistas en delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico, han podido determinar que el dinero desviado del erario público supondría una cantidad superior a los 730.000 euros, de los cuales casi 700.000 fueron defraudados a través de la Universidad de Cádiz y la Fundación Universidad Empresa de Cádiz (FUECA) y más de 30.000 euros a través de la Universidad de Jaén.
La investigación ha acabado con la detención de Del Valls , su mujer y otras cuatro personas más , empresarios de Sanlúcar que le ayudaban supuestamente a falsear las facturas para cobrar las obras e instalaciones a cargo de la UCA. Entre ellos un conocido promotor de la zona. A todos se les imputa la presunta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental.
Los dos principales investigados son el matrimonio, el catedrático y su esposa, que, como indican fuentes policiales, «se valieron de su cargo como responsables de las correspondientes aéreas donde gestionaron en su beneficio ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación que finalmente fueron desviadas a fines ajenos, para beneficio propio y el de terceros».
La investigación realizada por la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se inició en octubre de 2017 a requerimiento del Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz tras la denuncia presentada por la Universidad de Cádiz tras detectar que un grupo de empresarios había incrementado de forma inusual su volumen de facturación como proveedores de servicios aparentemente prestados a la UCA y a la FUECA.
Las primeras pesquisas realizadas permitieron determinar que las cantidades desviadas de fondos públicos habrían ido a parar a la financiación de la construcción de un chalet particular situado en Vistahermosa. Los principales investigados resultaron ser dos profesores de la Universidad «que contaron con la ayuda de empresarios dedicados, en su mayoría al ámbito de la construcción y equipamiento de hogar, quienes habrían facturado directamente una parte de los trabajos realizados en la construcción de la vivienda, a la Universidad de Cádiz y a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz indistintamente, modificándose convenientemente los conceptos de éstas para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación para lo que se habían destinado las ayudas públicas».
Colaboración de la UCA
La Universidad de Cádiz ha tenido un papel fundamental en la investigación que se ha llevado durante varios años desde que el propio Rectorado al detectar «algunas anomalías» puso el caso en manos de Fiscalía. Ha sido una de las principales perjudicadas ya que, según los investigadores, la entidad habría estado autorizando el abono de dichos pagos, en la creencia de que se abonaban para ejecutar servicios, trabajos, actividades, e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario que nunca llegaron a materializarse, para el cual habían sido concedidas las subvenciones. Subvenciones públicas y privadas de carácter nacional, europeo e internacional.
Según ha podido saber este periódico, las detenciones se practicaron hace unas semanas. La Policía fue a buscar a la mujer de Del Valls al colegio Grazalema en Valdegrana, donde también tienen una residencia. El catedrático acudió posteriormente a Comisaría con su abogado al ser llamado a declarar. Fue entonces cuando en dependencias policiales se le informó de que le tomaban testimonio en calidad de investigado detenido. Además se han practicado dos registros domiciliarios en las dos casas que tiene la pareja, incautándose numerosa documentación, así como equipos informáticos relacionados con la causa investigada. Por parte de la autoridad judicial se ha ordenado la anotación preventiva de embargo de dichos inmuebles, como medida cautelar y garantía de la posible responsabilidad pecuniaria de los principales encartados.
En total se han practicado un total de seis detenciones y dos investigados no detenidos, entre los que se cuentan además del matrimonio de funcionarios públicos de la Universidad de Cádiz, un conocido constructor y un empresario de fontanería de Sanlúcar de Barrameda, entre otros empresarios de esa misma localidad, por su presunta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Algunos de los encartados ya tenían antecedentes policiales y judiciales por delitos similares.
La investigación aún continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que parece probable que el fraude haya podido alcanzar a otras partidas presupuestarias de fondos públicos, que también podrían haber sido desviadas con fines particulares, por lo que el importe final podría incluso superar el millón de euros .
Rector de la UCA: «Nos remitimos a la información que emanen de los organismos judiciales»
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