TRIBUNALES
El 'caso uniformes', la cuenta atrás
Lorenzo Sánchez y Eva Corrales se sentarán en el banquillo a mediados de mayo
l paso por los banquillos de políticos y otros responsables públicos para rendir cuentas ante la Justicia por diferentes delitos continuará próximamente. En la tercera semana de mayo, presumiblemente, a partir del día 15, pasarán por la Audiencia Provincial la exalcaldesa del del PP de Rota, Eva Corrales, por el ‘caso uniformes’ , que se celebrará durante varias jornadas. Corrales está a la espera de conocer el fallo del recurso que presentó ante el Supremo a la condena de cuatro años de prisión por el ‘caso horas extras’ del que salió absuelto su entonces socio el exalcalde, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos, con el que vuelve a coincidir esta vez en el banquillo .
El ‘caso uniformes ’ investiga contratos públicos acerca de la compra de uniformes para el Ayuntamiento que fueron adjudicados presuntamente a una red de empresas propiedad de Lorenzo Sánchez, de su esposa y de varios concejales a pesar de la prohibición legal que impide a los cargos públicos hacer negocios con la Administración.
21 acusados
El Ministerio Público solicita penas de inhabilitación y/o cárcel para 21 personas (17 de ellas concejales). A la cabeza de todas ellas, por la gravedad de los hechos imputados, el exalcalde y antigua mano derecha de Corrales, Lorenzo Sánchez. La Fiscalía solicita para él cinco años de prisión y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación, gestión interesada y falsedad. Además también se dilucidará la responsabilidad de Antonio Peña (PP), el único que actualmente ocupa cargo público como alcalde de Chipiona pero, que en el momento de los hechos, era concejal en Rota.
El alcalde del PP de Chipiona podría salir del Ayuntamiento si se le considera culpable
Por este caso, la Justicia podría decidir la salida de la Alcaldía de Peña ya que el Ministerio Fiscal solicita para él nueve años de inhabilitación porque, según el escrito de acusación, durante su etapa como edil en Rota hizo la vista gorda a las adjudicaciones ilegales de las que se habrían beneficiado Lorenzo Sánchez y otros ediles de Roteños Unidos, dando su voto favorable en los plenos municipales.
Según Anticorrupción, desde el año 2003, con Lorenzo Sánchez como alcalde, el Consistorio aprobó sucesivos contratos municipales en beneficio de tres empresas Coanda Costuras, Epis Rotasur y Pacheco Puyana . La fórmula para que esos contratos (la adquisición de uniformes de trabajo principalmente) acabaran en manos de las mismas empresas no era complicado, ya que por ser cuantían menores podían ser adjudicados directamente sin necesidad de un concurso público.
En total, entre 2003 y abril de 2008, estas sociedades facturaron al Ayuntamiento 790.528,99 euros.
