LABORAL
Caen las demandas por despido en Cádiz a niveles de antes de la crisis
La conflictividad desciende un 15,1% gracias a la mejoría económica y el recorte de los expedientes de regulación de empleo
Las demandas por despido se han reducido sustancialmente en los juzgados gaditanos. Lo hicieron a lo largo de 2015, marcando una tendencia que todavía se mantiene. Así se desprende de los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el año pasado registraba un total de 2.193 asuntos presentados en la provincia . La cifra vuelve a niveles de 2008 con un número casi calcado al que se registró a los tiempos de antes de crisis.
El volumen se ha reducido en un 15,1% con respecto a 2014 y se eleva hasta el 34,6% en este primer trimestre del año en relación al mismo periodo del pasado. Los motivos que explican esta caída de la conflictividad hay que buscarla en la reducción de los procesos concursales numerosos y en el freno a los propios despidos. La mejoría económica ha llegado también a las empresas, que empiezan a estabilizarse. Esa es la lectura amable del asunto. La otra es la reducción de los derechos que han conllevado las sucesivas reformas laborales , la última en marzo de 2012 en la que se introdujeron aspectos como la acumulación de bajas médicas o la necesidad de que la autoridad laboral -la Junta en el caso de Andalucía- dé el visto bueno a un expediente de regulación de empleo.
2012 fue un año de récord en cuanto a demandas judiciales con 3.228 presentadas
Con todo, aquel 2012 fue un año de récord en cuanto a demandas judiciales. En la provincia de Cádiz se presentaron 3.228 y en toda España la cifra alcanzó las 147.404. Aquello estuvo muy ligado a la convocatoria de procesos concursales y ERE. Ejemplos de ello fueron Gadir Solar o Visteon , cuyo expediente se firmó en febrero.
También los procesos concursales se han reducido en 2015, pasando de 145 a 112 y parece mantenerse esa tendencia durante este primer trimestre del año. La actividad en el único juzgado de lo Mercantil de la provincia continúa siendo muy alta, pero ya no es por la apertura constante de nuevos concursos.
La administración pública también suma
La administración pública también ha venido a engordar esa estadística. En los últimos dos años han sido muchos los procesos que se han presentado por irregularidades en el despido o cambios sustanciales de las condiciones. El abogado gaditano Manuel Martos ha llevado buena parte de estos asuntos como el de los profesionales eventuales del SAS o los trabajadores de la Delegación territorial de Medio Ambiente cuya sentencia ordenaba la readmisión.
«Si hay menos despidos no es precisamente por la administración pública, todo lo contrario»
«Si hay menos despidos, no es precisamente por la administración pública», dice este letrado. Su despacho prácticamente se ha especializado en asuntos relacionadas con este ámbito. « Por desconocimiento de la legislación o por abusos mantenidos en el tiempo no se ha judicializado antes la situación», reflexiona Martos, pero en este tiempo «hay un movimiento tremendo en toda España, no sólo en la provincia de Cádiz».
Este letrado considera que la caída de las demandas legales tiene también mucho que ver con la poca agilidad de la Justicia. Indica que «son procesos largos y tediosos y no todo el mundo está dipuesto a someterse a ellos». También es frecuente que mientras esté abierto el caso el afectado no llegue siquiera a buscar trabajo, «no porque no pueda, sino porque es lo habitual», destaca.
Igualmente han sumado otros asuntos como el de los orientadores laborales, los llamados 'alpes', que fueron despedidos en 2012 y han ido recurriendo hasta lograr que todos tuvieran un fallo a su favor.
Excesiva lentitud de la Justicia
Las demandas por despido están consideradas como un asunto prioritario, pero la demora termina siendo excesiva. Los jueces tardan una media de diez a once meses en señalar y mientras tanto el trabajador está a la espera de una indemnización que no llega o de que se pueda anular su salida. Esa es la percepción de Joaquín Olmedo , abogado laboralista en Cádiz, que lamenta esta «terrible tardanza». Según explica, los juicios a los que ha asistido este año son de asuntos presentados a principios del pasado, una demora que «el cliente soporta mientras está en la calle».
Los motivos de este retraso «son muy variados», destaca, aunque lo atribuye fundamentalmente a la «sobresaturación de los juzgados». Y entre los que frecuenta, desvela que el número 3 de los Social es el que más tarda en señalar. «Diez meses esperando a ver si un despido es procedente o no es una barbaridad, sobre todo cuando la ley dice que ha de ser preferente», considera este letrado.
Según la experiencia de Manuel Martos, hace un tiempo que se vienen dilatando más los procesos. De una media de cuatro a seis meses ha pasado a un año. «La Justicia es muy lenta y para los demandantes resulta insoportable», razona. «Te señalan con tanto tiempo y siendo preferente, se da lugar a situaciones insostenibles y la empresa juega con esa ventaja, termina forzando a trabajadores a que se vayan voluntariamente », explica.
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