Cádiz, punto negro de desapariciones

La provincia de Cádiz tiene una tasa altísima de denuncias activas por desaparición . Según el informe que elabora el Centro Nacional de Desaparecidos, creado en 2017, dependiente del Ministerio del Interior, la provincia tiene actualmente activas 864 denuncias de esta índole. 771 de ellas corresponde a menores. La cifra es aún más escandalosa si se tiene en cuenta que este dato supone casi la mitad de todas las que se mantienen en Andalucía. Y triplica en número de casos a ciudades como Sevilla o Madrid, o a toda la comunidad valenciana.

Sin embargo hay un componente que desvirtúa en parte estas cifras. Muchos de estos desaparecidos denunciados provienen de las notificaciones que llegan desde los centros de acogida donde se internan a los menores inmigrantes, los conocidos como 'menas'. Cádiz es puerta de Europa y hasta su costa llegan decenas de estos jóvenes que solo utilizan la provincia como primer destino de un largo viaje. Una vez que llegan y localizan a otros familiares o conocidos o ellos solos, se marchan de estos centros para seguir su camino hacia el continente. Pero, claro, dejan de figurar en los listados y, por tanto, siempre hay que dar cuenta de ello.

La mayor parte de estos adolescentes fugados de los centros de menores se marchan de forma voluntaria para continuar hacia Francia, Inglaterra o Bélgica, pero en las estadísticas y los informes nadie desactiva las alarmas, ni siquiera cuando cumplen la mayoría de edad.

Por eso que un 80 por ciento de las denuncias presentadas en la provincia correspondan a menores. Si este dato no se tuviera en cuenta, las cifras se asemejarían más al del resto de ciudades españolas.

El aumento en la presión migratoria de los últimos años ha elevado también estos índices. Los centros de acogida se llegaron a ver desbordados y esa circunstancia también provocó un cierto descontrol donde las fugas eran todavía más habituales. Desde las asociaciones que trabajan con estos menas llaman la atención sobre este asunto. Según advierten no hay mecanismos entre las comunidades autónomas para que exista una mayor coordinación y estos chicos dejen de ser números y se les pueda proteger para que no caigan en manos de mafias o, simplemente, puedan tener un futuro. Sin embargo la mayoría de las ocasiones se les da por perdidos y punto y final.

Pero esta circunstancia, referida además de a cifras, a personas, no borra al resto. Es decir, a todas esas familias que de un día para otro dejaron de saber de su ser querido y que lo siguen buscando.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un protocolo fijado para saber cómo hay que actuar según que caso. Se tiene en cuenta la edad de esa persona, las circunstancias, su estado físico o mental... y todo aquello que pueda valorar cuál es el riesgo y si ha existido o no voluntad propia sobre su marcha. De esta forma, al ser muchas y diversas las causas o factores que están en el origen de la desaparición de una persona, el tratamiento de este fenómeno tiene que ser regulado y detallado según la tipología y las circunstancias que rodean al hecho.

En este sentido, y según indica este protocolo, se ha adoptado la siguiente clasificación, con el fin de aplicar a cada una de ellas el tratamiento policial más adecuado y oportuno. Así pueden ser:voluntarias, involuntarias o forzosas.

Las voluntarias son las que tienen lugar, tal y como su nombre indica, de forma voluntaria. Es decir, la persona que desaparece lo hace sin ningún tipo de condicionante externo que le obligue a tomar esta decisión, y cuya voluntad es no ser hallada o no facilitar información sobre su vida privada, domicilio, u cualquier dato que afecte a su vida personal y del ámbito de la intimidad a los familiares o personas con derecho a conocer sobre su situación o derecho a localizarla. La motivación y causa de justificación de esta decisión discrecional y facultativa puede venir dada por muy diversas razones, como son las de carácter familiar, personal, sentimental, laboral, económicas u otras muchas.

Las involuntarias son aquellas en las que estas personas cuyo paradero se desconoce han podido ser víctima de un delito. En estos casos puede haber algún tipo de causa criminal detrás: una detención ilegal, un asesinato, un secuestro parental, homicidio, extorsión, agresión sexual, etc. Aquí la alarma es mayor, se descarta la fuga y la gente más cercana no le encuentra explicación. Puede ocurrir por ejemplo que no haya regresado del colegio, o del trabajo, que se haya marchado dejando las llaves, sin dinero, sin móvil o sin señal; entonces la situación es otra.

La unidad receptora de la denuncia establece una primera valoración catalogándola como de alto riesgo o no y para ello se siguen los siguientes criterios. La desaparición de un menor siempre es de alto riesgo, aunque incluso se sepa que existen pruebas que evidencian su voluntariedad (como el caso de las fugas de centros de internamiento o de acogida, u otras circunstancias análogas). En el caso de los mayores de edad se tienen en cuenta también diversos factores como si por ejemplo hay indicios de que ha sido secuestrado o asesinado, si ese comportamiento de irse sin avisar es habitual, si tenía previsto llegar a algún lugar y no llegó, si lleva documentación o efectos personales, móvil, dinero... o si por ejemplo se encuentra su coche pero no a él.

Además también se catalogan de alto riesgo aquellas denuncias por desaparición de personas que puedan ser un peligro para terceros, o si tiene algún tipo de discapacidad y falta de autonomía, si está en tratamiento médico o si se da el caso de que es víctima de violencia de género, haya o no denuncia por ello.

La persona desaparecida sigue un tratamiento médico o debe tomar medicamentos que le son vitales.

En cuanto se denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil una desaparición, el protocolo se pone en marcha. «Eso de que hay que esperar 48 horas es falso», advierte un agente. «Hay que tener en cuenta siempre las circunstancias pero ante cualquier alerta se puede denunciar en ese momento». De hecho, los expertos coinciden en asegurar que «las primeras horas son cruciales» en estas investigaciones.

Así, la unidad de policía judicial del lugar de la denuncia comienza la investigación. Pueden contar con el apoyo de las unidades de policías científica si tuvieran que tomar muestras o hacer inspecciones más detalladas. Además se remite una alerta al resto de centrales de todos los cuerpos policiales y al Centro Permanente de Información y Coordinación (CEPIC) de la Secretaría de Estado y a la Delegación/Subdelegación del Gobierno correspondiente. En el caso de los menores desaparecidos se sigue un tratamiento específico mediante otro aviso de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Además el CEPIC se encarga de hacer la difusión del mensaje de alerta a los organismos colaboradores para la difusión a la población, en el que participan medios de comunicación, Renfe, 112, Aena, Renfe...

Y por otro lado, las redes sociales que se han convertido en un poderoso altavoz para llegar a la ciudadanía. Eso sí. Desde las fuerzas policiales se pide mucha cautela y prudencia en este sentido debido al anonimato que puede acompañar falsos mensajes y respuestas y también por la protección en la identidad de esa persona.