URBANISMO CÁDIZ
La construcción ilegal toca techo
La Junta quintuplica el número de actuaciones contra el urbanismo clandestino
El litoral gaditano –ejemplificado en El Palmar– y las periferias de Jerez, Arcos, Barbate, San Roque, La Línea o Paterna son las zonas en las que repunta la infracción territorial
A pesar de todos los esfuerzos, desde la Fiscalía se constata «lamentables supuestos de dejación por parte de algunos Consistorios» que ya han sido denunciados por Ecologistas
Cádiz es, sin duda, la provincia que en la actualidad presenta más tensión urbanística por las actuaciones ilegales en suelo rústico . Con la entrada del nuevo Ejecutivo andaluz, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta hizo público la grave situación a la que se enfrentaba el urbanismo gaditano. El Gobierno autonómico cifró en cerca de 50.000 el total de viviendas irregulares repartidas por Cádiz ; 16.951 entre la Bahía y Jerez, 14.078 en las Serranías de Cádiz y Ronda, 6.841 en La Janda, 5.358 en la Bahía de Algeciras y 4.805 en la Costa Noroeste.
Un asunto que no se limita a la región y que exigía medidas urgentes, como la entrada en vigor del Decreto 3/2019 para ampliar la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO) que permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos con el objetivo de dar solución a más de 300.000 familias afectadas en Andalucía. Al mismo tiempo, la Junta anunció como prioridad la actuación inspectora y sancionadora que persigue poner fin a un mal considerado como «endémico» y que los anteriores gobiernos no lograron solucionar.
Seis veces más actuaciones que en 2018
La Inspección de la Consejería de Fomento ha optado por potenciar las medidas preventivas frente a las represivas y por una mayor presencia en el territorio del personal inspector logrando un incremento en las visitas y en la apertura de expedientes. Esto ha sido posible no solo a raíz de las denuncias recibidas, sino a partir de un diagnóstico del territorio efectuado mediante el detallado rastreo de nuevas edificaciones y construcciones detectadas en la ortofotografía digital disponible.
Tras el proceso de reestructuración e impulso de la Inspección a lo largo de la presente legislatura, en el año 2021 se han triplicado las actuaciones en materia de disciplina territorial y urbanística –se estima un incremento del 327% respecto a las actuaciones ejecutadas en 2018, último año del anterior Gobierno – en el territorio andaluz.
Progresivamente, en Cádiz el número de expedientes tramitados por Fomento para prevenir la aparición de irregularidades urbanísticas se ha sextuplicado en solo tres años debido a la especial problemática advertida.
Así, durante 2021 en la provincia se levantaron 395 actas de inspección, frente a las 15 de 2018; se tramitaron 187 expedientes de investigación, respecto a 94; se precintaron 84 edificaciones en construcción el seno de parcelaciones ilegales impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo rústico, en contraposición a las nulas actuaciones en aquel ejercicio en toda Andalucía; se incoaron 72 expedientes sancionadores, en lugar de tan solo 6; los procedimientos de protección de la legalidad frente las actuaciones ilegales pasaron de 0 a 20 en 2021; se impusieron 10 multas coercitivas, en vez de 1; mientras que fueron similares los informes a Juzgados y Tribunales: 10 en 2018 y 12 en el último año. En total, la Consejería de Fomento cifra hasta 780 actuaciones principales en solo un año. En 2018 se contabilizaron 126, esto supone un significativo incremento del 519% .
Otro de los indicadores a destacar de 2021 ha sido la tendencia de los infractores a llevar a cabo autodemoliciones . Así, en el último año se constató el derribo voluntario de, al menos, once módulos prefabricados en el término municipal de Vejer y una vivienda en Conil el pasado mes de octubre. Datos que evidencian que la labor de la Junta estaría dando sus frutos a la hora de concienciar a los propietarios de estos suelos, puesto que en años anteriores estas acciones no se producían.
A corto plazo, de acuerdo con los principios de programación y planificación por los que se rige la inspección, se está realizando un minucioso examen de la ortofotografía digital disponible y ya se están investigando nuevas actuaciones en otros municipios de la provincia que serán objeto de e xpedientes disciplinarios en 2022 .
Del mismo modo, desde la Junta esperan que la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía ( LISTA ) refuerce el papel de Fomento en la defensa de la legalidad territorial , permitiendo que la inspección actúe directamente –sin necesidad de justificar la inactividad de los Ayuntamientos– ante determinadas actuaciones que vulneran la ordenación territorial. Aun así, con independencia de las medidas adoptadas por la Inspección (preventivas y represivas) para el Gobierno autonómico resulta «imprescindible» despertar la sensibilidad ciudadana .
Las grandes operaciones de 2021
Dada esta tarea preventiva y de contención de la ilegalidad en los primeros estadios, en 2020 el servicio de inspección precintó 65 edificaciones en la provincia de Cádiz, dato que contrasta con el hecho de que en 2018 no se llevase a cabo ningún precinto. De nuevo, recientemente, la Consejería de Fomento constató que 14 de esas construcciones paralizadas, ubicadas en El Palmar , presentaban rotura de bridas y precintos procediendo a imponer sanciones adicionales por cuantías de hasta 24.483 euros cada diez días mientras que las viviendas no se pongan a disposición de la Junta para volver a ser precintadas y cesen los alquileres vacacionales y usos de los inmuebles. La cuantía de las multas propuestas a todos los que se están beneficiando de las ventas ilegales rozan en su conjunto los dos millones de euros .
Por su parte, en verano de 2021, la Inspección Urbanística procedió a precintar 35 parcelas de terrenos donde se estaban construyendo viviendas en suelo no urbanizable en La Línea de la Concepción-El Zabal Bajo –relacionadas con el narcotráfico– y en Arcos de la Frontera, abriendo e xpedientes sancionadores que propusieron multas por un total de 2.000.000 euros 600.000 , respectivamente.
En el segundo trimestre de 2021, la Inspección Urbanística Andaluza abrió diversos expedientes de disciplina en el Paraje de la Oliva (Barbate). Las parcelaciones se situaban en un ámbito de suelo rústico con parcelas incluidas en la zona de influencia del litoral (ZIL). Asimismo, todas las viviendas afectadas se encontraban dentro de la zona del Dominio Público Hidráulico del Arroyo de Mondragón, perteneciente a la demarcación del Guadalete-Barbate.
A finales de año, la Junta paralizó la construcción de una macrourbanización ilegal en suelo rústico en el paraje conocido como Ribera de La Oliva ( Barbate ) con 71 lotes de tres parcelaciones en plena construcción detectadas en tres grandes parcelaciones urbanísticas. Recientemente, la Inspección se ha dirigido de oficio al Consistorio para impedir el empadronamiento en muchas de las citadas edificaciones, aún en obras, en las que sus vecinos pretenden empadronarse con la única intención de eludir la actuación disciplinaria autonómica. Se trabaja actualmente en la incoación de más de 100 expedientes de disciplina territorial por cada una de las construcciones o edificaciones carentes de licencias que existen en las parcelaciones urbanísticas precintadas.
Estas actuaciones se enmarcan en el protocolo de intenciones en materia de disciplina urbanística suscrito el 1 de junio por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación con los Ayuntamientos de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, mediante el que se impulsaron líneas de cooperación y coordinación para atajar el problema ambiental, territorial y urbanístico provocado por la indisciplina en esta materia.
Principales focos: El Palmar y las periferias de Jerez, Arcos o Barbate
Según detalla la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, el transcurso de división, cambio de uso y consolidación del proceso urbanizador que la Inspección está detectando es muy rápido, debido a la generalización de la comercialización en portales inmobiliarios digitales de terrenos loteados y la oferta de construcciones prefabricadas. En el repunte actual de la infracción territorial , el peso de la iniciativa individual es muy inferior a la proyectada por grandes parceladores , que aprovechan la escasez de oferta legal de segunda vivienda y la alta demanda de espacio para el esparcimiento particular y se lucran con la venta de porciones de terreno rústico.
En este sentido, en la actualidad se están tramitando 24 expedientes por publicidad disconforme en relación con parcelas situadas en los municipios de Vejer, Barbate, Sanlúcar de Barrameda, Medina, Chiclana y El Puerto de Santa María. Con ello, se pretende poner fin a la venta mediante anuncios publicitarios de fracciones de parcelas de suelo rústico con finalidad urbanística.
El ámbito más conflictivo es el litoral, donde la provincia de Cádiz ofrece una disponibilidad de suelo rústico cercana al mar de la que carecen las otras regiones. Aquí, El Palmar (Vejer) aparece como principal exponente de una problemática con una dinámica arrolladora en tiempo y número. El atractivo del lugar, el progresivo abandono de la agricultura y el cambio generacional propician la especulación con los terrenos.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que en 2021 se detectan nuevos focos parcelatorios en este enclave, se han iniciado a final de año nueve acuerdos de inicio de procedimientos de protección de la legalidad frente a nuevas parcelaciones ilegales detectadas, con lo que la actuación de la inspección no cesa. No obstante, gracias a la contundencia de las medidas adoptadas, la actividad constructiva ilegal en El Palmar se ha ralentizado considerablemente en el último año, revirtiendo la preocupante tendencia.
Otros asuntos relativos al urbanismo ilegal gaditano se emplazan en las periferias de núcleos de población , en las que la demanda de terrenos para esparcimiento se ha visto catalizada por las restricciones a la movilidad intermunicipal. El modus operandi es similar; parcelación de fincas rústicas –que pierden su naturaleza agraria– y venta de cuotas que se traducen en porciones de terreno y en la construcción de edificaciones irregulares. En los alrededores de Jerez, Arcos, Barbate, San Roque, La Línea o Paterna de Rivera se han constatado una quincena de infracciones recientes por parcelaciones.
Del mismo modo, en zonas con una presencia anterior de numerosas viviendas como el entorno de Chiclana o La Oliva de Barbate , también se han hallado procesos muy recientes de parcelación urbanística que vienen a sumar un centenar de lotes en cada una de ellas. En el resto de la provincia resulta más frecuente la infracción por edificación aislada, particularmente en zonas con un parcelario muy dividido.
«Dejadez» de los ayuntamientos
A pesar de todas las estrategias para detener el avance del urbanismo irregular en la provincia, en la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2020 se denuncia que las administraciones locales se comunican «nada o muy poco» en temas de urbanismo delictivo. En el caso de los municipios de Cádiz se llega a mencionar « lamentables supuestos de dejación por parte de algunos Consistorios que permiten la inclusión en el padrón de las personas que afirman residir en esas viviendas, sin comprobar si ello es o no cierto».
Tal y como asegura David Moreno , miembro de Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana, desde 2018 y aunque hayan aumentado las inspecciones, «percibimos un crecimiento de las parcelaciones ilegales» . El grupo se muestra «desbordado» y remarcan que no pueden denunciar todo lo que ven «porque es un flujo constante, los profesionales de la construcción nos dicen que hay más movimiento que antes de la crisis de 2008».
Llegado a este punto, los activistas seleccionan las parcelas que denuncian, otorgándole una mayor prioridad a los terrenos especialmente protegidos o construcciones en zonas inundables. En muchos casos, estas denuncias se realizan en fase incipiente ya que una vez que se acelera la construcción «nadie puede pararla». En este sentido, en 2021, Toniza tramitó una decena de requerimientos de grandes parcelaciones en zonas verdes o inundables de Chiclana . Por ejemplo, en las proximidades del Arroyo de Ahogarratones. Pese a sus denuncias, «en la mayoría de los casos el Ayuntamiento no nos responde o lo hace tarde. El Consistorio asegura que no da abasto, nosotros le hemos dicho que pueden contar con nosotros, pero no tenemos respuesta».
Para Moreno sigue existiendo una «sensación de impunidad» . «Los ayuntamientos aseguran que abren expedientes sancionadores, pero habría que preguntarse ¿cuántos llegan hasta el final?, son muy pocos los casos de derribos. Si se hicieran en los casos más graves, la gente entendería la disciplina urbanística y serviría como medida disuasoria», argumenta.
En el caso de El Puerto de Santa María, se calcula que existen unas 5.000 viviendas ilegales dentro de las 46.000 contabilizadas en el municipio, más del 10% del total. Gran parte de ellas iban a ser regularizadas por el PGOU que fue finalmente ilegalizado en junio de 2021 por el Tribunal Supremo acusando al documento de «falta de integridad». Tras caerse el PGOU, «se están volviendo a levantar más viviendas ilegales en la ciudad» , revela Javier Ricoy , integrante de Ecologistas en Acción.
«Como el Ayuntamiento no se lo tome en serio, se le va a ir de las manos de nuevo», advierte señalando hacia zonas de especial protección por su valor natural en el Barranco, el Pinar de Coy o en el Corredor Verde. Para Ricoy, los consistorios, «escudándose en la falta de recursos, deciden no actuar contra el urbanismo ilegal». «En la política siempre se ha vivido con una total laxitud, por cuestión de votos o por empatía, pero rozan la prevaricación por no actuar» . Un caso similar se vive en Conil, municipio que cuenta con unas 25 familias con sentencia de derribo. Desde el Ayuntamiento tratan de regularizar todas las viviendas posibles mediante las nuevas normas urbanísticas decretadas por la Junta y siempre posicionándose «al lado de los afectados».
